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Un costarricense que trabajó varios años con Uber acudió a los tribunales de trabajo para reclamar a la empresa el pago de vacaciones, pólizas de riesgo de trabajo, aguinaldo, horas extra y cargas sociales. El resultado del proceso en primera instancia podría conocerse a finales de este mes.
La demanda se interpuso en abril del 2021 ante el Juzgado de Trabajo de Desamparados por un hombre de apellido Morales, quien alegó que la firma, con sede en San Francisco (EE. UU.), fue su patrono en Costa Rica por lo cual debió otorgarle una serie de derechos laborales propios de la legislación nacional.
La decisión que dicte el juez, prevista para el 29 de marzo, determinaría si la firma vulnera derechos de 28.000 socios colaboradores locales ligados a los servicios Uber y Uber Eats, al no reconocer la existencia de una relación laboral.
Ante una consulta de La Nación, Uber Costa Rica respondió que sus socios dan servicios bajo las reglas de la legislación comercial.
“Los socios colaboradores utilizan la app en calidad de prestadores de servicios independientes bajo las disposiciones del Código de Comercio, y por ello pueden conectarse a la plataforma cuándo, cómo y dónde lo deseen, sin turnos, zonas, ni requisitos de exclusividad establecidos, prestando su servicio a los usuarios”, declaró Uber en una breve respuesta por escrito.
Para los abogados de Más Legal Asesores, bufete que representa a Morales, Uber utiliza una figura mercantil para, supuestamente, ocultar algún vínculo con los trabajadores en nuestro país.
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Según los documentos aportados dentro del expediente, Uber opera en Costa Rica mediante varias sociedades con las cuales conforma un grupo de interés económico. Las empresas, que comparten representantes legales, rechazan formar parte de un grupo o ser dueñas de la plataforma mediante la que funciona la compañía de transporte y entrega de comidas, por lo tanto, afirman, no podría ser demandadas.
El 15 de febrero del 2018, el representante internacional de la empresa Uber International Holding B V, Julien Pierre Jacques Cordonier, constituyó un fideicomiso en Costa Rica llamado “Fideicomiso de administración y custodia Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común S. A. - Stratos Fiduciaria 2018″.
Bajo esa figura, una sociedad costarricense denominada “el club”, y propiedad de Uber International Holding B V, puso a disposición de conductores, usuarios y del propio Uber, los beneficios de ser accionistas de un capital de 1.000 acciones de un colón cada una para recibir los frutos de ingresar a la aplicación y automáticamente ser miembros de una “comunidad de autoabastecimiento” de necesidades de movilidad.
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El reclamo
“Bajo ese esquema de fideicomiso, el cual es propio del derecho mercantil, se da una apariencia de legalidad con la que se encubre la verdadera relación de trabajo entre Uber y los conductores quienes reciben un salario, que prestan un servicio y que están subordinados a un patrono”, manifestó David Delgado Cabana, de la firma Más Legal Asesores.
Al tratarse de una figura del derecho civil, agregó el abogado, Uber se libra así de pagar cargas sociales, pólizas de riesgo de trabajo, aguinaldo, vacaciones y horas extra, entre otros extremos laborales.
Para el bufete que representa al exconductor, de esa manera la empresa diseñó una estructura para evadir responsabilidades y evitar que sus conductores reclamen derechos.
Por ejemplo, el fideicomiso únicamente fue diseñado para registrar los usuarios que entran o salen de la aplicación y detalla que la administración de esta última pertenece exclusivamente a Uber International Holding B V (localizada en el Reino de los Países Bajos), sin domicilio en ningún otro país.
Así, los ingresos por los servicios de movilidad son pagados directamente por los socios mediante tarjetas bancarias. Luego, el dinero llega hasta un banco en Europa y, desde ahí, se hacen transferencias internacionales a los conductores quienes reciben un porcentaje asignado unilateralmente por Uber.
