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La planta privada P.H. Río Segundo, en Bajos del Toro, Alajuela, cerró sus instalaciones este domingo obligada por la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de no comprarle electricidad.
El cierre es por un tiempo indefinido, confirmaron sus propietarios Eduardo y Roberto Kopper.
Según explicó el primero, el Instituto decidió no renovar el convenio para adquirir la energía de esta planta, valorada en $4 millones y de 1,1 Megavatios (MW) de capacidad instalada.
Con el cierre se redujo al 25% la jornada laboral de 12 trabajadores, añadió el empresario.
Esta es la tercera instalación de los hermanos Kopper que apaga turbinas. En setiembre pasado, ocurrió lo mismo con las hídricas Poás I y II, en San Pedro de Poás, valoradas en $7 millones.
Sin embargo, ya suman seis las plantas privadas de energía limpia sin contrato con la empresa pública, que importa energía térmica de Centroamérica cinco veces más cara.
Aparte de esas instalaciones, han parado operaciones la eólica PESA (Planta Eólica Sociedad Anónima), en Tilarán, Guanacaste; y las hidroeléctricas Don Pedro (San Miguel de Sarapiquí) y Volcán (Poás); ambas en Alajuela.
Dos más se sumarían, una este año y la otra en el 2022, informó la Asociación de Productores de Energía (Acope).
“Les di la noticia el sábado. Fue un ambiente de total solidaridad por tantos años juntos y la mayoría buscarán qué hacer por tres meses, mientras vemos cómo podemos hacer para levantarnos.
“Varios de ellos nos pidieron cartas y certificaciones para ir a bancos a pedir moratorias por préstamos”, comentó Kopper.
El empresario indicó que la planta Poás I opera al 40% de su capacidad de funcionamiento luego de incursionar, a la fuerza, en el negocio de las criptomonedas, el cual demanda un uso intensivo de energía.
Sin embargo, Poás II sigue apagada.
“Con minería de criptomonedas logramos levantar al 75% la jornada de 12 trabajadores en Poás, desde abril. Pero ese grupo venía con 25% de la jornada desde hacía seis meses”, explicó Kopper, quien ha procurado evitar despidos.
Los empresarios no tienen otra salida debido a que la ley que los autoriza a producir energía (Ley 7200) es restrictiva, al establecer que solo le pueden vender al Instituto, el cual maneja los contratos a discreción.
Los particulares tienen prohibido vender a terceros dentro o fuera de Costa Rica.
Para modificar esa situación se requiere de una reforma por parte de la Asamblea Legislativa, como confirmó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.
Cinco veces más dinero
Eduardo Kopper se declaró decepcionado de las autoridades de Gobierno por no facilitar ninguna opción para que los generadores privados puedan exportar energía a Centroamérica.
Desde febrero, la administración de Carlos Alvarado anunció la intención de enviar un plan de ley que les permita a los empresarios que queden sin contrato con el ICE, colocar su energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER).
A la fecha, no se ha dado a conocer que el proyecto haya llegado al Congreso.
Mario Alvarado, director de la Asociación de Productores de Energía (Acope), recordó que han hecho esfuerzos para que el Poder Ejecutivo intervenga y propicie una salida legal que permita aprovechar esa energía barata que generan los privados e impida más cierres de plantas.
De hecho, Kopper calificó de “increíble” que se detengan plantas limpias en Costa Rica mientras crecen las importaciones de electricidad térmica (generada a base de hidrocarburos) desde ese mismo mercado.
“Es inaudito. Firmamos con el ICE una carta de intenciones que prefirieron no activar para venderles el kilovatio hora a $0,02 para mantener nuestras operaciones pero, en vez de aprovechar el precio, han importado a un precio cinco veces mayor’, se quejó.
El ICE confirmó la semana anterior, en un comunicado de prensa, que gastó $627.091 en la importación desde el MER de 6,2 millones kWh de electricidad generados en plantas térmicas centroamericanas, lo cual equivale a un precio de $0,10 por cada kWh.
Sin embargo, Marco Acuña Mora, gerente de Electricidad del ICE, firmó el 15 de setiembre con los hermanos Kopper una carta de intención para comprarles en época seca energía a un costo de $0,02 cada kWh.
El monto pactado en dicha carta era por $95.000 lo cual equivalía al 20% del monto históricamente pagado a estos empresarios, conforme el contrato que estaba vigente para sus plantas Poás I y II que expiró en setiembre.
Al final, confirmó Kopper, el ICE nunca puso en marcha ese acuerdo.
“Esperamos que el presidente de la República accione con una visión de largo plazo y de Estado, para no seguir apagando más plantas de energía renovable y con precios competitivos” señaló Alvarado por parte de Acope.
