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La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) solicitaron al gobierno exonerar a los nómadas digitales del requisito de apostillar documentos, pues consideran que es un trámite “innecesario” y “desproporcionado”.
Pedro Beirute Prada, gerente de Procomer, y Jorge Sequeira Picado, director de Cinde, plantearon la necesidad de suprimir el requerimiento cuando se trate de nacionales de ciertos países y “cuya determinación bien puede ser fijada por la vía de una resolución administrativa emitida por la autoridades de Migración y Extranjería”.
Prada y Sequeira expresaron sus inquietudes en una carta enviada, el pasado 28 de febrero, a los ministros de Seguridad, Michael Soto, y de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero, en la que también urgieron la publicación del reglamento que regirá la aplicación de la Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter Internacional.
Alegaron que el hecho de exigir un documento apostillado que pruebe el nacimiento de los hijos del trabajador remoto, no parece ir acorde con la Convención para la Eliminación del Requisito de Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros, a la cual Costa Rica está adherida.
Los jerarcas consideraron que semejante requerimiento podría constituirse en un mecanismo disuasorio para eventuales interesados en obtener la categoría migratoria de nómada digital. En su lugar, señalaron que la declaración jurada es un mecanismo de simplificación de trámites válido.
“La figura podría ser totalmente aplicable y serviría para no caer en la necesidad de solicitar documentos apostillados a los solicitantes, no solo porque no existe obligación legal expresa para ello, sino también por lo desproporcionado e innecesario que podría resultar este requisito”, sostuvieron.
El artículo 10 de la nueva ley pide al visitante una prueba apostillada de ingresos o remuneración mensual. Consideraron que esto podrá cumplirse con la presentación de estados de cuenta bancarios que respalden el ingreso necesario o a través de otros medios de prueba que sean indicados por la vía reglamentaria.
“No resulta jurídicamente procedente exigir que dichos documentos sean apostillados o legalizados, no solo por la imposibilidad material de hacerlo (tal como es el caso de los estados de cuenta bancarios), sino siguiendo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y criterios técnicos”, manifestaron.
Al respecto, Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y promotor de la ley sobre nómadas digitales, sostuvo que el apostilladono no tiene sentido debido a que hoy, cualquier visitante extranjero que entra con visa de turista, puede quedarse hasta 90 días con solo ese documento.
Benavides recordó que en la actualidad si la persona requiere extender la estancia, solo debe salir un par de días a algún país fronterizo y luego regresar a Costa Rica, donde puede quedarse otros 90 días sin requisitos ni apostillar nada y con absoluta incertidumbre jurídica.
Reglamento atrasado
El ICT, Procomer y Cinde consideran que la nueva ley es una oportunidad para incentivar la economía, pero que la falta del reglamento impide atraer al país un mercado emergente de visitantes compuesto por profesionales que usan las nuevas tecnologías de telecomunicaciones para trabajar desde donde sea.
Se calcula que cada trabajador de este tipo que instale su “oficina” en Costa Rica podría inyectar a la economía unos ¢15 millones por semestre, según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Dicha ley indica que el reglamento respectivo debía ser emitido en octubre del año pasado; sin embargo, todavía no se ha concretado. El pasado 1.° de marzo, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reclamó por el “retraso injustificado” en la emisión de la norma.
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La ley establece condiciones especiales para ese tipo de turistas, como un permiso para estar en el país por un año y que pueden prorrogar por otro más. Actualmente, se extienden permisos por 90 días y se deben renovar.
Además, brinda facilidades para abrir cuentas bancarias y para internar equipo de cómputo, aunque exige un nivel de ingreso mensual mínimo de $3.000 individual y $4.000 en familia y contar con un seguro médico.
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La emisión del reglamento quedó a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), conforme con lo establecido en la ley, que se aprobó en segundo debate el 13 de julio del 2021 y fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el 11 de agosto de este año.
La DGME también debe emitir las visas para los nómadas digitales y, eventualmente, sus familias, por lo cual debe realizar algún tipo de reajuste administrativo y en sus sistemas. La prórroga por un año adicional también se tramita en esa institución.
