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La posibilidad de pedir voluntariamente el QR a los clientes a cambio de operar a la capacidad máxima, sería acogida por pocos establecimientos por los “enredos” y costos que implica, afirmaron voceros del sector comercial y de restaurantes.
A partir de este miércoles 1.° de diciembre, el Gobierno ofreció a los dueños de locales la opción de pedir el QR para verificar la vacunación completa contra la covid-19 a cambio de subir el aforo permitido hasta hoy. Quienes no lo soliciten, podrán seguir al 50% de capacidad.
Dirigentes empresariales creen que se impondrá lo segundo.
Elliot Campos, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), cree difícil que 30% de locales de ese sector hagan la revisión porque es una medida “sin mucho sentido” en sitios pequeños o de bajo tránsito de personas.
“El QR en una discoteca tiene todo el sentido, pues les permite competir contra las fiestas clandestinas que aparecieron justo por los cierres de discotecas y conciertos. En esos casos sirve porque brinda seguridad en lugares cerrados y concurridos, pero en restaurantes, sodas, tiendas y otros es más costo y enredo”, explicó.
Según su experiencia y las manifestaciones de afiliados, establecimientos medianos o pequeños ya piden a las personas uso obligatorio de mascarilla y, cuando se llena el punto de venta, suelen dejar clientes haciendo fila en la calle mientras salen otros.
Por su parte, Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio, declaró que “lamentablemente” se ha perdido el diálogo con las autoridades en el tema de la aplicación del QR.
Para el comerciante, locales pequeños carecen de condiciones o recursos para realizar la verificación tal y como se solicita. Rosabal aseguró que han buscado, sin éxito hasta ahora, una reunión con las autoridades para sugerir otros estilos de revisión más ágiles y económicas.
La posibilidad de aforos al 100% si se pide el QR, fue una decisión tomada el 18 de noviembre por el Gobierno luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda frenara la obligatoriedad del código QR mientras resuelve un reclamo de empresarios turísticos contra esa medida.
“Las medidas se mantienen como lo hemos anunciado, tanto en su ejecución, como el acatamiento de la medida cautelar, que está en suspenso. Los ingresos son voluntarios, sujetos al derecho privado”, declaró este martes el presidente Carlos Alvarado.
Una discoteca sí
Un recorrido de este diario por el centro de San José reveló que, durante la mañana y hasta el mediodía de este miércoles, ningún comercio estaba solicitando el QR en el primer día de la “aplicación voluntaria”, según el anuncio del Ejecutivo.
Uno de los pocos sitios que sí prevé aplicarlo es la discoteca y restaurante Karaoke 88 en San Pedro de Montes de Oca. Sus encargados, que prefirieron no identificarse, dijeron que lo harían a partir de las 6 p. m. porque hoy podrán reabrir la discoteca al cabo de un año sin actividad. En su caso, pedir el código les permitirá operar al 50% de su capacidad.
“Hay mucha incertidumbre. El Gobierno ha desacatado una orden de un juez y han querido imponerlo. En realidad no hay nada voluntario. Es todo muy contradictorio porque el mensaje a los comercios es que, para trabajar al 100% del aforo, hay que pedir el QR. Entonces no es voluntario porque se condiciona al establecimiento”, explicó José Francisco Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares).
Entretanto, el vocero de Cacore consideró que aplicar el QR implica gastos en la compra de una tableta o teléfono para hacer la revisión, porque la legislación nacional impide a los patronos pedir a sus empleados emplear sus teléfonos o tabletas.
Para él, la mayoría de restaurantes (calcula entre 70% y 75%) optarán por seguir con aforos reducidos en vez de rotular sus ventanas con letreros estilo “negocio al 100% de aforo” para alejar inspecciones que podrían incomodar a clientes y propietarios de locales.
“¿Qué pasa si llega alguien a una soda y ahí le piden el QR pero la persona no desea mostrarlo o no lo tiene? Ese cliente, hoy, puede negarse con el argumento de que hay un mandato de un juez para no aplicarlo. ¿Ahí qué? ¿hay entonces que echarlo?”, comentó Campos.
En criterio de Quesada, solicitar el QR más bien le abre la puerta a “abusos de autoridad” de los inspectores y entes a cargo de las revisiones en los locales donde sí se decida aplicar al 100%.
