El Concejo Municipal de Cartago acordó por unanimidad investigar los manejos financieros de la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec), debido a su alto endeudamiento y presuntas irregularidades ligadas a proyectos.
La decisión se tomó en la sesión del martes en la noche y tuvo apoyo total al aprobarlo así los siete regidores.
Uno de los hechos que pesó para indagar es que la Junta Directiva de Jasec ha desatendido diferentes convocatorias para dar explicaciones ante el máximo órgano del gobierno local.
Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago, confirmó la integración de una Comisión Especial para investigar varios hechos y esclarecer la situación real de Jasec, así como plantear soluciones en un plazo de seis meses.
“Venimos con preocupación porque sentimos que Jasec no rinde cuentas a la población cartaginesa como debería hacerlo. Queremos saber en qué se ha venido gastando el dinero pues Jasec no es un feudo de absolutamente nadie; es patrimonio de los cartagineses y estos tienen pleno derecho a conocer qué ha pasado”, aseveró Redondo.
Jasec se constituyó con la Ley No. 3300 del 16 de julio de 1964 para administrar la distribución eléctrica del cantón central de Cartago. El Concejo Municipal de ese cantón nombra directamente a algunos de los directivos de la Junta conforme esa ley.
De acuerdo con la moción aprobada este martes, los últimos estados financieros de la Junta revelan que el total de pasivos (todas sus deudas) representa el 67,8% de sus bienes; solo el 32,1% de sus activos son patrimonio.
Asimismo, señaló, acumulación de deudas bancarias por $150,9 millones y ¢16.115,4 millones a abril del 2020. Esto equivale a un endeudamiento por ¢108.100 millones, de los cuales el 85% está en dólares.
Ante consultas de La Nación sobre la intención de los regidores de investigar, Jasec respondió que cumplía con toda la normativa que le corresponde como entidad regulada.
Considera además, que esta moción puede tener distintas connotaciones, “entre ellas el tinte político normal de un año electoral”.
Finalmente, la entidad rechazó los señalamientos por ausencia de rendición de cuentas que hizo el gobierno local.
“Lo que ha ocurrido es que la Municipalidad de Cartago aún no le ha indicado a Jasec los temas detallados y la información que requieren, esto a pesar de que así se les ha hecho ver. Esto es importante para que cualquier reunión que se realice sea efectiva y con la información pertinente a la mano”, indicó Dagoberto Quirós Navarro, vocero de Jasec.
Negocios
Entre los hechos que el Concejo quiere investigar también están los negocios o proyectos de Jasec.
Uno, se relaciona con un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de 2017, el cual alertó entonces de altísimas posibilidades de que Jasec sufriera millonarias pérdidas en el negocio de fibra óptica que lanzó en el 2015, debido a debilidades en sus proyecciones de rentabilidad.
En ese sentido, agrega el Concejo, el balance financiero revela que para el 2020 este negocio reportó a Jasec pérdidas por ¢949,20 millones, con gastos financieros (deuda) por ¢1.480,26 millones, mientras que la utilidad operativa (sin contemplar erogaciones o ingresos financieros) cerró en ¢385 millones el año anterior.
Otra pifia financiera habría resultado de la firma, en enero del 2014, de un contrato entre Jasec y la Municipalidad para la prestación de servicios de tratamiento de aguas residuales y disposición final para la red de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartago.
Aquel documento, según la moción, se firmó sin que se estableciera la viabilidad económico-financiera del convenio y sin un estudio de prefactibilidad previo “y mucho menos un estudio de factibilidad, que garantice la óptima utilización de fondos públicos”.
Esa iniciativa podría costar $5,1 millones (unos ¢3.121 millones;, sin embargo, Jasec ya informó a la Municipalidad de Cartago que carece de capacidad financiera y flujo de caja suficiente (dinero en efectivo) para continuar con este proyecto. Actualmente, se negocia para finiquitarlo, conforme el oficio GG-1052-2020 del 5 de noviembre del 2020.
Contratación a dedo
Otro hecho que se tomó en consideración fue una orden girada a Jasec e ICE por la Contraloría General de la República, en el 2019, mediante el oficio 18675-2019 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
Específicamente, el órgano contralor instruyó anular un millonario contrato que esas instituciones dieron a dedo en 2011, a una empresa constituida por exempleados del mismo Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Se trata de Consultores en Infraestructura GIP Ltda., fundada en 2005 por cinco exfuncionarios del ICE con la intención de ofrecer servicios como unidad ejecutora de proyectos de infraestructura eléctrica, entre otros.
GIP fue contratada de forma directa, sin mediar concurso, para ser la unidad ejecutora de la Planta Hidroeléctrica Toro III, ubicada en Marsella de Venecia, San Carlos, e inaugurada en abril del 2013.
No obstante, como señaló la Contraloría, la adjudicación incumplió “los principios de la contratación administrativa violentando: la libre concurrencia, el principio de igualdad de trato entre oferentes y la asignación de ventajas indebidas a GIP Ltda. por parte de los fideicomitentes”.
Hasta el año pasado, esa firma acumulaba pagos por $4,4 millones.