La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) podría solicitar este mes un alza extraordinaria a los combustibles la cual persigue recaudar al menos ¢4.600 millones; monto que busca compensar distintas afectaciones hasta ahora derivadas de la huelga contra la reforma fiscal.

Así lo confirmó Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, luego de declaraciones que brindó el jerarca de Recope, Alejandro Muñoz, este martes a Radio Columbia.

Muñoz reportó pérdidas por daños y otros inconvenientes por alrededor de ¢4.600 millones en solo en el plantel de Moín (Limón); uno de cuatro planteles de distribución que posee la entidad. No obstante, quedan otros gastos todavía por cuantificarse, aclaró el área de prensa de la Refinadora.

Recope cubre sus gastos, inversiones y otras erogaciones únicamente mediante ajustes en las tarifas de combustibles.

Rodríguez, por su parte, explicó que este miércoles se espera contabilizar el costo de todas las afectaciones hasta el momento como, por ejemplo los sabotajes al poliducto de Recope, los daños a las esferas con gas de cocina de Moín y el apagado de las calderas de asfalto.

Recope puede solicitar cada segundo viernes de mes un aumento extraordinario en los precios de los carburantes en Costa Rica cuando variables como el tipo de cambio del dólar o alzas de precio internacional de los productos importados así lo impongan.

El próximo pedido de ajuste será este viernes 12 de octubre pero, por ahora, no está claro si la entidad trasladará a los consumidores los gastos ese día o los presentará en su solicitud de ajuste ordinario (que se plantea una vez al año solamente), la cual Recope aún está pendiente de remitir a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para cubrir sus actividades en el 2019.

Daños

Entre los costos que ahora los consumidores pagarán debido al movimiento de protestas, hay varias actividades ilícitas bajo investigación judicial.

Por ejemplo, 17 de setiembre alguien abrió un orificio con broca en el poliducto, lo cual ocasionó un derrame de diésel sobre la Ruta 1 (Bernardo Soto) en El Coyol de Alajuela. Recope sospecha de personal de esa entidad debido a que el ataque requiere de conocimiento especializado de esa infraestructura.

En el caso de las esferas de gas (localizadas en el plantel de Moín), el sabotaje ocurrido el 12 de setiembre y consistió en romper un panel eléctrico para control de estas esferas; así como la remoción de piezas en su sistema de manejo hidraúlico.

Respecto a las calderas de asfalto, alguien las apagó (algo que nunca se hace), lo cual hizo que el producto se endureciera dentro de estas al punto que se interrumpió su suministro por tres semanas.

Esto, según la Cámara Costarricense de la Construcción, provocó el despido de 300 personas por parte de empresa dedicadas a obras viales que, sin asfalto disponible, detuvieron labores.

A eso se suman gastos adicionales de Recope por medidas de contingencia y tardanzas en el suministro de carburantes en general debido a que, por al menos 10 días, la entidad sólo vendió combustibles en el plantel de El Alto (Ochomogo) mientras los huelguistas mantuvieron bloqueos en los planteles de Barranca (Puntarenas) y La Garita (Alajuela).

La presencia de manifestantes en estos lugares durante varios días afectó la distribución de combustible a las estaciones de servicio, especialmente en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas.