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La Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo a varias personas para determinar presuntas irregularidades en el manejo de un fondo de contigencias fiscales por parte del ICE y la empresa Cable Visión S. A., adquirida en el 2013.
La investigación se sigue a cuatro exdirectivos de la cablera y a un abogado de la División Jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), bajo el expediente CGR-PA-2020004639, según el Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda Pública de la CGR.
Entre los exdirectivos de Cable Visión, están Jaime Palermo Quesada, que además era gerente de Telecomunicaciones del ICE; una mujer de apellidos Gamboa Ureña, quien fungió como directora de Operaciones de la cablera, y otro individuo de apellidos Bogantes Madrigal, quien laboraba en el Area de Planificación y Mercadeo de esa empresa.
Ninguno de ellos tiene actualmente vínculos con el ICE ni con la cablera, que dejó de operar.
También incluye a un trabajador de apellidos Arguedas Benavides, quien actualmente se desempeña como director de Negocio de Distribución y Comercialización de la Gerencia de Electricidad del Instituto y otro de apellidos Gómez Rodríguez, de la Dirección de Relaciones Regulatorias de la División Jurídica en esa misma institución.
A todos, la CGR les definió como fecha de comparecencia el 26 de noviembre.
El procedimiento administrativo es el paso que sigue a la investigación preliminar. Su propósito es llegar a la verdad real de los hechos, luego de hallar elementos de posibles irregularidades. De este, se pueden derivar sanciones como inhabilitación para ejercer cargos públicos y, de confirmarse responsabilidad patrimonial, la CGR puede ordenar al ICE la recuperación de dineros públicos.
El procedimiento administrativo contra estas personas aclararía una aparente irregularidad señalada en un informe de la CGR del 2018, relacionada con las reservas monetarias de Cable Visión para atender contingencias tributarias.
Según el documento, a diciembre del 2013, Cable Visión tenía $4,1 millones para contingencias fiscales. La entonces Gerencia de Telecomunicaciones del ICE pactó con los anteriores dueños de la cablera devolverles ese dinero cuando prescribiera el plazo de 10 años del contrato de compraventa.
Sin embargo, la CGR descubrió que tales contingencias fiscales podrían haber resultado de declaraciones de impuestos sin apego a la realidad económica y legal de la cablera.
Para la Contraloría, el ICE, en calidad de ente público y socio único de Cable Visión, debió haber rectificado dichas declaraciones de impuestos de su nueva subsidiaria de manera inmediata, luego de la compra.
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Antecedentes
Esta eventual irregularidad, sin embargo, es uno de muchos señalamientos en torno a la adquisición por parte del Instituto de esa empresa.
El ICE compró Cable Visión en diciembre del 2013 por un monto de $12,3 millones. Para ese entonces, ya presentaba deterioro financiero, el cual, al cabo de un año, ocasionó pérdidas “riesgosas” para la Hacienda Pública representada en las finanzas del ICE, señaló la Contraloría en informe de junio del 2018.
Así se refirió al salvavidas financiero que el Instituto comenzó a lanzarle desde el 2014 y que, para el 2017, llegó a sumar ¢23.000 millones.
Para la Contraloría, Cable Visión se constituyó en una empresa “patrimonialmente deteriorada”, pues en vez de fortalecer el negocio del Instituto, dejó pérdidas por ¢5.534 millones en ese mismo periodo. Esa pérdida equivalía al 48% de su patrimonio.
La adquisición también está en proceso de investigación. Como parte de la pesquisa, en julio pasado, el ICE separó del cargo por tres meses a la directora de Innovación y Estrategia de Negocios de Telecomunicaciones.
La funcionaria, de apellidos Picado Duarte, ha estado desde el 2013 a cargo del área responsable de elaborar los “casos de negocio” en Telecomunicaciones, los cuales consisten en análisis y valoraciones de información técnica y financiera para tomar decisiones tales como la adquisición o venta, o cualquier otro giro del negocio.
En diciembre del 2018, la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, había anunciado que el Instituto estudiaba posibles acciones legales por la compra de Cable Visión y aseguró que no dudaría en tomar “decisiones fundamentadas y respaldadas y ejecutar las acciones en las vías que correspondan, sean administrativas o judiciales”.
Con esa intención, llevó los hechos a la Fiscalía para que determinara si la adquisición pudo haber constituido un delito. Desde aquel momento, además, el área de Telecomunicaciones del ICE absorbió las operaciones de la cablera y, seis meses después, en julio del 2019, comenzó el despido de 220 empleados de la subsidiaria, para cerrar su operación.
