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La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó al regulador general, Roberto Jiménez Gómez, por ordenar cambios sustanciales en la estructura interna y labores de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) sin someterlos a consideración de la Junta Directiva.
El 12 de febrero anterior, la CGR solicitó información mediante el oficio DFOE-AE-0082 donde se le informa a Jiménez y los otros tres directivos de la Aresep de la apertura de una auditoría sobre cumplimiento de buenas prácticas en políticas de gobierno corporativo en esa entidad.
Se llama gobierno corporativo al conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de una organización; incluida la relación de sus directivos con el resto de la entidad.
El mensaje de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR pide a Jiménez responder si la Junta Directiva, la cual él preside, ha discutido temas y tomado acuerdos sobre gobierno corporativo. De ser así, le solicita suministrar actas y acuerdos existentes.
Los directivos Sonia Muñoz Tuk y Jorge Blanco Roldán, sin embargo, aseguran que el tema no se discutió en Junta ni se han tomado acuerdos al respecto. La otra directiva, Ana Lorena León Marenco, se abstuvo de pronunciarse.
“En ninguna sesión, la Junta Directiva se ha discutido el tema al cual hace referencia la Contraloría, ni adoptado acuerdos. Solamente se hizo una presentación del Mapa de Procesos Institucional en dos sesiones el año pasado, pero sin decidirse nada. No podemos referirnos más por el proceso de auditoría en curso”, indicaron Muñoz y Blanco en un documento en respuesta a La Nación.
La auditoría del órgano contralor se enfoca en la Circular N.° CI-009-RG-2020 que Jiménez divulgó el 24 de setiembre y que consiste en un documento de 18 páginas titulado “Comité Gobierno Corporativo”.
El escrito se remitió a 23 personas en distintos puestos jerárquicas de Aresep, pero, aparentemente, no llegó a los directivos.
La Nación envió consultas al regulador sobre los acuerdos y la difusión, pero declinó referirse.
“La Contraloría, como parte de su trabajo ordinario nos efectúa una auditoria de buenas prácticas institucionales en esta materia tal y como la ha efectuado a múltiples instituciones anteriormente”, se limitó a responder mediante la oficina de prensa.
Según dijeron, sería el próximo martes cuando el asunto de la circular se sometía a discusión en Junta.
Cambios
En su circular de setiembre, el regulador propone una serie de cambios “en las labores estratégicas” con el objetivo de “humanizar la gestión regulatoria”. Según dijo, estos resultaron de la aprobación de un mapa de procesos.
“Tenemos un nuevo objetivo institucional: construir estructuras horizontales, sencillas y flexibles; así como propiciar el trabajo en equipo y facilitar la medición de resultados en las unidades organizacionales”, expresó en la comunicación.
Para conseguir esos ajustes, anunció la conformación de un comité de gobierno corporativo integrado por varios de sus asesores y coordinado por su despacho con participación del Departamento de Comunicación Institucional y la Dirección General de Estrategia y Evaluación.
Este comité, según el texto de la circular, tendrá como función principal brindar “seguimiento, planificar y desarrollar los ejes de trabajo establecidos en este lineamiento, así como trabajar en el proceso de institucionalización de dicha agenda, bajo una amplia coordinación interna y externa con las instancias que lo requieran”.
Entre las consultas que planteó la Contraloría a Jiménez están si la definición del mapa de procesos y la conformación del comité de gobierno corporativo se conoció en Junta Directiva y si esta emitió algún lineamiento o directriz específica.
En caso de ser así, agrega la Contraloría, debe suministrar las actas en las que dicho órgano colegiado conoció de ambos asuntos.
El tema pareciera ser uno más en la lista de diferencias al seno de la Junta de la Autoridad Reguladora.
Como publicó La Nación este miércoles, los directivos solicitaron a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) investigar si Jiménez habría incurrido en alguna falta al deber de probidad, al no informarles de la tramitación en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley 22.064, que pretende reformar los artículos 31 y 82, así como adicionar un transitorio a la Ley de la Aresep.
Este plan permitiría que las tarifas que pagan los usuarios de servicios de luz, agua, combustible, taxi y otros nutran una gran bolsa para costear millonarias demandas presentadas por autobuseros contra Aresep, quienes reclaman ser indemnizados por errores que cometió esa entidad en la fijación de tarifas de buses.
La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso lo consultó al regulador general, Roberto Jiménez sobre el proyecto, y este dio su aprobación por escrito en el oficio OF-0888-RG-2020 del 24 de setiembre.
