Sin planificación y sin metas claras, así invierte Japdeva los fondos públicos destinados para el desarrollo de la provincia de Limón.

El señalamiento consta en la más reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR), sobre los programas sociales que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) debe desarrollar en el Caribe, según su ley orgánica.

Los resultados se revelan a poco tiempo de que esa institución comience a utilizar los fondos provenientes del canon de concesión que paga la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), operada por la empresa APM Terminals.

“Se determinaron debilidades en la identificación de actividades y zonas prioritarias en las que se direccionan los recursos para desarrollo que ejecuta Japdeva, dada la inexistencia de criterios de priorización, así como a la ausencia de metas e indicadores que permitan asegurar el impacto que genera cada programa”, indica el informe.

Japdeva acumula en sus cuentas ¢2.650 millones por ese concepto, y según la misma entidad, muy pronto harán uso del mismo para diversas actividades de desarrollo de la región, pero sin detallar cuáles.

El contrato de concesión establece que APM Terminals debe depositar mensualmente a Japdeva, el 7,5% de los ingresos brutos del megapuerto.

La firma portuaria holandesa calcula que anualmente traspasará a la institución pública cerca de ¢12.0000 millones correspondientes al canon.

Al cabo de 30 años, Japdeva habría recibido cerca de $1.000 millones por la concesión del megapuerto.

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Poca transparencia

El órgano contralor además señaló problemas de transparencia por parte de la empresa portuaria estatal, pues no ha definido una estrategia para la divulgación, seguimiento y mejora en los programas y proyectos que ejecuta.

“La aplicación de buenas prácticas en la gestión de programas y proyectos resulta imperativa no solo para el manejo de los recursos actuales para desarrollo, sino que recobra importancia previo al uso de los recursos provenientes del canon por la explotación de la concesión producto de la entrada en operación de la TCM, recursos que deben ser destinados en su totalidad al desarrollo de la Vertiente Atlántica”, advierte la auditoría.

La Contraloría ordenó a la institución implementar una política para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia en la gestión de programas y proyectos de desarrollo.

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Distribución de recursos

Aunado a los problemas de gestión y transparencia con los proyectos de desarrollo, el ente contralor señaló que la entidad portuaria no considera las necesidades de los cantones al momento de hacer la distribución de recursos.

“Los cantones con menor Índice de Desarrollo Social no fueron los cantones a los cuales se les asignaron mas recursos para el desarrollo”, indica la auditoría.

Talamanca es el cantón limonense con menor índice; sin embargo, Japdeva apenas destina el 11% de los recursos que dispone. Entretanto, Pococí, el cantón con mejor índice, recibe el 22% de la inversión social.

Crisis financiera

El llamado de atención también llega en momentos en que Japdeva encara una crisis financiera y debe resolver la situación de unos 800 empleados, obligada a cambiar su negocio con la operación del megapuerto.

El contrato de concesión establece que los recursos provenientes del canon no pueden utilizarse para el pago de salarios en Japdeva, por lo que el Gobierno deberá inyectar fondos para cumplir con esas obligaciones.

La entidad necesita ¢2.500 millones mensuales para el pago de la planilla, mientras traslada o liquida el personal que tiene de más la institución.

Con la entrada en funcionamiento de la TCM, Japdeva perdió el 70% de la carga comercial que antes gestionaba, por lo que su personal portuario únicamente está a la espera que lleguen las pocas embarcaciones que ahora atienden.

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