EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) impuso 20 días de suspensión sin goce de salario a Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), por la contratación irregular de abogados externos a la institución.
Chacón fue nombrada por el Consejo de Gobierno hace tan solo 20 días, el pasado 8 de mayo, en sustitución de Mónica Araya, quien fue destituida por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de forma sorpresiva. La suspensión contra la nueva jerarca del INS consta en el oficio DJ-0966, emitido este 28 de mayo. El procedimiento disciplinario está relacionado con la contratación de abogados externos para desarrollar una investigación preliminar y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo, por aparentes anomalías en el despido de varios funcionarios.
La primera contratación fue adjudicada al bufete DPI Legal por ¢26,5 millones el 15 de enero del 2022. La segunda contratación recayó en José Paulino Hernández, el 25 de marzo del 2022, por ¢16 millones. Ambos procedimientos fueron contrataciones directas en las que no se realizó un concurso público.
En el caso de DPI Legal, su labor era valorar una denuncia anónima contra el auditor general para determinar si existía mérito para abrir un proceso disciplinario en su contra. Una vez superada esa etapa, el asunto fue trasladado a José Paulino Hernández, quien desarrolló la investigación.
Según la CGR, cuando se desarrollaron estas investigaciones, Chacón fungía como asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS y “promovió y gestionó la contratación directa de dichos proveedores” sin apegarse a las reglas de contratación administrativa vigentes. Por ejemplo, la Contraloría le achaca a la presidenta ejecutiva del INS no contar con la fundamentación técnica y jurídica para realizar contrataciones extraordinarias.
Además, según el análisis de la Contraloría, Chacón firmó varios oficios en los que ordenó a la proveeduría institucional avanzar con las contrataciones sin contar con estudios de costo-beneficio, técnicos o jurídicos que sustentaran la decisión.
La Nación conversó con Chacón días atrás y expresó que no podía referirse a detalles del caso. Argumentó que ella solo sirvió como “puente” entre la Junta Directiva y la proveeduría institucional para la contratación de los abogados externos.
Durante esa entrevista, la funcionaria dijo que no sabía el motivo de las contrataciones, pero al preguntarle de nuevo admitió que sí lo sabía, pero que no podía hablar de ello. En un video divulgado por el INS, este martes por la noche, expresó que no está de acuerdo con la sanción impuesta por la Contraloría y que impugnará la decisión.
Otros sancionados
La Contraloría General de la República también impuso 20 días de suspensión sin goce de salario a Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, jefa de Proveeduría; y Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS. Además, a Katherine Phillips Quesada, subjefa del departamento de Proveeduría, se le impuso una sanción por 15 días.
Gabriel Pérez Salguera, quien ejerció la presidencia del INS de junio del 2021 al 7 de mayo del 2022, en el último año del gobierno de Carlos Alvarado, declaró a este diario que los abogados externos fueron contratados para atender una denuncia anónima presentada contra el auditor general de la Junta Directiva del INS.
El proceso contra el auditor
La investigación preliminar y el proceso disciplinario concluyeron en una recomendación de despido contra el auditor general. Sin embargo, por tratarse de un funcionario con un fuero especial, la sanción debía ser ratificada por la Contraloría General de la República. El 17 agosto del 2022, la división jurídica de la Contraloría consideró que no existía “justa causa” para sancionarlo.
El proceso contra el auditor general inició en noviembre del 2021 por la supuesta violación de la Ley General de Control Interno al emitir dos advertencias en las que incurrió en una extralimitación de sus competencias, por aparente ejercicio indebido de sus potestades, al invocar la aplicación del artículo 160 de la Convención Colectiva del INS, para despedir con responsabilidad patronal a tres funcionarios de la auditoría interna de la entidad, así como supuestas presiones a un funcionario de la dirección de tecnología requiriendo la solución de un problema informático.
