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La convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) abrió un portillo de que los trabajadores de la institución adelantaran su jubilación si creían tener alguna condición de salud que les impidiera trabajar.
Así establece el artículo 84 titulado “Sistemas de pago” incluido en 1988 y que permaneció en el acuerdo laboral renegociado en el 2016.
Según este, Japdeva seguiría pagando el salario a todo su personal que por edad, condición física o salud no pueden laborar y todavía carece de las cuotas de cotización necesarias para pensionarse conforme el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Aquellos funcionarios que hayan laborado por un mínimo de 20 años ininterrumpidos en la institución, que tengan más de 55 años de edad y que no tengan derecho aún a pensionarse por la Caja Costarricense de Seguro Social que crean tener un padecimiento o incapacidad física o mental, podrán solicitar que se les reconozca el salario hasta que puedan acogerse al régimen universal de la Caja Costarricense del Seguro Social”, expresa el artículo.
A este personal “se les eximirá de la obligación de trabajar hasta que completen el número de cuotas mínimas y entren en el disfrute pleno de su pensión”, continúa dicho artículo de la convención que cubre a los casi 1.200 empleados.
Aunque el texto sigue vigente al parecer no se ha aplicado por falta de reglamentación, según explicó Ann McKinley Meza, expresidente ejecutiva de la entidad, y en cuya gestión (2014-2018) se renegoció la convención colectiva.
McKinley defendió el portillo para retirarse por adelantado por “creer” que se tiene un padecimiento, aunque reconoció que debieron ponerle condiciones, lo que se intentó en su periodo y no se concretó.
“No me parece mal pero debería estar reglamentado. Cuando yo estaba, Japdeva era de las entidades con más incapacidades, entonces uno se topa con ese artículo y le encuentra sentido, pero sí debe tener sus límites", explicó.
Según dijo, sí había interés de algunos trabajadores por utilizar el artículo 84 por lo cual ella celebró al menos dos reuniones con funcionarios de la CCSS para intentar reglamentarlo.
“Nos reunimos con la CCSS para estudiar cómo hacerlo, pero no me alcanzó el tiempo. El caso es que sin reglamento no podía aplicarse”, manifestó.
Añadió que el artículo se quedó en la convención luego de ser renegociada porque se requería acuerdo de las dos partes para eliminarlo, sin embargo, insistió, “la administración fue contundente en que había que reglamentar aunque el artículo existiera en la convención”.
También la presidenta ejecutiva actual, Andrea Centeno, aseguró que ningún trabajador se ha retirado por esa vía en los últimos 10 años, aunque siga en la convención.
Según ella, lo que se aplica actualmente es una pensión por invalidez cuando un trabajador extiende su incapacidad por padecer un mal crónico u otra condición de salud que le impide retomar sus labores.
Plan de ley
Este martes, precisamente, los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley de reestructuración de Japdeva que crea un sistema de prejubilación ante la urgencia de reducir la planilla de la entidad portuaria.
Según ese plan de ley, el Estado destinaría ¢17.000 millones en la próxima década para financiar un subsidio mensual para 277 trabajadores mayores de 55 años mientras se pensionan con el IVM.
Esta prejubilación o subsidio equivaldría al 63% del salario promedio de los 12 mejores sueldos mensuales que haya recibido cada funcionario, en los últimos cinco años.
Andre Centeno negó que el artículo 84 de la convención colectiva constituyera un régimen que permita prejubilarse a los colaboradores, tal cual se plantea en el proyecto de ley, cuyo objetivo es salvaguardar a los empleados mayores de 55 años con 25 años de cotizar al IVM.
“Son condiciones distintas y tiene que ver, en el caso actual, con el análisis de las posibilidades para las personas en Limón de encontrar otra vez empleo y con el perfil de los trabajadores de Japdeva”, insistió.
El expediente 21.426 también plantea pagarle una cesantía de 12 salarios a los trabajadores al finalizar su relación laboral con la empresa estatal que afronta un agujero financiero, ante la caída de 79% de sus ingresos luego de la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) el cual se otorgó en concesión a la compañía holandesa APM Terminals.
Según el Gobierno, la prejubilación planteada en el proyecto para esos trabajadores mayores de 55 años procede porque supuestamente a esas personas les costaría encontrar un empleo luego de ser liquidados.
Los ¢17.000 millones, calculados por la Dirección Nacional de Pensiones, saldrían del Presupuesto Nacional.
