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Este jueves por la noche la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) aprobó el préstamo de ¢6.500 millones a Japdeva para que pueda hacer frente al pago de salarios, liquidaciones y gastos operativos en los próximos meses.
Con esa decisión, por el momento, Japdeva asegura las remuneraciones de sus 576 trabajadores, al menos para el próximo mes.
Además, le permitirá a la autoridad portuaria continuar con el proceso de reducción de sus empleados iniciado el año anterior; la meta es llegar a un número de funcionarios no mayor a 300. El año anterior la entidad pública tenía casi 1.200 trabajadores.
En la actualidad, el costo mensual promedio de la planilla de Japdeva es de ¢810 millones.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, explicó que el préstamo tiene un plazo de diez años y el interés será de Tasa Básica Pasiva (3,50%) más un punto porcentual, durante todo el periodo. Dentro de los diez años hay cuatro de gracia, es decir, Japdeva empezará a pagar las cuotas del empréstito hasta 2024.
La empresa pública tuvo que acudir a ese crédito de emergencia luego de que ¢5.000 millones depositados en sus cuentas quedaron embargados hace cinco meses, cuando el Juzgado de Trabajo de Limón acogió la solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
La petición se hizo dentro de un conflicto judicial en el cual el Sindicato reclama una supuesta deuda patronal al fondo de ahorro de los trabajadores.
"En la convención colectiva del 2003 hay una cláusula que habla de un fondo de ahorro y capital de los trabajadores de Japdeva, debe haber para ese fondo un aporte del patrón y un aporte del trabajador, cuando se negoció esa convención colectiva se le solicitó a Japdeva, como patrón, aumentar el aporte de un 5% del total del pago de planillas a un 8%, esa diferencia del 3% tenía que cargarse a las tarifas que pagan los usuarios de los muelles, pero la Aresep no aprobó el aumento de tarifas y Japdeva siguió pagando el 5% y no el 8%, como había negociado.
"La Junta Directiva de aquel momento informó que, a partir de la resolución de Aresep, se pagaría solo el 5%.
“En el 2013, el sindicato de Japdeva hizo un estudio, pusieron una demanda e indicaron que ese 3% era un derecho de los trabajadores porque fue negociado en la convención colectiva, ahí empezó una disputa legal que deriva en el embargo”, detalló Centeno sobre el origen de este conflicto.
La jerarca agregó que el acuerdo de financiamiento con el Cosevi establece que, si más adelante Japdeva invierte en obras de seguridad vial, los dineros ejecutados podrán amortizar la deuda de ¢6.500 millones.
Es la segunda vez que Japdeva solicita un préstamo a otro ente estatal, en diciembre de 2019 gestionó ¢3.500 millones con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para el pago de aguinaldos y otras necesidades. En total, arrastran pasivos por más de ¢24.000 millones.
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Centeno, insistió en que Japdeva es una institución valiosa para el Estado, que ofrece un servicio público como la operación de los muelles que se encargan de carga que viaja fuera de contenedores y de la recepción de cruceros.
La institución, sin embargo, requiere con urgencia de un cambio en el modelo de su negocio.
