El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tendría que pagar millones por dar citas para las pruebas de manejo, tanto teóricas como prácticas, en plazos desproporcionados, después de que la Sala Constitucional declarara con lugar varios recursos de amparo en contra de este órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Randall Sibaja Miranda, abogado especialista en Derecho Constitucional y quien labora en el bufete SNU, aseguró a La Nación que su despacho presentó 40 recursos de amparo por esa causa. Hasta este miércoles 26 de octubre, 11 de esos recursos fueron declarados con lugar. Otros 29 siguen en estudio.
El abogado calcula que, por cada recurso de amparo declarado con lugar, se cobraría al Estado un promedio de $1.000 (¢629.000 al tipo de cambio de este 27 de octubre), pues además de exigir al Cosevi una nueva fecha para la prueba en el lapso mínimo de un mes, las sentencias condenan a la entidad a asumir el pago de las costas, daños y perjuicios.
Esos cobros, sin embargo, se tendrían que realizar mediante otro proceso judicial de ejecución de sentencia, en el cual se deben demostrar los daños y perjuicios sufridos.
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Ante una consulta de este medio, la Dirección de Relaciones Públicas del MOPT respondió que los usuarios utilizaron el recurso de amparo para buscar adelantar las citas programadas.
“No obstante, ante la liberación de las citas los usuarios están renunciando a la posibilidad de obtener cita a un mes plazo que es la orden de la Sala Constitucional”, afirmaron.
De acuerdo con la cartera, desde que se liberaron más espacios los usuarios “encontraron citas de un día para otro”.
Un cambio de criterio
El abogado Randall Sibaja Miranda calcula que la Sala IV puede recibir entre cuatro y cinco recursos de amparo de este tipo al día. Son planteados por distintos bufetes o por los mismos usuarios.
Estos reclamos se vienen presentando desde agosto, dijo Sibaja. El abogado lo atribuye a que esta problemática es de resorte de la Sala IV y no del Tribunal Contencioso Administrativo, como se consideraba anteriormente.
En el ‘por tanto’ de una de las gestiones resueltas por los magistrados en agosto, se le ordena a la directora de Educación Vial a. i., Jackline Ruiz Araya, girar las órdenes, coordinar y emitir las directrices para garantizar el funcionamiento eficaz del otorgamiento de citas. También reitera que el plazo de la cita para la prueba de manejo no debe superar el mes.
Según Sibaja, este cambio jurisprudencial se basa en el principio de proporcionalidad, el mismo para conocer y ordenar el adelanto de las citas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Si la Sala entra a conocer y adelantar citas de salud por un principio de proporcionalidad porque se le está creando un daño a la persona, también debería entrar a conocer el tema de Cosevi porque también se está generando un daño”, agregó Sibaja.
Entre los daños que justifican sus clientes, dijo Sibaja, está el perder puestos de trabajo por no tener la licencia de conducir a tiempo.
Este es el caso de Andrés Campos, un vecino de San José, quien perdió tres ofertas laborales por no tener la licencia de conducir a tiempo. Campos, quien presentó el recurso de amparo en setiembre, reconoció que pasó por “mucho estrés y frustración” al no poder trabajar por falta de licencia.
“A como está la situación a uno lo frustra y lo llena de mucha decepción el no tener una entrada económica. Al final, uno lo que quiere es generar ingresos y tener una cita tan lejana se conviernte en una traba”, enfatizó Andrés Campos.
“Pedí la cita en agosto (2022) y me la dieron para agosto del 2023. Gracias al recurso de amparo hice la prueba el lunes (24 de octubre) y mañana (jueves 27) voy por la licencia”, comentó Campos, quien aplicó para la licencia tipo B1.