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Costa Rica está a seis meses de quedarse sin servicio de revisión técnica vehicular, ante la lentitud del Estado por echar a andar el proceso licitatorio para un nuevo contrato y luego de que la Contraloría General de la República (CGR) rechazara prorrogar el convenio actual con la empresa Riteve, a cargo de la actividad desde hace 20 años.
El órgano contralor comunicó este martes su negativa a la solicitud que planteó en diciembre el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de extender el contrato. La CGR, más bien, urgió a apurar la búsqueda de otro prestador que se ocupe del servicio.
El problema es que, todo el proceso para crear un cartel con especificaciones, sacarlo a concurso, adjudicarlo, e incluso resolver posibles apelaciones, podría consumir más de los seis meses que quedan antes de que Riteve deje de operar.
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, reconoció este martes la gravedad del problema de que el país se quede sin el servicio que la ley de tránsito establece como requisito para la circulación por las vías, que además ha ayudado a mejorar las condiciones de los vehículos y reducir las emisiones contaminantes.
“El Cosevi ya ha generado un modelo financiero para una nueva licitación para el momento cuando esta pueda suceder, pero el tiempo corre y hay que moverse con mucha agilidad y en eso estamos. El Cosevi tiene la responsabilidad de apurarse pero vamos a darle apoyo desde el Ministerio. Yo ya he planteado el tema de que es un riesgo quedarnos sin revisión técnica por el proceso licitatorio que se avecina, pero abrigo la esperanza de que vamos a conseguirlo”, expresó el jerarca.
Acción en Sala no suspende
Cosevi envió en diciembre a la Contraloría un oficio en el cual le pidió su autorización para prorrogar el contrato con Riteve SyC. El director del Consejo, Edwin Herrera, justificó la gestión, por la supuesta imposibilidad de ejecutar un nuevo proceso de contratación debido a una acción de inconstitucionalidad acogida para estudio, cuya resolución en la Sala IV podría demorar hasta dos años.
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La acción a la que refirió fue interpuesta en octubre por la Asociación Preserve Planet contra los artículos 25 ,26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito, en los que se establece la facultad para que el Cosevi otorgue “autorizaciones indefinidas” a empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular.
El viernes pasado, la CGR rechazó la pretensión de Herrera. En el oficio en el que le comunicó la negativa, también le indicó que la previsión del Consejo para el cierre del contrato vigente y el periodo de transición del servicio es incongruente con la realidad jurídica y contractual.
La Contraloría recordó que, desde junio del 2021, su reporte de auditoría señaló que el contrato vigente para la prestación exclusiva del servicio vencía el 15 de julio del año 2022. Además, desde entonces también se determinó que la vigencia del contrato es de 10 años a partir del inicio de operaciones y una única prórroga de 10 años adicionales, que están por cumplirse.
Asimismo, le aclaró al funcionario que el hecho de que la Sala le haya dado curso a la acción de inconstitucionalidad no suspendió la aplicación de los artículos de la ley de tránsito impugnados.
Advertencia
Contrario a lo solicitado, la CGR le advirtió a Herrera de que debe remitirle a más tardar el próximo 11 de febrero el programa de trabajo para la etapa de cierre contractual con Riteve y el proceso de transición que garantice la continuidad del servicio; incluidas las actividades previstas en cada etapa.
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También le pidió, con fecha límite al 11 de marzo, una certificación en la que conste el final de ese contrato.
De no hacerlo, indica la CGR en su oficio, se podría configurar como incumplimiento y falta grave, la cual dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine el mismo órgano contralor.
Méndez Mata, por su parte, informó de que este lunes participó en una reunión con funcionarios de Cosevi y la contralora general de la República, Marta Acosta. Al respecto, declaró que, “aunque la situación es compleja, la reunión fue útil”.
“La tarea que tenemos es buscar una luz al final del túnel y, ayer mismo (lunes), empezamos con varias reuniones y haremos un análisis de las posibles alternativas, según lo que nos deja hacer la legislación. También andamos buscando asesorías. Es claro que hay un tema tarifario de por medio que debe plantearse, porque en julio, los activos de Riteve pasan a poder del Estado. Eso genera una previsión de ajuste en el modelo tarifario el cual, de todos modos, es un proceso al cual había que entrarle sea cual sea la alternativa a Riteve”, recordó el jerarca.
En diciembre, Méndez había dicho que, antes de ampliar el contrato con la empresa Riteve SyC, la inspección técnica vehicular debería abrirse a otros oferentes y, en ese proceso, valorar aspectos legales, ambientales y de competencia para definir otro modelo para el servicio.
Antes del arribo de Riteve a Costa Rica, la verificación del estado de los vehículos se hacía mediante el “Ecomarchamo”. Aquel fue un servicio autorizado a unos 80 talleres en el año 1997, sin embargo, en más de la mitad se hallaron irregularidades que llevaron a las autoridades a una revisión integral en 1998.
Cuatro años después, mediante ley, se concesionó la labor a Riteve SyC, como empresa única, por un periodo de 10 años, que se prorrogó por el mismo plazo. Desde entonces, la revisión técnica ha heredado distintos beneficios.
