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En las vías de nuestras ciudades, costas y montañas circulan 1.191 autos eléctricos.
Ese número es ínfimo entre los más de 977.000 automotores particulares registrados en el país.
Sin embargo, la meta trazada en el Plan Nacional de Descarbonización, es que en 15 años el 25% de la flotilla vehicular ligera sea eléctrica.
Con un paquete de incentivos fiscales y con el desarrollo de una robusta red de recarga, el Estado aboga por la conciencia social entre quienes pueden comprar carro nuevo, para que adquieran uno de tecnología eléctrica.
Los 1.191 autos eléctricos son, al mismo tiempo, ocho veces el número registrado en 2017, cuando apenas había 147 carros cero emisiones.
Además, en el país circulan 621 motos eléctricas y 1.188 vehículos de otra denominación, como cuadraciclos, carritos de golf y montacargas, que también se mueven con esa tecnología.
El reto es que ese crecimiento empiece a tomar relevancia entre el gigantesco parque automotor costarricense, principal fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el país.
“Sabíamos que teníamos que iniciar por bajar los costos de los vehículos particulares. Luego seguimos con bajar la ansiedad de rango. Esto quiere decir que cuando usted salga de su casa encuentre lugares para recargar el vehículo. Una vez eso, asegurarnos que los tiempos de carga sean rápidos”, afirmó el ingeniero Alan Blanco, comisionado Presidencial de Movilidad Eléctrica.
Sofía Méndez es una de las propietarias que decidió migrar de tecnología. Ella cambió su viejo carro modelo 97 por un auto nuevo cero emisiones en 2018.
La vecina de Alajuela eligió un Ioniq Electric, un sedán cuatro puertas de la marca Hyundai.
Méndez buscó opciones para comprar un carro nuevo de agencia, pero ninguno le motivaba. “Decía que seguía siendo el mismo vehículo que tenía, sin ningún valor agregado, con la excepción de que era más nuevo”.
No obstante, empezó a investigar en Internet sobre las alternativas eléctricas y finalmente se decidió por un carro de esta tecnología.
“Revisé todos los alcances de la batería para la movilidad que yo necesito realmente me era funcional. Aun así comparé precios con carros de combustión y la diferencia no era grande, entonces dije que sí valía la pena. También por el impacto ambiental que iba a generar”, afirmó.
Además de trasladarse al trabajo, con su automóvil eléctrico ha viajado al Parque Nacional Los Quetzales, en Copey de Dota. También a Liberia y Nicoya, en Guanacaste.
Hasta subió la empinada cuesta rumbo al parque eólico en las montañas de Santa Ana, en un intento de desmentir a sus conocidos el mito de que esos autos no tienen impulso. Esa experiencia, afirma, fue tan normal como si hubiera viajado en cualquier otro carro.
Cada vez que recarga su automóvil en su casa, afirma la mujer, gasta unos ¢2.300, mientras que en su trabajo le sale gratis, pues instalaron una estación de recarga para incentivar la movilidad eléctrica entre sus trabajadores.
Por cada recarga puede recorrer 240 kilómetros en su vehículo. No obstante, eso depende según el modelo del vehículo y su batería.
Aunque la migración de tecnología es positiva, la Asociación de Movilidad Eléctrica (Asomove) considera que el proceso todavía puede ser más rápido.
Por eso su directora, Diana Rivera, aboga por una reforma a la Ley de Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico.
Esa legislación aprobada en 2018, creó los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos nuevos.
Dichos incentivos exoneran los impuestos de venta, selectivo de consumo y aduanero a todos los vehículos eléctricos con un costo menor a los $30.000.
Y de forma parcial, descuenta esos mismos tributos a los vehículos de entre $30.000 a $45.000. Y en menor medida los autos de hasta $60.000.
También tiene una exoneración gradual al impuesto de la propiedad, que representa un 65% del costo del marchamo.
No obstante, esos incentivos caducarán en 2023. En dos años, las exoneraciones solo incrementaron en unos 1.000 carros el parque cero emisiones.
También buscan que se incorpore a los autobuseros y transportistas de carga como beneficiarios de la ley de incentivo a la movilidad eléctrica.
Actualmente prácticamente quedan marginados, debido a que esas unidades cuestan más de $60.000 y por su precio quedan excluidas de las exoneraciones.
“Creíamos que esa transición iba a ser más rápida. Sabemos que pedir esta reforma, en este momento de pandemia y de estrechez fiscal es difícil, pero tomando en cuenta que se quiere pasar a un transporte limpio y a disminuir las enfermedades por contaminación, esta ampliación de la ley a vehículos más costosos como camiones o autobuses sería muy positivo”, afirmó Rivera.
Los diputados liberacionistas Paola Valladares y Roberto Thompson presentaron un proyecto en ese sentido, que también cuenta con el respaldo del colectivo de movilidad.
El comisionado gubernamental también reconoció que la afectación económica por la pandemia puede frenar el crecimiento de vehículos eléctricos en el país.
En 2018, cuando se aprobó la ley, así como un año después, se reportaron incrementos superiores al 130% en la flotilla de carros eléctricos.
No obstante, para este año ya se observa una desaceleración de ese proceso. El crecimiento acumulado es de 48,7%.
Aún así, de acuerdo con Blanco, se cumplirá la cuota meta de este año, aunque reconoce que será difícil cumplirla para el próximo.
Ante este escenario, Asomove urge por un mejor acceso al crédito para las personas interesadas en adquirir un vehículo cero emisiones.
Las autoridades y actores sociales involucrados en la movilidad eléctrica esperan que la evolución de la tecnología y el crecimiento del mercado terminen por igualar los precios entre vehículos eléctricos y de combustión en unos pocos años.
Huella ambiental
La transformación del parque automotor es el principal reto ambiental que tiene Costa Rica, pues es la principal fuente de emisiones de gases contaminantes.
De acuerdo con el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el país emitió 10,8 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2015.
La gran cantidad de autos y el caso vial fueron responsables de emitir cinco de esas toneladas emanadas a la atmósfera.
Según estimaciones del comisionado gubernamental de Movilidad Eléctrica, el uso de vehículos eléctricos (autos, motos y otros) evitó que el país emitiera 9.844 toneladas de CO2 en 10 años.
Eso contempla el uso histórico de unidades eléctricas desde el año 2010. Reconvertir la flota provocaría que el país deje de emitir otras miles de toneladas más al medio ambiente.
Según el Programa Estado de la Nación, el transporte consume el 84% de los hidrocarburos en el país, muy por encima de la industria (10%) y otras actividades (6%).
Para el investigador de este organismo, Leonardo Merino, esa realidad complica cambiar el crecimiento de emisiones de gases contaminantes proyectado para próximos años.
Para el 2021 podríamos emitir cerca de 14 millones de toneladas de CO2.
“Nuestra matriz energética está impulsada principalmente por la energía de petróleo que usamos para el transporte. Por eso es difícil para nosotros como país para lograr la reducción de emisiones contaminantes si no trabajamos el tema del transporte que es nuestro principal consumidor de energía.
“La tendencia que vemos en emisiones en Costa Rica sigue siendo hacia la alza desde hace muchos años y los hidrocarburos son la principal causa de contaminación”, afirmó Merino en un reciente foro virtual sobre movilidad.
Al tiempo que avanza, con sus limitaciones, la compra de automóviles por parte de personas, instituciones estatales y empresas, el país se prepara para entrar a una nueva etapa: la electrificación del transporte público.
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Los primeros tres buses eléctricos que prestarán servicio a pasajeros llegaron al país el pasado 19 de septiembre. En noviembre comenzarán a circular en tres rutas de la Gran Área Metropolitana (GAM) dentro de un plan piloto.
Las unidades, donadas por el gobierno de Alemania, operarán durante cuatro meses en cada ruta. Primero en el trayecto San José - Desamparados, después se trasladarán al recorrido San José - Tres Ríos, y de último serán utilizados por los pasajeros que viajan entre San José y Alajuela.
Eso mientras se discute la construcción del tren eléctrico metropolitano, que conectaría 15 cantones de la GAM, a través de 84 kilómetros de vía férrea.
