Puntarenas. Eduardo Loría debía entregar su casa al banco este domingo o quizá el lunes, porque la deuda adquirida cuando la situación económica era muy distinta, ya se salió de sus manos.

Desde los 12 años se dedica a la pesca; desde hace siete específicamente a la de camarón, pero en el 2016 se le venció la licencia y desde entonces da tumbos.

Su barco daba sustento a él, a su esposa y dos hijas; pero además, daba trabajo para otras seis personas.

No han dejado de comer por otra pequeña embarcación de palangre, con lo que saca producto apenas para subsistir, pagar el alquiler del muelle donde atraca el barco camaronero y el guarda que lo cuida. Pero ya no alcanza para todas las demás obligaciones.

“Con 51 años, ¿qué trabajo le van a dar a uno? Este trabajo (de pesca) es para personas como yo, que no estudiamos, que no tenemos un título porque tuvimos que escoger entre la pobreza y trabajar; y yo escogí trabajar, no pude estudiar”, relató este poblador del cantón central puntarenense.

Su drama no es excepción, de hecho, lo comparten muchos otros.

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Miguel Palma ha pasado 40 de sus 63 años de vida en el mar. Desde hace nueve meses los días no son los mismos porque la licencia del barco donde trabajaba venció.

El lunes 3 de setiembre, a las 11 a. m, Palma junto a otros siete pescadores aguardaban en un muelle privado de barrio El Cocal que saliera alguna “chamba”.

“Llegamos a la casa sin un cinco”, contó el hombre que tiene dos hijas estudiando.

“La ayuda que yo tengo es que mi hija recibe una beca, pero eso no es suficiente para sostenerse. A veces yo llego a la casa y me piden plata y no tengo. Entonces ella me dice que va a dejar de estudiar”, contó angustiado.

Su edad y la baja escolaridad hacen que sea prácticamente un sueño conseguir un trabajo distinto. “Ya necesitan gente más joven porque dicen que ya nosotros no tenemos estudios… Yo llegué hasta sexto, pero no seguí estudiando”, lamentó.

Los tripulantes, rederos y peladoras de camarón tienen en común la baja escolaridad. La mayoría solo cuenta con primaria y, según dicen, nunca hicieron cursos que les diera la posibilidad de buscar un plan b.

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Delia Pérez, vecina de Barranca, tiene 25 años pelando camarones, actividad que le permitió sacar adelante a sus hijos. Cuenta que hace cinco años tenía un trabajo fijo, con el cual ganaba ‎₡60.000 por semana. Pero ahora la situación es otra.

“Yo venía acá (al muelle) a hacer un trabajo continuo, ahora ya no. Antes trabajaba todos los días, ahora vengo algunas veces a limpiar la oficina, a hacer algo, pero no es de todos los días”, contó Pérez.

Por esas labores ocasionales puede ganar entre ₡20.000 y ₡25.000 por semana, lo cual no es lo suficiente.

“He tenido que ayudarme un poco con algunas ventas de sobrecamas, algunas cosas que he ido buscando porque ha sido muy difícil la situación”, contó la mujer que ayuda a la manutención de uno de los nietos, quien perdió a su papá.

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Loría, Palma y Pérez, son solo tres de las 5.500 personas que según estimaciones de la Cámara de Pescadores de Puntarenas se beneficiaban de la pesca de camarón.

Sin licencias

A todos ellos, la vida les dio un giro en 2013, cuando la Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), no otorgar ningún permiso o licencia nueva para esa actividad. Tampoco renovar los permisos vencidos, ni reactivar los inactivos.

El tribunal constitucional prohibió la práctica al considerar que genera daños al ambiente marino debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina, que incidentalmente es capturada pero no es utilizada.

Para entonces eran 44 los barcos que tenían autorización para la pesca de arrastre. Actualmente solo quedan tres licencias vigentes. Una vence en febrero y las otras dos en agosto del 2019.

El fallo dejó abierta la posibilidad de restablecer esta labor, pero para eso, la Asamblea Legislativa debe aprobar una ley basada en estudios científicos-técnicos que sustenten medidas eficaces para evitar los daños al ambiente marino.

Esa investigación debía hacerla Incopesca, pero a la fecha no existe. Por esa razón, el viernes 31 de agosto, en otro fallo, la Sala le recordó la orden al Instituto y le dio un plazo de seis meses para que realice el estudio y determine de una vez por todas si es posible que la pesca de arrastre de camarón se realice con menores efectos en la fauna marina.

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Mientras eso sucede, los trabajadores del mar (pescadores, rederos y peladoras de camarón) en el cantón central de Puntarenas, no saben qué hacer para subsistir.

Una encuesta realizada el año anterior por el Incopesca, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a 60 de los 180 tripulantes activos, a 15 rederos y 17 peladoras de camarón, determinó que ellos y sus familias viven en comunidades consideradas en riesgo social. Además constató que enfrentan una situación crítica.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), reveló que el Pacífico Central (de la que es parte el cantón central de Puntarenas), es la región con el mayor nivel de desigualdad (0,523 según el coeficiente de Gini). Además, respecto al 2016, fue la única que tuvo un leve aumento en el nivel de pobreza, pasando de 28,2 % a 29,9 %.

Víctor Ordóñez tiene 53 años y desde diciembre está sin trabajo.

“Ya fui yo al IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), y me dijeron que tienen que hacerme un estudio y tengo más de 15 días de esperar pero no han llegado a la casa”, contó angustiado.

“Hay desesperación, uno no sabe ni qué hacer. Con familia. Hay que pagar agua, casa, luz, comida… ¡Imagínese cómo puede estar uno aquí!”, aseguró Ordóñez.

Entre agosto de 2017 y marzo de 2018, el IMAS atendió a 402 familias del sector camaronero, a quienes les otorgaron un beneficio mensual de ₡80.000 o ₡100.000.

Esa ayuda se queda corta, teniendo en cuenta que los ingresos mensuales de los tripulantes oscilan entre ¢599.000 y ¢1.500.000 para capitanes, y de ¢230.000 hasta los ¢600.000 para marinos. Esos montos tienen una alta variabilidad pues dependen del volumen de captura.

Mientras tanto, la ganancia mensual de los rederos va desde los ¢20.000 hasta los ¢80.000, y las ganancias de las peladoras van desde los ¢39.796 hasta ¢113.595.

El martes 28 de agosto pescadores artesanales, camaroneros y de palangre, fueron noticia por cerrar vías principales no solo de Puntarenas, sino también de Quepos y Golfito.

Este movimiento pedía al Gobierno respuestas a sus peticiones para subsanar las necesidades del sector pesquero y del cantón en general. Ellos solicitaron “que se dignifique y respete la actividad pesquera por parte del Poder Ejecutivo y todas las instituciones gubernamentales relacionadas con el sector”.

Su llamado también fue para que involucren a los pescadores en las mesas de negociación relacionadas con la actividad. La activación de algunas licencias para pesca de camarón mientras se realiza el estudio de factibilidad y que se establezca un seguro diferenciado para el sector; entre otros.

Donald Villarreal, presidente de la Asociación de Marinos Artesanales de Puntarenas, que agrupa a 264 pescadores artesanales, asegura que este movimiento no fue un capricho, pues tienen cinco años de estar “trabajando con las uñas”.

“Hemos venido luchando, trabajando y hemos visto que el sector más abandonado es el pesquero. Acá en Puntarenas hay mucha necesidad.

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"Sentimos que lo que la gente dice que fue un capricho que Rodolfo Piza (ministro de la Presidencia) viniera hasta acá para negociar, no es así; porque lo que estamos pidiendo es trabajo para Puntarenas, no estamos pidiendo algo diferente. Es una lucha de todos, por eso se unieron varios sectores, porque todos tenemos hambre”, aseguró el pescador, vecino de barrio Fray Casiano.

Lo mismo opinan los dueños del Taller Soto, ubicado en el centro de la ciudad.

José Soto contó que el negocio que inició su papá, Juan, desde hace 30 años, tuvo que reinventarse. Antes era suficiente ofrecer mantenimiento a los barcos, especialmente camaroneros, pero desde la prohibición las ventas cayeron hasta en un 50%.

“Solo un barco le puede dejar a uno cerca de ₡400.000 de entrada. ¡Tiene tanto de qué comer uno de un barco!”, aseguró.

“Para que tenga una idea, esto en Puntarenas (la prohibición de la pesca de arrastre) es como que a Limón le quiten el muelle de Moín”, ejemplificó.

En un recorrido por las principales calles comerciales, en el centro de la ciudad, se pueden contabilizar más de 10 locales con rótulos para alquiler, pues muchos comerciantes tiraron la toalla ante la baja en las ventas.

Randall Chavarría, alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, confirmó que este año han cancelado 50 patentes y otras 29 están suspendidas. En promedio reciben 10 devoluciones por mes.

María del Mar Brenes, de la Zapatería Nancy, ha estado a punto de devolver la suya. Contó que en 18 años de tener el negocio familiar, este ha sido el peor y ya han pensado en cerrar.

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“Cada fin de semana venían las peladoras de camarón, venían las esposas de los pescadores, sus hijos… ¡Por supuesto que nos ha afectado! Nos ha bajando las ventas muchísimo, porque aquí se mueve la pesca y si no hay pesca, no hay plata, no gira el dinero, esto es una cadena. A la hora de no pescar no hay cómo vender”, aseguró la joven.

Según la comerciante, mientras que en años anteriores el 14 de agosto podían tener ganancias de ₡800.000 y el Día de la Madre de hasta ₡1.500.000, este 15 de agosto que recién pasó no hicieron ni ₡100.000.

“Hemos pensado en cerrar pero queremos esperar teniendo la fe de que este tiempo va a pasar”, comentó.

Datos del INEC y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), indican que para el último trimestre del 2017, la fuerza de trabajo en la región del Pacífico Central era de 120.582 personas; la población ocupada era 102.118 y la desempleada 18.464.

Mientras tanto, los indicadores de población del INEC al segundo trimestre de 2018, muestran que la población dentro de la fuerza de trabajo pasó a 116.66; la ocupada a 101.819 y la desempleada a 14.847.

A la espera de soluciones

Para el alcalde Randall Chavarría, lo que necesita el cantón son las 44 licencias de pesca de arrastre, para reactivar la economía a corto plazo.

Explica que alistar cada uno de los barcos cuando salen al mar, representa una inversión de ₡12 millones en combustible, comida y todos los implementos que requieren durante los 22 días que están fuera del puerto. Ese dinero se queda en el comercio local.

El sector turismo, otra de las actividades económicas importantes de la zona, no se preparó en su momento para convertirse en la principal fuente de empleo.

“En tiempos en las que la pesca estaba boyante, las pulperías, bares, restaurantes estaban llenos, había movimiento de economía. Ahora no hay por dónde”, aseguró.

En junio anterior, la administradora de fondos de inversión Improsa Safi anunció la construcción de un proyecto logístico en Barranca. Este permitiría la instalación de empresas dedicadas a la distribución, negocios de manufactura e industria, empresas de zona franca, entre otros. La idea era que la construcción iniciara en octubre de este año.

“Improsa ha tenido algunos problemas, se decía que hay alrededor de $2 millones para inversión, que iba a hacer unas ofibodegas, aparentemente ya tenían varias empresas dispuestas a instalarse, pero han tenido algunos problemas con permisos ambientales (…) Pero es un hecho que van a construir bodegas y van a generar 700 empleos, en primera etapa”, aseguró el alcalde.

Mientras tanto, los puntarenenses solo tienen la esperanza.

“Yo quisiera tener una respuesta de cuándo pasará. Acá hay todos los días filas de gente, preguntando que para cuándo, lo mismo les pregunto yo a las empresas cuando tenemos reuniones, ¿para cuándo van a empezar a instalarse?”, comentó el alcalde Chavarría.

Otro proyecto que llenó de esperanza a la zona fue la construcción del Ocean Mall, el primer gran centro comercial en el Puerto.

Aunque se esperaba que abriera sus puertas a inicios de 2015 y generara cerca de 700 trabajos, la obra, ubicada entre la ruta 23 y la 17 (Esparza), quedó abandonada desde hace un año.

Arnoldo Ramos, director de proyecto, explicó que la situación económica del país y de esta región en especial puso trabas al proyecto, pero la principal fue la negativa de un banco estatal para financiar cerca del 55% del monto total.

“Cuando empezamos a construir el mall, a los seis meses teníamos el 60% ya ocupado", aseguró.

Desde el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), se planteó otro proyecto muy ambicioso en la zona. Se trata de la Zona Económica Especial (ZEE) la cual tendría un gran parque industrial con una área de al menos 10 kilómetros cuadrados y contaría con todas las condiciones adecuadas para la inversión con China.

Sin embargo, para poder instalar la ZEE, el Gobierno chino pidió el año pasado a Costa Rica, que complete una serie de obras. Entre ellas, la ampliación de vías como la ruta a Caldera y la de Guanacaste, el nuevo aeropuerto en Orotina y la construcción de la carretera San José–San Ramón y su conexión hacia el Pacífico central.

En el corto plazo

De acuerdo con Marcela Muñoz, presidenta de la Cámara de Turismo de Puntarenas y miembro de la Junta Promotora de Turismo, uno de los retos en los que trabajan es posicionar al Puerto como un destino final y no una ciudad de paso.

Datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), indican que el año anterior 531.304 personas visitaron Puntarenas, lo que representa el 29,8% de la visitación total del país.

Sin embargo, los comerciantes y la propia Muñoz, coinciden en que la mayoría de personas llegan y se van prácticamente el mismo día y ese tipo de visitas no es suficiente para mantener la economía.

“La gente piensa que solo es venir al Paseo de los Turistas y estar en la playa, muchos traen su propia comida y vienen a pasar solo el día y se devuelven. Teniendo en cuenta eso, es cierto que no es suficiente”, comentó Muñoz.

Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), explicó que, a través de la Junta Promotora de Turismo, han venido trabajando en acciones para fomentar la zona como un destino turístico.

“En el pasado se hicieron una serie de obras para acercar el turismo hacia Puntarenas. El faro que se construyó con dinero del fideicomiso, se arregló el balneario y se adecuó el Paseo de los Turistas. En la actualidad estamos adjudicando, en los próximos días, una licitación por ₡1.200 millones para adecuar el parque El Muellero, que iría desde el edificio de la Capitanía de Puerto hasta el parque Marino del Pacífico, la idea es hacer más atractiva la zona del cantón central”, explicó.

Otra obra es la intervención en la Plaza del Pacífico donde se instaurarán puestos para que los artesanos ofrezcan sus productos a los turistas que llegan en cruceros.

El Incop cuenta con el fideicomiso que dota de recursos para la creación de obras turísticas. Para este 2017 contaban con ₡940 millones para la ejecución de ocho proyectos, pero solo podrán concretar tres. Para el 2019 tienen un presupuesto de ₡2.100 millones para la ejecución de 12.

Entre las iniciativas está la construcción del Mercado de Mariscos, que se espera esté listo en un año. Ese espacio ofrecerá productos frescos para atraer turistas, dará posibilidad de que emprendedores de la zona establezcan negocios y que los pescadores tengan un lugar dónde ofrecer sus productos.

A largo plazo tienen otros planes que ayudarían a reactivar la zona, como la reapertura de isla San Lucas, la construcción de un atracadero en isla Chira y en isla Venado, “con el propósito de montar una serie de atractivos turísticos para satisfacer no solo al turista costarricense sino al extranjero, que normalmente se sitúa más tiempo en su destino”, indicó Rivera.

El funcionario también destacó la entrada en funcionamiento del ferri entre Caldera y El Salvador, con lo cual, espera que la zona se convierta en un punto estratégico desde el punto de vista turístico.

En julio, el presidente Carlos Alvarado visitó el Puerto para presentar una estrategia interinstitucional que, supuestamente, transformaría la política y la gestión de la pesquería, y ayudarían al desarrollo integral de la provincia.

Consultados sobre el detalle de esta estrategia, en Casa Presidencial indicaron que hay una mesa de trabajo constituida por diversas instituciones que da seguimiento, entre otras cosas, a los acuerdos alcanzados con el sector pesquero el mes pasado.

El lunes tendrán una reunión de trabajo donde conocerán informes y sería hasta después de ese encuentro que podrían hablar sobre su plan de acción.