“Casa Presidencial está bastante informada de lo que pasa acá, el señor presidente de la República tiene todos los detalles del estado de la institución. Quien está totalmente desinformada es la Cámara Costarricense de la Construcción, pero realmente desinformada a pesar de que les hemos enviado mucha información ante muchas consultas hechas por ellos”.

Así de contundente respondió Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), al consultarle sobre la petición hecha por la organización de constructores de intervenir esa entidad.

La Cámara alega que los racionamientos de agua que padecen 357.000 personas de 14 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) afectan a la población, perjudican el desarrollo inmobiliario y reflejan "gravísimos problemas de gestión" en el AyA.

Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, sostuvo que Casa Presidencial debe instalar en el AyA una junta interventora que agilice la modernización del sistema de acueductos y garantice un servicio de agua sin interrupciones.

“El AyA es una institución que desde hace años dejó de hacer lo que tiene que hacer, perdió el músculo y la capacidad para administrar el recurso hídrico en el país”, aseveró Murillo.

Sus declaraciones llegan tras una semana en la que el AyA enfrentó protestas por la interrupción del servicio de agua en varias comunidades, en especial en Hatillo, donde los vecinos bloquearon la carretera de Circunvalación para exigir que se restableciera el suministro.

“Tenemos una persona (Yamileth Astorga) que ha estado por varios años en el AyA y la situación cada vez es peor, los proyectos constructivos no están contando con disponibilidad de agua. Sin agua no podemos hacer nuevos proyectos de vivienda, nuevos centros comerciales o zonas industriales. Estamos pagando la factura por no tomar las decisiones que debieron tomarse hace años”, añadió Murillo.

Al respecto, Astorga reconoce que por años el Instituto postergó proyectos claves como la ampliación del acueducto metropolitano Orosi II y el programa de reducción de agua no contabilizada, pero afirma que durante su administración fueron retomados y están avanzando.

Orosi II inyectará 2.500 litros por segundo al sistema de distribución y se estima que estará listo en 2025. Mientras que la reducción de agua no contabilizada permitirá disminuir a un 33% el porcentaje de líquido no aprovechado o registrado debido a fugas, conexiones ilegales o tomas instaladas en precarios. Esa obra estará finalizada en 2023.

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Ambos proyectos requieren de una inversión de $630 millones. De ese monto, $130 millones son para disminuir la cantidad de agua no contabilizada, el crédito fue aprobado desde 2015 por el banco alemán KFW.

“Ellos (los constructores) siguen insistiendo en que no hemos sido eficientes o que ha habido incapacidad, porque esa palabra les encanta utilizarla”, reiteró la jerarca del AyA.

Lanza reto

Uno de los puntos señalados por los constructores es que nuevos proyectos de infraestructura como centros comerciales, condominios y otros no están contando con disponibilidad de agua para su desarrollo.

La disponibilidad de agua es una gestión que realiza el desarrollador de un proyecto para obtener una certificación que le permita luego obtener los permisos de construcción.

“Que me prueben si hemos parado algún proyecto por falta de agua, dígale a ellos que nos lo prueben. La queja del año pasado de la Cámara es que durábamos mucho en dar disponibilidades de agua, pero en la actualidad estamos al día con ese trámite”, sostuvo Astorga.

De acuerdo con datos suministrados por el AyA, al pasado 2 de marzo solo estaban pendientes dos solicitudes de ese tipo correspondientes al mes de enero.

Además, de las 683 gestiones ingresadas en febrero, ya fueron expedidas 322. “Estamos al día, antes durábamos varios meses, honestamente”, concluyó la jerarca.

¿Por qué falta agua?

Según el AyA, durante la época seca el sistema de acueductos enfrenta un déficit de agua. Eso se suma al aumento en el consumo de agua en los meses de verano.

De acuerdo con datos oficiales, en diciembre anterior la demanda era de 5.900 litros por segundo, mientras que en los primeros días de marzo el registro ha llegado hasta 6.900 litros por segundo.

Esos factores, sumados a la poca planificación de inversión en infraestructura para mejorar la distribución de agua, ha provocado una crisis de racionamientos de agua, en medio de la lucha del país por contener la propagación del nuevo coronavirus.

Los cantones más afectados de la Gran Área Metropolitana (GAM) son Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, La Unión, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, San Pablo, Santa Ana, Tibás y Coronado.