EscucharLos integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) tardaron casi dos meses en atender un oficio enviado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) relacionado con el proyecto de ley que pretende aumentar de 15 a 20 años la vida útil de los autobuses en el país.
De acuerdo con documentos en poder de La Nación, el 21 de noviembre, Melissa Benavides Víquez, directora ejecutiva de Conapdis, remitió al CTP un criterio técnico en el que exponían las razones para objetar el proyecto de ley. Sin embargo, la nota permaneció engavetada hasta el 11 de enero, cuando los directivos la revisaron durante una sesión y la trasladaron a la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Asuntos Jurídicos “para lo que corresponda”.
Según confirmó el CTP, hasta este miércoles 18 de enero no se ha dado una respuesta a los argumentos expresados por esa organización.
El Conapdis manifestó que la aprobación del expediente legislativo 22.530: “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid-19″, para elevar en cinco años el uso de las unidades de transporte público, no es “proporcional ni razonable”.
Para justificar esa posición, el ente rector en materia de discapacidad, expone que los autobuseros tuvieron 15 años para hacer la renovación gradual de sus flotillas y no lo hicieron. También, señalan que no existen estudios técnicos que respalden el proyecto de ley.
Otro de los argumentos esbozados es que los empresarios de transporte público tienen 26 años sin cumplir con las exigencias de ley para garantizar el acceso de personas con discapacidad a los buses y que, a la hora de gestionar el texto legislativo, no se realizó una consulta a la población con discapacidad.
“Se concluye que el proyecto tiene carácter regresivo en derechos humanos, violenta el deber de consulta estrecha de la población con discapacidad”, reprochó el Conapdis.
Desde la semana anterior, se solicitó a Erick Ulate, representante de los usuarios en la Junta Directiva del CTP y aspirante a Defensor de los Habitantes, una entrevista para conversar sobre este tema, pero no ha sido posible. Primero, Ulate confirmó una cita para el viernes 13 de enero a las 10 a. m., pero luego canceló por un compromiso personal y agregó que “prefería no hablar” sobre la ampliación de la vida útil de los autobuses.
Además, dijo que, semanas atrás, ya había dado declaraciones al respecto. El martes 17 de enero se le volvió a pedir una entrevista, pero dijo que está resfriado y necesita tiempo para recuperarse.
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Otras ayudas
Conapdis también recordó al CTP que los autobuseros recibieron ayudas estatales durante la pandemia para paliar la reducción en la demanda de pasajeros.
Por ejemplo, citó, a las empresas transportistas se les permitió reducir horarios, jornadas laborales y salarios de sus trabajadores, así como el número de unidades en operación.
También señalaron que, para el año 2021, se les exoneró hasta el 25% del canon que deben pagar a Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y se les redujo la carga impositiva del marchamo para ese mismo año.
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“Se observa que el Estado ha implementado medidas de mitigación, sin embargo, no se presenta en el proyecto de ley, los resultados en la gestión financiera de las empresas autobuseras”, destacó Conapdis.
