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El Consejo de Transporte Público (CTP) decidió este viernes levantar la voz contra las plataformas tecnológicas de transporte privado de personas en el país.
Con ese objetivo aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que, en su calidad de abogado del Estado, presente una demanda formal ordinaria contra esas empresas que operan en Costa Rica sin tener una regulación legal.
La intención de la Junta Directiva de ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es “que se resuelva el cierre definitivo de esas operaciones en el país”.
De igual manera, los directivos presentaron una solicitud ante el regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez, para que gestione ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el bloqueo inmediato de las plataformas digitales de las compañías Uber, In Driver y Didi.
Esas plataformas se pueden descargar en las tiendas de aplicaciones desde cualquier teléfono inteligente.
Desde que Uber comenzó operaciones en Costa Rica, en el 2015, el Estado no ha logrado resolver el vacío legal para la operación de esas y otras firmas que se han sumado desde entonces.
Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo, comparó el uso de esas plataformas de transporte con la piratería tradicional y aseguró que, por esa razón, deben desconectarse de inmediato las aplicaciones.
“Esto es una actividad totalmente ilegal, irregular, que no está con la autorización del Consejo de Transporte Público y por consiguiente movilizarse en estas condiciones, igual que la piratería tradicional que conocemos, pone en riesgo la salud y la vida de las personas”, afirmó Vega.
Aplicación exclusiva para taxis
Las acciones del Consejo de Transporte Público ocurren a pocas semanas de que ese mismo órgano anunciara el próximo lanzamiento de su propia aplicación móvil, llamada Batsë.
Esa plataforma reunirá a 11.800 taxistas formales, quienes estarán obligados a usar la aplicación, con el propósito de fiscalizar y nivelar su servicio, frente al brindado por Uber, In Driver y Didi.
Aún en últimos detalles, esa aplicación móvil representaría el inicio de un proceso de modernización del transporte público individual a partir de la tecnología, para ayudar a taxistas a dinamizar su operación, afectada desde la llegada de Uber al país.
En una entrevista ofrecida a La Nación en diciembre pasado, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que la operación de los servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas no se han logrado regular porque “no se respeta la voluntad técnica y prima la voluntad política”.
Mata aseguró que desde que la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa descartó la propuesta original del proyecto de ley presentada por ese ministerio, el tema quedó en manos de los diputados y “ha costado el camino”.
En medio de las diferencias entre diputados de algunas fracciones y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como entes adscritos y otras instancias gubernamentales, el proyecto se ha quedado varado sin que se vislumbre un acuerdo político.
Actualmente, en periodo de sesiones extraordinarias, donde el Gobierno controla parte de la agenda legislativa, el proyecto de ley no figura entre las iniciativas convocadaspara discusión.
Pese a que el servicio todavía sigue sin regulación, desde el 18 de diciembre pasado los usuarios de Uber deben pagar el impuesto al valor agregado (IVA) por cada viaje que realicen mediante esa y otras plataformas tecnológicas.
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