El decreto firmado por el presidente Rodrigo Chaves que excluye a China como proveedor de redes y soluciones 5G en Costa Rica, pondría fin a una relación millonaria entre la firma asiática Huawei y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), su mayor cliente local en el negocio de telefonía móvil.
El decreto Nº 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto anterior, dispone que solo se podrán adquirir equipos o programas para 5G a empresas que provengan de naciones firmantes del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001. China, de donde procede Huawei, no lo firmó.
La decisión afectaría 60% del negocio de Huawei aquí (como proveedor del ICE), según las afirmaciones que hizo Yang Peng, gerente general con facultades de representante general de la empresa china, en un recurso de amparo contra el Instituto presentado la semana anterior ante la Sala Constitucional.
Las cifras históricas confirman el peso de ese vínculo. En tres años, el ICE le dio a Huawei contratos por $137,9 millones para desarrollar redes 4G de telefonía, como lo indicó la Auditoría Interna del ICE en un informe de 2019, en el cual cuestionó la contratación, cuyo monto original era $19,4 millones en el 2015.
A esa cifra inicial, se le agregaron $44,3 millones en prórrogas y $74,2 millones en inyecciones presupuestarias entre el 22 de setiembre de 2015 y noviembre de 2018, como parte del procedimiento de excepción 2015CD-00157-PROV “Adquisición de equipos y servicios y soluciones interiores para la red móvil modalidad entrega según demanda”, ligado a las redes 4G del ICE.
Desde 2019, la Auditoría cuestionó el contrato porque nunca existió estimación económica inicial de la necesidad a satisfacer ni del presupuesto para ello y por un “uso excesivo de procedimientos de excepción”, como indica un reporte dentro del estudio de Control Interno AUNT/07/UE/ET/2019: Evolución Tecnológica e Inversiones en Telecomunicaciones, en ejecución.
Según el reporte, esos contratos de excepción diluyen controles y garantías de transparencia que un procedimiento ordinario de contratación sí da.
Denuncia ante CGR
La Auditoría Interna, por ejemplo, descubrió que nunca hubo certeza de si los recursos financieros institucionales tuvieron un uso eficiente y si lograron la consecución del interés público con el procedimiento de excepción 2015CD-00157-PROV.
“El crecimiento desproporcionado de los contratos respecto a los montos originales, evidencia la ausencia de modelos adecuados de control, no solo dentro del procedimiento de selección del tipo de contrato a utilizar, sino también para su fase de ejecución”, concluyó.
De hecho, el 8 agosto de este año, la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec) puso una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue si dicho procedimiento de excepción se autorizó para luego adjudicar, sin que en apariencia existieran estudios previos para descartar mejores alternativas de mercado.
La denuncia está en etapa de admisibilidad.
Ese trámite de excepción fue autorizado por la Gerencia de Telecomunicaciones el 8 de julio de 2015, según carta 6000-865-2015. Luego, el 1.° de septiembre de ese año, la Junta de Adquisiciones del ICE, en su sesión 361, adjudicó el contrato a Huawei.
Según Anttec, con esa decisión el Instituto podría haber promovido una contratación directa que habría incumplido un requisito incluido en una norma que el ICE utilizó como base jurídica: el artículo 112 (inciso r) del Decreto Ejecutivo 35148-MINAET del 24 de febrero de 2009.
Ese inciso dice que si el ICE compra equipo tecnológico a un proveedor, y si decide comprarle más, debe tener en cuenta que el precio sea razonable y especialmente haber descartado la existencia de mejores alternativas en el mercado.
La dación
Otro hecho que destaca en esta relación ICE-Huawei es la dación mediante la cual resolvieron una multa.
Esta se relaciona con la adjudicación que el Instituto hizo a esa empresa en 2009 de un proyecto por $235 millones, en el cual la última le arrendó por cinco años un sistema de telefonía móvil basado en la red 3G; conforme el contrato para la licitación pública 2008000051PROV.
Siete años más tarde, el Instituto le abrió a la firma china un procedimiento sumario para cobrarle $6,7 millones por incumplimientos contractuales entre el 2011 y el 2014 pero, en vez de pagarle la multa, Huawei le propuso al ICE una dación: entregar un bien o servicio a cambio de saldar una deuda.
Esto le abrió a la asiática las puertas a otro millonario negocio en el ICE como proveedor de transporte de Internet sobre enlaces fijos.
Medida cautelar
Ante el riesgo del rompimiento de esta relación comercial, el representante de Huawei alegó ante la Sala IV que la firma se quedaría sin acceso a participar como proveedor de 5G, porque el ICE le preguntó si cumplía con lo dispuesto por el decreto Nº 44196-MSP-MICITT.
Su compañía, agregó el empresario, tenía intención de participar para convertirse en proveedor de 5G, pues por varios años ha proveído soluciones en 4G, como reveló el informe de Auditoría del ICE.
Por esta razón, Huawei pidió a la Sala ordenar como medida cautelar que se suspenda la publicación de cualquier pliego o, en caso de que ya esté publicado, congelar cualquier licitación por parte del ICE en el que se aplique la disposición del decreto mientras se resuelve el recurso de amparo.