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Por primera vez en la historia del país, una institución pública dejó de aplicar la convención colectiva firmada con sus trabajadores. La decisión aplica desde el 4 de abril, día en que la la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) envió un escrito al Juzgado de Trabajo de Limón en el que comunicó el fracaso del proceso de renegociación con el sindicato y solicitó la conformación de un tribunal de arbitraje para tratar de llegar a un acuerdo.
Andrea Centeno Rodríguez, quien fue presidenta ejecutiva de Japdeva de marzo del 2019 al 8 de mayo del 2022, explicó que, luego de consultar a asesores legales y criterios del Ministerio de Trabajo, se determinó que la comunicación al Juzgado de Trabajo permitía la desaplicación de la convención colectiva.
Por lo tanto, desde entonces la entidad dejó de pagar subsidio de alimentación, incentivos para la compra de anteojos, equipo ortopédico, permisos con goce salario para mudanzas, matrimonio de hijos, fallecimiento de abuelos, días adicionales de vacaciones, bonos de productividad, pluses por trabajar en alturas o por “riesgo policial” para los guardas de seguridad de los muelles.
También se dejaron de girar aportes para el fondo de ahorro de los empleados, subsidios extras para los empleados incapacitados y se fijó el tope para el pago de cesantía en ocho años, tal y como lo establece el Código de Trabajo (por convención, eran 12 años). De acuerdo con datos oficiales, entre 2018 y 2021 cubrir las obligaciones derivadas de la convención colectiva costó ¢33.600 millones, aproximadamente.
En su escrito al juez, Centeno expuso las dificultades para llegar a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y argumentó una “desaveniencia total”, pues esa organización solo estaba dispuesta a modificar un artículo.
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En principio, el Juzgado de Trabajo rechazó la petición de Japdeva, pero el 1.º de junio, el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica declaró con lugar un reclamo presentado por la entidad pública. De esa forma, anuló la primera resolución y ordenó resolver basado en lo que establece el Código de Trabajo cuando la negociación de una convención colectiva fracasa. El caso se tramita bajo el número de expediente 22-000151-0679-LA.
En paralelo a la desaplicación de la convención colectiva, el Consejo de Administración de Japdeva actualizó el Reglamento Autónomo para regular aspectos como horarios y otros con los 463 trabajadores que mantiene la Junta.
“En junio de 2021 llamamos al sindicato y les dijimos: ‘ahora sí empezamos el proceso, nos podemos sentar a negociar’. El sindicato llega. En la primera sesión uno trata de definir las reglas del juego, la periodicidad de las reuniones, los representantes y la dinámica. Fuimos muy claros. Dijimos que estábamos en una nueva cancha de juego. El sindicato llegó sin asesor y totalmente desinformado. Hubo que explicarles los nuevos procedimientos y que ojalá nos pusiéramos de acuerdo, porque, de lo contrario, hay formas a las que no queríamos llegar y lo advertimos desde el primer día”, declaró Centeno a La Nación, este miércoles.
Relató que los sindicalistas pidieron un mes para estudiar la propuesta de la administración y pronunciarse. “Cuando pasó el mes nos dijeron que no estaban de acuerdo con la totalidad de nuestra propuesta y empezaron a cambiar las reglas del juego. No pudimos ni siquiera entrar a negociar”.
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Agregó que en ocasiones los sindicalistas se presentaron a las sesiones de diálogo, pero frente a situaciones que les generaban dudas pedían tiempo para discutir en privado y desaparecían por más de dos horas. En total, hubo cinco reuniones entre patrono y trabajadores.
En un comunicado enviado a sus afiliados, Sintrajap calificó la decisión de Japdeva como “terrorismo laboral” y aseguró que violentan sus derechos sindicales.
Según el departamento de Presupuesto y Contabilidad de Japdeva, en 2018 el costo de la convención colectiva fue de ¢12.700 millones, en 2019 bajó a ¢11.060 millones debido a la reducción de la planilla por la reestructuración, en 2020 volvió a disminuir a ¢6.100 millones y en 2021 cayó a ¢3.700 millones. La proyección, bajo la propuesta planteada por Japdeva, es que el costo de la nueva convención colectiva fuera de ¢2.200 millones, aproximadamente.
Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, dijo en un audio enviado a sus afiliados: “Sobre el tema de desaplicar la convención colectiva de forma unilateral; de forma violenta; de facto, hemos puesto un recurso de amparo para ver cómo protegemos los derechos de todos (...) En estos momentos difíciles hay que mantener la cabeza fría, corazón caliente y cabeza fría, nada hacemos desesperándonos, tranquilidad en estos momentos”.
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Wells agregó que, desde su perspectiva, la decisión de Japdeva es una violación al Estado de Derecho.
En los últimos años, Sintrajap ha perdido fuerza por la salida de cientos de trabajadores por la reestructuración de la entidad y por fallidos procesos de huelga, como el que pretendió la paralización de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Por décadas, la organización mantuvo control sobre aspectos claves como el reclutamiento de personal, sustitución de trabajadores y definición de sanciones en caso de faltas.
Ahora, lo que queda pendiente es que el Juzgado de Trabajo resuelva la petición de Japdeva para sentarse a negociar con el sindicato, desde cero, una nueva convención colectiva.
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