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Aunque es una obligación de todo trabajador no faltar a su puesto y no llegar tarde, la Municipalidad de San José da tres días adicionales de vacaciones a los funcionarios que, durante un año, no registren ausencias o tardías. El beneficio es, según la convención colectiva firmada entre seis sindicatos y la administración, un “estímulo” para los 2.800 empleados municipales.
La convención colectiva estipula 17 días hábiles de vacaciones para los colaboradores con cuatro años de antigüedad, 22 días hábiles para los que poseen más de cinco años de servicio y 30 días hábiles para los que contabilizan más de diez años. A esos periodos, si la persona no llegó tarde o faltó, se le suman los tres días de “estímulo”.
Además, los trabajadores gozan de medio día libre pagado el 2 de noviembre de cada año “para visitar a sus queridos ya fallecidos”, hasta dos días libres con goce de salario para preparar apelaciones en procesos de despido, pago del 80% de los gastos odontológicos y subsidios para comprar lentes, aparatos ortopédicos, prótesis dentales y útiles escolares.
La convención colectiva también fija tope de cesantía de 20 años, becas anuales de hasta $100 para, al menos, tres sindicalistas, ayudas de ¢15.000 a los trabajadores en caso de muerte de cónyuges, hijos y abuelos y seis entradas para cada funcionario para asistir a los toros de Zapote.
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No obstante, esos y otros beneficios fueron denunciados por la Municipalidad de San José a través del oficio DMS-1393 del 22 de febrero anterior. En total, la administración denunció 30 de los 64 artículos de la convención colectiva vigente con el objetivo de eliminarlos o ajustarlos, el siguiente paso es renegociar cada punto con los seis sindicatos firmantes.
A pesar de la denuncia, Paula Vargas, alcaldesa de la Municipalidad de San José, omitió denunciar aspectos importantes, como el pago de dietas millonarias a los integrantes de la Junta de Relaciones Laborales. Solo entre enero de 2021 y marzo de 2022, el municipio tuvo que cancelar ¢107 millones a once sindicalistas por participar en las sesiones de ese órgano.
Por cada cita, los representantes titulares de la Junta reciben ¢183.000 y los suplentes ¢92.000. En algunos casos, los líderes sindicales cobraron hasta ¢12,6 millones por concepto de dietas el año pasado.
Otro aspecto que la Municipalidad no denunció fue la entrega de becas para estudiar a funcionarios y licencias con goce de salario para ese fin.
Silencio
Pese a contar con una Dirección Jurídica institucional, para renegociar la convención colectiva, la Municipalidad de San José contrató, en abril de 2020, por ¢30 millones al bufete BDS Asesores Jurídicos.
La licitación abreviada fue publicada en el Sistema Único de Compras Públicas (SICOP) el 2 de marzo de 2020; el Ayuntamiento estableció que el bufete interesado debía tener, al menos, tres abogados con cinco años de experiencia en materia laboral.
También exigió, entre los requisitos, demostrar experiencia de cinco años en la asesoría de instituciones públicas, haber negociado por lo menos tres convenciones colectivas después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tener un área especializada en litigio laboral que haya asumido la representación legal de nueve entes públicos en los últimos cinco años y demostrar experiencia en la elaboración de normativa interna para el sector público.
Se consultó, el jueves pasado, a la alcaldesa capitalina cuál fue la recomendación de BDS Asesores Jurídicos sobre la denuncia de la convención colectiva, si los especialistas sugirieron la denuncia parcial o total de la convención, pero al cierre de esta información no ha contestado.
Susan Quirós, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, organización con 600 afiliados, expresó que no están de acuerdo con la denuncia presentada por la institución, pues pretenden eliminar ayudas bajas para pago de lentes o aparatos ortopédicos y se conservan transferencias millonarias a cúpulas sindicales por asistir a las reuniones de la Junta de Relaciones Laborales.
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“Ese pago es absolutamente desproporcionado e irracional. Es cierto que es legal porque está fijado en la convención colectiva, pero no es moral ni es ético. Ese pago ha sido utilizado por la Municipalidad para lograr la complicidad de los sindicatos que las perciben”, declaró Quirós.
“Consideramos que a los representantes sindicales no se les debería pagar una dieta por ir a representar a los trabajadores en la Junta de Relaciones Laborales, porque eso es parte de las funciones de un líder sindical, es parte de los compromisos que asume cuando acepta el cargo. Entonces no se les debería pagar”, agregó la mujer.
La semana recién concluída, el regidor municipal Diego Miranda anunció que acudirá a la Sala IV a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el pago de dietas para los miembros de la Junta de Relaciones Laborales.
