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Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solicitó a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva de del Instituto Nacional de Seguros (INS), los documentos relacionados con la discusión y aprobación de un alza salarial de 1,7% para los trabajadores de esa entidad pública.
El aumento, que aplica de forma retroactiva desde enero del presente año, para 2.470 funcionarios, fue declarado confidencial por la Junta Directiva del INS, contrario a lo que establece la legislación nacional. Según la institución, el ajuste tendrá un costo de ¢622 millones anuales; esa cifra incluye el pago de cargas sociales.
La legisladora socialcristiana argumentó que el Código de Ética y Conducta del INS, la Política sobre Transparencia, Confidencialidad, Acceso, Clasificación y Manejo de la Información y la Ley del INS no especifican que la información financiera y legal relacionada con mejoras salariales sea confidencial.
Entre lo que sí está considerado como confidencial figuran los datos de asegurados o eventuales asegurados, información del “fuero interno” como origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida y orientación sexual, entre otros.
Además, es confidencial la información bancaria, financiera, crediticia y la vinculada a las actividades del INS que califique como secreto industrial, comercial o económico.
“Al tratarse de un tema salarial, que se verá reflejado en los estados financieros del INS, y no corresponde a un tema de competencia, estrategia o de interés comercial considerado secreto industrial, comercial o económico, los costarricenses tenemos el derecho a conocer los fundamentos para declarar esta información de carácter confidencial y, adicionalmente, proceder con el aumento”, comentó Rojas.
Según la oficina de prensa de Rojas, el plazo que tiene el INS para entregar los documentos solicitados vence este lunes 3 de octubre. De no remitirse lo requerido, la congresista podría presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
La Nación contactó, este sábado, a la jerarca del Instituto para consultar si enviarán los documentos a la diputada del PUSC, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular. También se trató de localizarla a través de Ilse Chango, jefa de prensa del INS, pero tampoco contestó las llamadas y mensajes.
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“Es un tema que toca temas de competencia, ya son asuntos de interés comercial. Así como el Instituto no puede revelar asuntos estratégicos o asuntos especiales de sus productos, de servicios y tarifas. Diay... tampoco le corresponde revelarle a nadie, por temas de competencia, cuánto le va a aumentar a sus funcionarios”, manifestó Luis Fernando Monge, gerente general del INS, en una entrevista realizada el 20 de setiembre.
