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Gerardo Vargas Varela, diputado del Frente Amplio, gestionó dos reuniones en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para cuestionar con un grupo de autobuseros la nueva metodología para calcular las tarifas de buses.
En ambas ocasiones, el legislador aseguró que las citas eran para conocer los detalles del nuevo método. Sin embargo, llegó a los encuentros acompañado de tres transportistas, sin previo aviso.
Una de las empresarias que asistió con él fue Maritza Hernández , representante del Consorcio de Transportes Cooperativos Metrocoop, investigada por la Fiscalía por un supuesto fraude contra la hacienda pública.
Esta compañía maneja tres rutas de bus en Alajuelita y Hatillo. Hernández también es presidenta de la Cámara Nacional de Transportistas.
La última cita tuvo lugar el pasado 16 de mayo, con el nuevo regulador general, Roberto Jiménez. Cinco meses antes, el 17 de diciembre del 2015, Vargas también gestionó otra reunión, pero con Dennis Meléndez, quien entonces encabezaba la Aresep.
La oficina de prensa de la Autoridad Reguladora confirmó que el congresista no les informó sobre quiénes asistirían.
Vargas alega que no dijo los nombres de sus acompañantes porque nadie le preguntó.
Además, negó que esos encuentros fueran para defender los intereses de Hernández o de los otros dos autobuseros con quienes acudió a las reuniones: Jorge Arturo Herrera, de la Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados R. L. (Coopana R. L.) y Carlos López, de Transporte del Atlántico Caribeños (Tracasa).
“Le puede preguntar a don Dennis y a don Roberto si en algún momento se mencionó algo que tenga que ver con las empresas de ellos. Nunca se mencionó una sola palabra de las empresas de ellos. Únicamente se ha hablado del tema tarifario, nada más”, argumentó Vargas.
El cobrador de la Caja, Roberto Mora, fue quien denunció las gestiones del legislador ante Aresep. En su criterio, la gestión del diputado es “claramente inconveniente”.
Ante tal aseveración, Vargas se defendió: “Si hay personas que creen que lo que estoy defendiendo es a empresarios privados que están cuestionados, diay, que los lleven a los tribunales, y que sean los tribunales los que juzgan a esas personas; no soy yo”.
Amenazas. La nueva metodología, según Maritza Hernández, los obligaría a despedir a cientos de choferes, pues no reconoce en los pasajes los gastos por pago de horas extra.
También sostiene que no les permitiría cubrir por completo los costos de mantenimiento y operación de las rutas.
Bajo la nueva propuesta, la Aresep define los costos en que incurren los autobuseros según la frecuencia de horarios. Mientras, en el pasado se reconocía un monto fijo para los salarios de los empleados, sin tomar en cuenta las características de las rutas.
Además, los estudios de demanda deberán ser realizados por la Aresep o el Consejo de Transporte Público y no por los mismos autobuseros, como ocurría anteriormente sin ningún tipo de control.
Estos estudios son la base para el cálculo de las tarifas. Cuanto menor sea la cantidad de pasajeros, mayor es la tarifa.
La Autoridad comunicó este mes que revisaría la tarifa de seis empresas por la aparente alteración en la cantidad de pasajeros , una de las compañías cuestionadas es Metrocoop. La decisión se tomó tras conocer un estudio de la Universidad de Costa Rica.
La Defensoría de los Habitantes y Consumidores de Costa Rica también criticaron el modelo.
Por ejemplo, les genera preocupación que la Aresep vaya a determinar el valor de los autobuses, de acuerdo con el valor fiscal “poco fiable” que maneja el Ministerio de Hacienda.
Ante esos cuestionamientos, el nuevo regulador general, Roberto Jiménez, no descartó que se puedan hacer modificaciones a la normativa.
Adujo que hay varios recursos de revocatoria que deben ser analizados y que, además, la Aresep revisará de forma periódica los modelos de cálculo tarifario.
La nueva fórmula fue aprobada por la Autoridad en enero, y publicada en La Gaceta en marzo. El anterior régimen data de 1994.
En el país funcionan 690 rutas de transporte público de autobús, 261 bajo concesiones y 429 con permisos “en precario”.
