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Los conflictos entre el regulador general de servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, y los otros tres miembros de la Junta Directiva de la Aresep, van en aumento.
Ahora, los tres directivos lo denunciaron ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), a la cual le piden investigar si Jiménez habría incurrido en alguna falta al deber de probidad.
Los denunciantes consideran que el jerarca habría incurrido en esa infracción al no informarles de la tramitación en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley 22.064, que pretende reformar los artículos 31 y 82, así como adicionar un transitorio a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Este plan permitiría que las tarifas que pagan los usuarios de servicios de luz, agua, combustible, taxi y otros nutran una gran bolsa para costear millonarias demandas presentadas por autobuseros contra Aresep, quienes reclaman ser indemnizados por errores que cometió esa entidad en la fijación de tarifas de buses.
La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso lo consultó al regulador general, Roberto Jiménez sobre el proyecto, y este dio su aprobación por escrito en el oficio OF-0888-RG-2020 del 24 de setiembre.
Los otros tres miembros de la Junta, por el contrario, consideran el plan como perjudicial y lesivo para los demás sectores regulados. Según ellos, se afectaría a usuarios sin vínculo con autobuses, porque el plan de ley les sacaría del bolsillo dinero para pagarle a los transportistas por sus demandas.
Precisamente, por esas consideraciones es que estiman que debieron haber sido informados por el regulador de la consulta que envió la Asamblea Legislativa.
Para una publicación anterior sobre el proyecto de ley, Roberto Jiménez dijo a La Nación que no consultó a la Junta Directiva porque ese órgano, del cual él es parte, carece de competencia para responder a los diputados. Afirmó, que esa potestad solo pertenece al regulador.
La queja de los directivos se planteó en dos denuncias, DEP-012-2021 y DEP-023-2021, las cuales fueron acumuladas en un solo expediente y se encuentran en etapa de investigación preliminar, según la resolución de la PEP del 15 de febrero, AEP- RES-INTER-3-2021.
La PEP es una oficina de la Procuraduría General de la República especializada en la prevención, detección y erradicación de la corrupción en la función pública.
Esta solicitud de investigación es el último de una cadena de desencuentros entre el regulador y los tres miembros restantes de la Junta Directiva de Aresep, máximo órgano de esta entidad responsable de la fijación de tarifas y vigilancia de la calidad de los servicios públicos.
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La Nación intentó, la tarde de este martes, consultarle al regulador general sobre las denuncias, sin embargo, su celular estaba apagado y tampoco hubo respuesta de la oficina de prensa.
Los directivos Sonia Muñoz Tuk, Jorge Blanco Roldán y Ana Lorena León Marenco también acudieron el mes pasado al Consejo de Gobierno para solicitar una audiencia con el fin de exponer “situaciones complicadas y tensiones en el seno de la Junta”.
Así lo manifestaron en la nota del 19 de enero, en la cual gestionan que el Gobierno ayude a “encontrar una salida que permita la buena marcha de la institución”.
Al ser consultados por La Nación, se declararon “profundamente sorprendidos” por la situación que viven en la sesiones en las que, según ellos, hay inobservancia de la normativa legal y reglamentaria.
Atribuyeron la “preocupante” situación a actuaciones del regulador.
“Hemos tratado en muchas ocasiones de que recapacite acerca de la forma en que procede con lo relacionado a las sesiones de la Junta, pero no atiende razones. Creemos que el conflicto se da porque hay ocasiones en que no coincidimos con sus criterios y eso lo molesta, pero nosotros creemos que disentir es nuestro derecho”, señalaron en una respuesta conjunta enviada a este diario.
Roberto Jiménez, por su parte, declinó referirse al conflicto.
“El regulador desconoce de este asunto y que haya sido presentado ante el Consejo de Gobierno”, respondió la oficina de prensa.
Para justificar su pedido al Consejo de Gobierno, los directivos afirmaron que Jiménez incumple acuerdos votados porque dice que a su parecer son ilegales y no debe cumplirlos.
“Hay atrasos permanentes en la redacción de las actas para ratificación de la Junta Directiva, también de las actas aprobadas que se publican en la página de Internet por razones de transparencia y rendición de cuentas, y todo en general presenta serios atrasos”, respondieron.
También señalan que Jiménez rehúsa efectuar sesiones extraordinarias de ciertos temas cuando los tres miembros así lo solicitan, pese a que el Reglamento de Sesiones de la Junta Directiva establece esa posibilidad con la solicitud de solo dos miembros. Los temas, sin embargo, no se discuten.
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Frente a las quejas, el Gobierno parece tomar distancia.
Geannina Dinarte Romero, ministra de la Presidencia, dejó plantados a los directivos luego de citarlos a una reunión virtual el 20 de enero.
Dinarte confirmó que, por cambios y ajustes en su agenda, canceló el encuentro. Luego, dijo, el 27 de ese mismo mes tuvo que hacer aislamiento preventivo por sospechas de covid-19, lo cual provocó nuevos cambios en su plan de trabajo.
Cuando se le consultó sobre la posición del Ejecutivo sobre las diferencias en la Aresep, citó los asuntos presentados ante la Procuraduría de la Ética.
“Se han conocido dos situaciones en particular sobre algunos miembros de la Junta Directiva, no obstante estos casos fueron remitidos con anterioridad a la Procuraduría de la Ética Pública, que se encuentra analizándolos. Lo responsable es entonces resolver sobre estas situaciones hasta que haya un pronunciamiento de la Procuraduría”, contestó.
El proyecto de ley
La iniciativa de ley que dio origen a las denuncias fue presentada por el diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana.
De aprobarse, todos los cánones que pagan servicios regulados con las tarifas de sus usuarios caerían en una sola bolsa, de la cual saldrían las indemnizaciones que reclaman los autobuseros.
Los transportistas han presentado desde 2007 cientos de demandas en la vía contencioso administrativa debido a un error de la Autoridad Reguladora en la metodología para calcular pasajes.
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Solo 29 de esas demandas implican pagos estimados en ¢16.535 millones y un número similar está sin calcular.
La propuesta, mediante el nuevo transitorio, también propone condonar a los autobuseros 25% del canon del 2020, entre otros beneficios para el pago.
Aunque el proyecto llegó a la agenda de plenario y estuvo a punto de ser votado en primer debate, el Gobierno se vio forzado a retirarlo luego de que los directivos de la Aresep alertaron de que ellos no fueron consultados de la iniciativa.
Otros choques
El conflicto en la cúpula de la Aresep también se evidencia en otros choques durante el 2020.
En setiembre, un recorte de ¢506 millones para disminuir el gasto de la Aresep del 2021 en asesorías, horas extra y viajes al exterior, entre otros, motivó una fuerte reacción de Jiménez quien acusó a los directivos que aprobaron el recorte de “andar peseteando”.
“Solo demuestra que no se está a la altura de los tiempos ni de los puestos que se ostentan”, expresó en aquella ocasión Jiménez en referencia a los directivos y sus decisiones. Así consta en el acta de la sesion del 29 de setiembre.
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En diciembre, la propia contralora general de la República, Marta Acosta Zúniga, cuestionó a Jiménez por recriminarle la reunión que sostuvo con León, Muñoz y Blanco, sin que él estuviera presente.
Jiménez le pidió a Acosta explicarle la validez y legalidad del encuentro, así como detallarle los temas discutidos.
Acosta no solo se negó a responderle, sino que le recordó que la Junta Directiva de la Aresep es su superior jerárquico en todas las competencias que le corresponda y que no está supeditada en su accionar a la voluntad del regulador como presidente del órgano.
“Lo que sí es por completo excepcional, restrictivo y opuesto a la independencia es que se cuestione que algunos directivos puedan plantear de manera individual temas ante la Contraloría General, sin autorización o acuerdo previo”, aseveró Acosta.
“Cuestionamientos de esta naturaleza riñen con la transparencia y legalidad que precisamente usted (Jiménez) reclama con vehemencia y asegura defender”, le indicó por escrito en el oficio 19567 del 10 de diciembre pasado.
