EscucharAl final de su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) y quienes fueron suspendidos por el Consejo de Gobierno el mes anterior, pidieron a los diputados investigar lo que sucede en esa entidad.
Ambos expresaron que su posición crítica frente a varias propuestas de la Presidencia Ejecutiva del INS les costó la apertura de cinco procedimientos administrativos por presunta discriminación, uso excesivo de la palabra, irrespeto a las jerarquías y ausencias injustificadas, entre otras causas.
Por ejemplo, Carvajal y Elizondo votaron contra el aumento salarial retroactivo aprobado en agosto del año anterior para los trabajadores de la aseguradora estatal. Además, cuestionaron la intención de contratar a una agencia de las Naciones Unidas por $44,6 millones para la actualización de sistemas informáticos así como contra la intención de comprar una empresa aseguradora en Guatemala.
Según expusieron, cada pesquisa en su contra fue abierta luego de cuestionar decisiones o pedir explicaciones por proyectos de contratación o inversión. Aseguraron, también, que desde el año anterior fueron separados, sin ninguna explicación, de comités y juntas directivas de subsidiarias del INS.
Además, según los directivos, han sufrido de supuesto acoso laboral al punto de que fueron presionados para autorizar una revisión de las computadoras institucionales que utilizaban para sus labores.
Precisamente, Carvajal y Elizondo fueron convocados por los legisladores para referirse a esa revisión de dispositivos electrónicos y a la aprobación del incremento salarial retroactivo.
“Yo soy un directivo suspendido y muy posiblemente en los próximos días voy a ser sancionado y ya no voy a estar más en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, eso lo tengo muy claro. Sin embargo, les pido que investiguen a fondo al Instituto, es importante intervenir en este momento”, comentó Carvajal.
Agregó que se debe recordar que “una parte importante” de las ganancias del INS son transferidas a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Cuerpo de Bomberos y al Ministerio de Hacienda.
Por su parte, Elizondo señaló que antes de la apertura del mercado de seguros en el país, en 2008, el INS tenía 2.000 empleados aproximadamente. No obstante, en la actualidad la planilla supera los 7.000 funcionarios y desde la entrada de empresas competidoras perdieron el 30% del mercado.
Joselyn Alfaro, periodista y asesora de la presidenta ejecutiva del INS, dijo que no emitirán declaraciones ante las manifestaciones de Carvajal y Elizondo.
Revisión de computadoras
El Instituto Nacional de Seguros ordenó que expertos en informática de la empresa GBM Costa Rica revisaran las computadoras asignadas a los integrantes de la Junta Directiva para determinar si alguno de ellos filtró el acta de la sesión en que se discutió y aprobó el aumento salarial retroactivo para más de 2.000 trabajadores.
El 20 de setiembre, un día después de una entrevista con La Nación, Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, se presentó a la sesión de la Junta Directiva y expresó que sospechaba que alguno de los otros seis directivos divulgó el acta del 23 de agosto de 2022, día en que se avaló el alza en las remuneraciones.
Contrario al criterio de la Sala Constitucional, la jerarca del INS sostuvo que ese documento era confidencial y afirmó que filtrarlo a los medios de comunicación representaba una violación a la confianza de la Junta Directiva.
“La persona que haya hecho esa filtración de información lo hizo intencionalmente por dañar la institución”, dijo Araya en la sesión 9.747, realizada el 20 de setiembre.
De acuerdo con el acta de esa reunión, la presidenta ejecutiva agregó: “Esto no se va a quedar así y en lo personal voy a pedir una investigación (...) cuando se pierde la confianza no se tiene nada”.
Para indagar en las computadoras de los directivos, el INS utilizó un contrato firmado para otros fines en diciembre de 2021 con GBM Costa Rica. Ante consultas de este diario, el Instituto admitió que empleó una adjudicación entregada a esa compañía para adquisición de servicios de almacenamiento en la nube, un modelo que permite guardar datos de forma segura en Internet.
Se trata, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.
La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.
Durante la comparecencia ante los legisladores, los directivos denunciaron que la revisión de las computadoras excluyó a la jerarca y que no pudieron estar presentes durante la inspección de los aparatos.
