¿Por qué el transporte ilegal hizo desaparecer al servicio de buses de los barrios periféricos del centro de Limón?
Para Francisco Méndez, director regional de la Policía de Tránsito de Limón, la causa es la “alcahuetería” del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ( Aresep) con los conductores que realizan esa actividad ilegal.
Según Méndez, en Tránsito son “persistentes ” con el control del transporte ilegal al realizar multas con retiro de placas y decomiso del vehículo. En enero, informó, realizaron 35 procedimientos contra transportistas ilegales; en febrero, 36 y en marzo, 38. En todo el 2021, está delegación realizó 391 partes de retiro de placas y decomiso de vehículos
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Las placas decomisadas llegan al Cosevi y los vehículos de transporte ilegal a la Aresep.
“En Cosevi, con solo apelar la boleta de tránsito, los transportistas ilegales recuperan las placas y siguen pirateando, en tres días se las dan. Es una alcahuetería en lo que se ha convertido eso, cuando enviamos los casos a la Aresep, allí es más complicado porque se quedan sin carro, pero ellos presentan una impugnación y recuperan el carro mientras se resuelve el caso. Imagínese que ahorita estamos yendo a audiencias en la Aresep de casos de decomiso presentados en 2016 y 2017. Le puedo decir que solo el año pasado mandamos 201 casos a la Aresep y no conozco uno que haya sido condenado al pago de multa (que es de ¢1 millón)”, explicó Méndez.
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De acuerdo con el oficial, en la Aresep se tarda un mes en dar una resolución para la devolución del vehículo, pero varios años en resolver el caso. Entretanto, en Cosevi dan audiencia hasta dos años después de emitida la boleta de tránsito.
Por esta razón, afirmó Méndez, es que han identificado conductores a los que en un año les han hecho hasta cinco o seis boletas y decomisado placas por transporte ilegal, pero van y apelan la boleta, recuperan las placas y siguen en la actividad.
“No voy a negar que hay gran cantidad de transporte ilegal en esa zona, pero tampoco voy a negar que el servicio que daban las empresas autobuseras era deficiente. Aquí hay una competencia muy difícil que tiene el transporte público, porque los de transporte ilegal tienen vehículos en muy malas condiciones, pero a bajo precio, uno no sabe cómo la gente paga”, expresó el funcionario.
Este medio solicitó explicaciones a la Aresep pero al cierre de la nota no se habían recibido respuestas.
Edwin Herrera, director ejecutivo del Consejo, discrepó de lo afirmado por Méndez y dijo que ellos atienden las impugnaciones, a pesar de la gran cantidad de gestiones que se presentan y el poco personal con el que se cuenta. Informó que, del 2019 a la fecha, el Cosevi del cantón central de Limón, recibió 7.616 impugnaciones por parte de conductores de las boletas de tránsito y que, a la fecha, solo quedan 134 pendientes de atender (un 2%).
El 85% de esas impugnaciones (6.508) fueron condenadas para el pago de multa; en un 4% (316) se resolvió absolver del pago, mientras que en un 9% (658) se archivó el caso.
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Para el jefe de Tránsito, hace falta una legislación más rigurosa que determine una sanción de rebajar puntos en la licencia directamente al conductor que incurra en transporte ilegal.
La Nación publicó la semana anterior que desde hace meses los barrios periféricos en el centro de Limón se quedaron sin transporte público, pues las empresas autobuseras decidieron dejar dar el servicio ante la falta de clientes, dada la competencia de los taxis piratas colectivos.
Entre los afectados están los barrios Pueblo Nuevo, Colina, Limoncito, Envaco, Urbanización Los Cocos, Lirios, Atlántida, Cieneguita, Valle La Aurora, Almendros, Villa Hermosa, Santa Rosa, Barrio San Juan e Isaías Marchena.
Según los autobuseros, ahora sin las unidades públicas, los piratas aprovechan para cobrar más. Aparte, el servicio no llena las necesidades de todos los pobladores.