Revisión técnica vehicular queda en manos de empresa alemana

Esa firma dará el servicio en el país por dos años, mediante un permiso de uso en precario en las estaciones que pasaron a manos del Estado, tras el fin del contrato con la compañía española Riteve, el pasado 15 de julio.

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El anuncio de la selección lo realizó, este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

Chaves destacó que entre los criterios de selección pesó la tarifa propuesta por la empresa, así como la experiencia con relación a la cantidad de inspecciones realizadas. Añadió que esa firma ofreció no cobrar en caso de reinspecciones cuando sean defectos mínimos y que cobrará la mitad cuando haya que someter a segunda revisión a vehículos con fallas graves o varias.

Además, los jerarcas aseguraron que esta empresa tiene cerca de 100 años de operar y acreditó haber realizado más de 188 millones de revisiones al año, con ganancias de 3 millones de euros anuales. De acuerdo con la información de la compañía, brinda servicios en al menos 20 países. En América Latina tiene presencia en Chile y México.

La estimación del MOPT es que el nuevo operador comience a realizar revisiones técnicas a finales de setiembre en las 13 estaciones fijas y cuatro móviles que hasta el 14 de julio pertenecieron a Riteve.

Mientras llega ese momento, ese ministerio habilitó un mínimo de cupos en la estación de Alajuelita donde se recibe exclusivamente y de acuerdo con un cronograma establecido, vehículos importados nuevos o usados, propietarios rezagados con la revisión, es decir, cuyos automotores tienen placas finalizadas en 1, 2, 3 y 4, y vehículos de transporte público que realizan dos inspecciones al año, como es el caso de buses y taxis.

Para el resto de usuarios, cuyas placas finalizan en 5, 6, 7, 8 y 9, rige una exoneración del requisito de revisión técnica para circular en el país durante estos meses. Una vez que el nuevo operador comience a atender, cada una de estas placas tendrá entre uno y dos meses para ponerse al día.

A pesar del anuncio de la reducción tarifaria que realizó el mandatario, en la conferencia de prensa no se detalló si se aplicará sobre la rebaja que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó a inicios de este mes, de entre un 44% y un 49%, o si será sobre la tarifa que brindaba Riteve. De momento, Dekra deberá dar el servicio con las tarifas vigentes.

“Es una firma muy sólida y las cotizaciones que hizo están dentro del rango que la Aresep estableció para la inspección técnica, estamos tratando de tener un modelo donde haya reinspección de un defecto y reinspección de más de un defecto, las reinspección de un defecto va a ser gratuita, cuando haya más de un defecto tendrá que cobrarla pero a la mitad de la primera inspección y ya de por sí el valor de la inspección baja casi a la mitad”, dijo Amador.

Bajo la lupa

Copiado!

La decisión de optar por la figura de permisionario para la operación temporal del servicio, mientras se realiza un nuevo proceso de licitación internacional, ha sido cuestionada ante la posibilidad de que tenga roces de legalidad.

Por esta razón, la Contraloría General de la República advirtió al ministro Amador de que el proceso debe sustentarse en estudios técnicos y legales que garanticen decisiones ajustadas a derecho.

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Por su parte, la Procuraduría General de la República emitió un criterio en el que indicó que el proceso debía ser asumido por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), que es el órgano con las competencias legales según la Ley de Tránsito.

Esa norma también señala que el servicio de inspección vehicular debe otorgarse mediante autorizaciones y no mediante un permisionario, como lo está haciendo el MOPT.

Esas inconsistencias, así como la falta de información técnica para sustentar las decisiones llevaron a que, el pasado 9 de agosto, el entonces representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en la Junta Directiva del Cosevi, Olman Vargas, renunciara a su cargo, al tiempo que denunció que el ministro Amador les pidió aprobar sus decisiones sin presentar documentos que respaldaran esas medidas.

Otro hecho que también podría complicar ese proceso es la acción de inconstitucionalidad en estudio por parte de la Sala IV, en la que se cuestiona, precisamente, las autorizaciones establecidas en la Ley de Tránsito.

En específico, el hecho de autorizar que diferentes empresas o grupos hagan la revisión técnica, ya que consideran que sería un retroceso, tomando en cuenta que fue inconveniente en el pasado y que podría causar gran perjuicio al ambiente.

Sin embargo, esa fue una de las razones que el jerarca citó como justificación para el uso de la figura de permisionario, pues ante un eventual fallo de la Sala, el Estado podría dar por terminada la relación con la empresa seleccionada sin incurrir en ninguna responsabilidad.

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