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Grupos empresariales acusan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de atentar contra el desarrollo del país por oponerse a un proyecto de ley sobre generación distribuida.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara de Generación Distribuida (CGD) manifestaron a los diputados que, contrario a la postura del ICE, es necesario aprobar el expediente 22.009 (Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables).
Para los industriales, la ley propuesta empodera a los consumidores al permitirles gestionar su factura eléctrica aportando por cuenta propia parte de la electricidad que requieren a un precio competitivo.
La organización afirmó que con la normativa habría una herramienta jurídicamente clara para disminuir el monto de la factura eléctrica del sector y así mejorar los niveles de producción y la generación de empleo.
“Oponerse a cualquier iniciativa de cambio y mejora de competitividad en el sector eléctrico, no es un camino que promueva la eficiencia y el aprovechamiento de nuevas tecnologías y alternativas energéticas. El país no puede rezagarse y no es de recibo limitar a empresas y personas que deseen aportar con autoconsumo para bajar el costo de la energía” indicó.
“El ICE se creó para que fuese motor de la economía de Costa Rica, no para frenar el desarrollo del país”, declaró este martes Enrique Egloff, presidente de la CICR en un comunicado.
Su pronunciamiento se da ante la previsión de que el plan ingrese a la agenda del plenario legislativo esta semana. Además, reacciona a un pedido directo de la jerarca del ICE, Irene Cañas, a los congresistas, para que den otro espacio para “consensuar” el texto en discusión.
En un mensaje de WhatsApp que Cañas remitió a varios diputados, la funcionaria atribuye al plan supuestas incoherencias con el ordenamiento jurídico vigente y por eso, dice, requiere “ajustes importantes”.
Diálogo y negociación
La Cámara de Generación Distribuida, por su parte, declaró que, si las decisiones del sector eléctrico se encontrarán exclusivamente en manos del ICE, el país completo “sufriría un retroceso sin precedentes”.
“Sanear las finanzas del ICE, promover un nuevo modelo tarifario e incorporar recursos energéticos distribuidos parecieran no ser prioridad en el ICE que, en cambio, apunta sus recursos a sembrar la duda bajo argumentos sin sustento. ¿Cuánto más tendremos que ver a un ICE oponerse a los costarricenses, a su gobierno oficialista y a los diputados?”, se quejó William Villalobos, director ejecutivo de la agrupación en un comunicado.
El vocero recordó que esta iniciativa ha ido de la mano del diálogo y la negociación entre todos los actores del sector energía, incluido el ICE que ha participado del proceso, razón por la cual considera inaceptable su negativa.
Para Egloff, la ley propuesta traería en el sector productivo una mejora en la capacidad de las empresas para mantenerse en el mercado y continuar generando empleo.
“En un contexto de recesión económica con una tasa de desempleo de un 422.000 personas, las medidas para mejorar la competitividad del país se deben intensificar. Una manera de hacerlo es disminuyendo los costos de operación de los distintos sectores” añadió.
Paola Valladares Rosado, diputada de Liberación Nacional y una proponente del plan, declaró la semana anterior que le parecía una contradicción el mensaje de Cañas que ella también recibió.
La legisladora recordó que el 4 de noviembre, tanto el ICE como otros actores del mercado eléctrico, trabajaron juntos hasta lograr un texto consensuado y remarcó que se hicieron ajustes por pedido expreso del Instituto con tal de conseguir una redacción que permitiera llevar el plan al Congreso.
