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¿Cuáles son los retos de la Costa Rica bicentenaria? La pregunta es compleja, responderla requiere análisis, pensamiento crítico, perspectiva y hasta una cuota de generosidad, pues implica imaginar el país que queremos heredar a nuestros hijos, nietos y bisnietos. El asunto exige capacidad para cuestionar aspectos que parecen escritos en piedra y creatividad para plantear soluciones.
Para obtener respuestas, La Nación lanzó la interrogante a analistas y científicos y la mayoría apuntan a tres grandes temas: envejecimiento de la población, mejora de la educación pública y el cambio climático.
Entre los consultados están el astronauta y científico Franklin Chang Díaz, la doctora en Química Inorgánica Mavis Montero, el director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, el demógrafo e investigador Luis Rosero Bixby, y la catedrática de la Universidad de Costa Rica Isabel Gamboa Barboza.
También participaron el director de la Fundación Acción Joven, José Aguilar Berrocal, y el director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven, Luis González Jiménez.
Camino a la vejez
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el año 2000 el porcentaje de la población costarricense con más de 65 años era de 5,6%, para el 2011 el porcentaje subió a 7,2%. En números absolutos, a inicios del siglo XXI había 213.000 adultos mayores y 309.000 en el 2011.
Esa tendencia se acelerará en los próximo años y obligará al Estado a tomar decisiones que garanticen calidad de vida para esas personas, servicios médicos robustos y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
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De acuerdo con los cálculos de Rosero, en los próximos 60 años el porcentaje de la población con más de 65 años llegará a 29%, es decir, para el 2080 habría 1,75 millones de adultos mayores. En ese mismo periodo, la población en edad de trabajar pasaría de 2 a 3 millones.
“Estos números significan pasar de una situación en que hay diez personas en edad de trabajar por cada persona adulta mayor a otra en la que hay menos de dos.
“Esta brutal caída en la razón de sustento demográfico esperada para los próximos 60 años puede destruir el sistema de seguridad social que ha sido orgullo de Costa Rica, a menos que se adopten reformas profundas. Ya el efecto en el sistema de pensiones se ha empezado a sentir, pero el impacto en el seguro de salud será tanto o más fuerte”, declaró el demógrafo y fundador del Centro Centroamericano de Población.
El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es el mejor ejemplo de ese fenómeno. En agosto anterior, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio en la obligación de aprobar reformas en busca de la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones, al menos, hasta 2050.
Otro protagonista es el sistema de salud público. Semanas atrás, en una entrevista con este diario, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, subrayó la necesidad de reestructurar el nivel central de la entidad para optimizar recursos y responder a la necesidad de una población envejecida.
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Vargas Cullell va más allá al afimar que la transformación se requieren en todos los ámbitos. En los sistemas productivos, tributarios, educativos y de protección social para adaptarlos a esa realidad demográfica de una sociedad de edad avanzada y con una relativamente pequeña fuerza de trabajo y una alta relación de dependencia.
Ese cambio, dijo, es necesario para evitar una quiebra financiera de las instituciones del Estado de bienestar que implicará empobrecer a las grandes mayorías y destruir la generación de oportunidades empresariales y laborales.
“Si no se revierte esta tendencia, el sistema de pensiones se dirige a un severo colapso, con las graves implicaciones para amplios segmentos de nuestra población”, añadió Aguilar.
El director de la Fundación Acción Joven planteó, por su parte, que el Estado debe apostar por estímulos para tener hijos que van desde beneficios fiscales, créditos con tasas de interés preferenciales, redes de cuido disponibles para familias de todas las clases sociales, subsidios temporales condicionados al cumplimiento de estándares de nutrición, vacunación y logros educativos.
“Es decir, crear un esquema de transferencias condicionadas que estimulen a que las personas tengan hijos (...) El argumento financiero radica en el hecho de que si estos niños y familias se convierten en personas productivas en la economía formal, su aporte al desarrollo nacional supera con creces lo que el Estado invierta en estas primeras fases de su desarrollo”, sentenció Aguilar.
Educación
Fortalecer y renovar el sistema de educación pública es otra tarea señalada por los expertos, con la cual el país no solo se juega la preparación de sus ciudadanos para responder a las necesidades del mercado laboral nacional e internacional, sino también se juega la paz social.
Mavis Montero, nombrada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como científica destacada en el 2020, afirma que la educación pública debe ser “inclusiva, de calidad, basada en indagación, que forme criterio, que tenga sustento científico”.
Para atender esa necesidad, ella propone tres caminos: fortalecer la educación técnica a través del Instituto Nacional de Aprendizajes (INA), promover la enseñanza superior en las sedes regionales de las universidades estatales y descentralizar la educación en primaria y secundaria.
“El trasladar parte de la responsabilidad de la Educación de nuestros niños y jóvenes a los gobiernos locales. Con generación de cooperativas de educación. De gestión privada, pero fuerte vínculo con la comunidad. Que sea supervisada por la comunidad”, propuso la científica.
Para Franklin Chang mejorar la educación es una de las urgencias mayores sobre todo frente a la situación que enfrenta el sistema público en este momento descrita por el último informe del Estado de la Educación como “la peor crisis en varias décadas”.
La emergencia combina la ausencia de clases durante tres meses ininterrumpidos en el 2018 y otras pausas en el 2019 debido a las protestas de docentes contra la reforma fiscal, con las falencias de la enseñanza a distancia implementada durante la pandemia por el Ministerio de Educación Pública (MEP). La estrategia, sin embargo, vino a ensanchar brechas no solo entre centros educativos públicos y privados, sino también entre estudiantes con acceso a Internet y los que no.
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“En los últimos cuatro años, se encadenaron reiteradas y significativas interrupciones de los ciclos lectivos que han provocado un fuerte recorte en los aprendizajes estudiantiles, lo que este informe denomina “un apagón educativo”. Este apagón compromete el desarrollo de competencias y habilidades vitales para el progreso del país y la democracia”, advirtió el análisis.
Por supuesto, este panorama compromete el futuro de esos niños y jóvenes que arrastran un enorme rezago, pero con ellos el futuro del país.
“Necesitamos que cada persona sea mucho más productiva de lo que es, pero ello requiere de una educación de mejor calidad para todos, no solo para algunos y una amplia distribución de buenas oportunidades laborales y empresariales entre distintos sectores y territorios”, reflexionó Vargas Cullell.
Para Luis Antonio González Jiménez, director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven, modernizar la educación pública exige voltear la mirada hacia los docentes e implementar “estándares internacionales de calidad en la formación docente, la selección de personal, la carrera docente, la actualización docente, la pertinencia de la educación, el desempeño educativo y el modelo de formación dual”.
Sobre la mesa también está la sostenibilidad financiera de las universidades estatales, el Estado de la Educación concluyó que la opción con más potencial para reducir gastos en los centros de enseñanza superior es “frenar el crecimiento automático de la masa salarial”.
Según el Estado de la Educación, las cinco universidades estatales destinaron, de 2007 a 2019, en promedio, entre el 66% y 73% de sus presupuestos anuales al pago de salarios.
Problema global
Al envejecimiento de la población y el deterioro de la educación se suma una amenaza global: el cambio climático. En ese campo, el astronauta costarricense considera que hay dos metas fundamentales: eliminar los combustibles fósiles y lograr la independencia energética.
¿Cómo hacerlo? Chang propone una reinvención del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para responder a las necesidades del siglo XXI.
“Instituciones como el ICE y Recope que bien nos sirvieron en el siglo XX deben redefinirse con base en las realidades del siglo XXI, la contaminación ambiental, el cambio climático y la independencia energética que, gracias a nuevas tecnologías, ahora sí tenemos a nuestro alcance.
“En el caso del ICE, es necesario que la producción eólica y solar se expanda y la privada sea liberada y accesible a precios debajo de $0,05 el kilovatio hora para abastecer un mercado que la utilizaría y favorecería nuestra competitividad como nación”, explicó.
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La renovación de esas entidades, dijo el científico, le abriría una serie de oportunidades al país a nivel interno y externo. “Con la transformación de estas dos instituciones nacionales, Costa Rica podría iniciar su próximo siglo de vida de camino a una total independencia energética, libre de combustibles fósiles y carbono. Los dineros que gastamos en comprar petróleo se quedarían y se reinvertirían en el país creando nuevos empleos y oportunidades.
“Podríamos incluso exportar el hidrógeno empacado en forma de amoníaco (NH3) a un creciente mercado mundial en Europa y Asia. Chile y Australia ya están apuntando a ese mercado, pero nuestra posición geográfica más cercana y acceso a ambos océanos nos da ventaja”.
Según él, esas evoluciones cambiarían por completo el transporte en el país, permitiría dejar el uso de vehículos de combustión y utilizar vehículos eléctricos de todo tipo.
“Se debe avanzar decididamente en la reconversión del transporte público desde la perspectiva de la movilidad sostenible, incorporar la variabilidad climática en la planificación de largo plazo en todos los temas y sectores, y potenciar la formación de una generación de diplomáticos especializados en cambio climático”, agregó Luis Antonio González.
Mirar más allá
La necesidad de modernizar la infraestructura, aliviar las finanzas del Estado, replantear los mecanismos de elección de diputados, pasar de un sistema presidencialista a uno parlamentario y eliminar las desigualdades que sufren las mujeres también son metas en agenda, en criterio de los consultados.
“Dado el lamentable estado de las condiciones de vida y el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, en nuestro país, el primer y fundamental desafío es fortalecer la igualdad de las mujeres.
“Cualquier cosa que se diga de los retos que tenemos como país si se trata de las mujeres, siempre habrá que multiplicar la calamidad por más. Esto es, si hay pobreza, las mujeres siempre son más pobres; si hay violencia, las mujeres son las víctimas contra las que más ensañamiento y arbitrariedad hay, por ejemplo, con el uso de la violación como arma y que pone de manifiesto cuánto odio hay contra las mujeres en nuestro país”, destacó Isabel Gamboa Barboza, directora del posgrado en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica.
Con respecto al futuro de Costa Rica en los próximos 100 años como un Estado, Vargas Cullell tiene las ideas más disruptivas.
“En un siglo es enteramente posible que Costa Rica, como Estado-nación, ya no exista. El sistema internacional que hoy conocemos, basado en la configuración de los Estados nacionales, es una construcción histórica: surgió en una época determinada, con la modernidad y puede, por tanto, concluir, dando paso a una arquitectura mundial diferente, basada en estructuras supranacionales, de carácter regional o, incluso, mundial, arquitectura que puede ser estable y pacífica o violenta e inestable.
“Las razones para una evolución así pueden ser diversas: la globalización promovida por el cambio tecnológico, la necesidad de dar respuestas globales a desafíos planetarios como la crisis climática o las guerras. No puedo asignar una probabilidad numérica a este escenario, pero sí decir que es una probabilidad mayor a cero”, concluyó el director del Programa Estado de la Nación.
