Bastaron los primeros 10 meses de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) para que el Estado llamara a la empresa APM Terminals a renegociar el contrato de concesión firmado en 2011, durante la administración de Laura Chinchilla.

En ese proceso de diálogo, que iniciará el próximo mes de enero, el Gobierno espera lograr un acuerdo en un plazo de tres meses para que la firma portuaria reduzca las tarifas que cobra a exportadores e importadores nacionales.

No será una labor sencilla, pues el cálculo tarifario, estipulado en el mismo contrato de concesión, responde por la inversión realizada por APM Terminals en Limón.

En un inicio, la firma holandesa invirtió cerca de $700 millones para levantar una isla artificial en Moín y construir ahí el megapuerto. Adicionalmente, construirá dos fases más que terminarán por valorar la obra portuaria en $1.000 millones.

Para que APM Terminals mantenga su retorno de inversión y asegure ganancias por su operación –motivo por el cual hizo negocios con Costa Rica–, el Estado tendrá que ceder en uno o varios puntos inicialmente acordados.

El mismo documento define cuáles son las variables para renegociar el contrato: ampliar el plazo de la concesión, modificar el cronograma de siguientes inversiones, reducir el canon que la empresa transfiere para el desarrollo de Limón, o bien que el Estado construya obras adicionales, invierta en equipamiento de la terminal o realice depósitos de dinero a favor de la concesionaria.

También el contrato establece la posibilidad de que, en caso de una renegociación de este tipo, se permita hacer una combinación de variables para conseguir un nuevo acuerdo.

A modo de ejemplo, se podría ampliar el plazo de la concesión y postergar obras agendadas según parámetros de demanda.

‘Esto es un nudo’

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, reconoció que para reducir las tarifas no habrá más alternativa que renegociar el contrato.

Fue el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, quien le planteó esa necesidad, atendiendo a los constantes reclamos del sector empresarial.

“Hablamos de desatar nudos (...), diay, esto es un nudo. Se nos comprometió de la forma en que se nos comprometió y ahora nos toca desatar ese nudo, porque ciertamente las empresas exportadoras, sobre todo las de fruta, sienten un peso importante por el costo de las tarifas”, afirmó Méndez, quien liderará las negociaciones con la firma holandesa.

Antes del megapuerto, la atención de los exportadores e importadores en el Caribe estaba a cargo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la cual cobraba $160 por carga o descarga de un contenedor. En la TCM el servicio cuesta $261,62 (o sea, $101,62 más).

Por ejemplo, si un exportador piñero necesita cargar a la nave 10 contenedores, ahora paga cerca de $1.000 más. No obstante, entrar a comparar las tarifas entre un puerto y otro es una labor casi imposible, pues la calidad del servicio es muy distinta y eso también se traduce en los costos finales.

De hecho, la entrada en funcionamiento de la TCM se trajo abajo algunos sobrepagos que antes asumían los empresarios en Japdeva por la baja eficiencia del muelle público.

Por ejemplo, las embarcaciones dejaron de pasar horas esperando en bahía por su turno. Ese tiempo se traducía en mayores costos que cobraban las navieras a los exportadores, quienes también debían asumir los gastos para mantener refrigeradas sus mercancías, entre otros servicios.

Aún así, los empresarios insisten en que el megapuerto dejó un saldo negativo en sus números. Por eso presionaron ante el presidente Alvarado para pedir una rebaja de las tarifas.

De acuerdo con Rodrigo Segura, vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), esos sobrecostos en la logística le restan competitividad al país, además de que encarecen productos y entorpecen la generación de empleo dentro de las empresas exportadoras.

“Muchas de las importaciones que hacemos como país se utilizan como materia prima para exportación, como el material de empaque. Entonces, si se encarece la importación, se encarece la exportación, se encarecen los costos y esto afecta mucho a la competitividad”, señaló Segura.

‘Todos estábamos informados'

Desde su llegada al país, en agosto, el nuevo gerente general de APM Terminals, Hartmut Goeritz, defendió que las tarifas vigentes responden a la inversión que hizo la firma portuaria y que las mismas se encuentran en el contrato de concesión desde el momento de su firma.

“El contrato de concesión se firmó en 2011, y se comenzó a negociar desde 2006. Nadie puede aducir novedad o desconocimiento de esas tarifas. Además, nosotros no somos responsables de las tarifas, las establece el Estado para cumplir con el contrato de concesión y están regidas por Aresep (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos)”, señaló Goeritz, en una entrevista ofrecida a La Nación el 4 de agosto.

En esa misma línea se pronunció el exjerarca del MOPT y Japdeva, Francisco Jiménez, quien estuvo involucrado en las negociaciones para la construcción de la TCM.

“Recuerdo que en esa época tuvimos muchos seminarios y presentaciones con exportadores, importadores, navieras, estibadoras, y se les dijo ‘bueno señores, esto es lo que viene’. Todos estábamos informados, así que venir a llorar años después me parece que no es justo desde el punto de vista de desarrollo del país”, señaló Jiménez.

El exfuncionario afirmó que incluso las tarifas originales se lograron reducir $52 tras una negociación con APM Terminals.

“Se logró hacer una reducción de la tarifa originalmente ofertada, siempre y cuando Costa Rica se comprometiera a que, en un plazo perentorio, se construiría el acceso de la carretera (ruta 275), que como todos sabemos hubo un error en el Gobierno pasado que le costó al país $17 millones”, aseveró.

Jiménez fungió como presidente ejecutivo de Japdeva durante una parte de la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010) y fue ministro de Obras Públicas y Transportes en otro segmento de la gestión de Laura Chinchilla (2010-2014).

‘Esto llevaría un proceso muy largo'

A su llegada al país, el alemán a cargo de APM Terminals expresó su apertura ante una posible renegociación, aunque advirtió de que para reducir las tarifas se requeriría de un proceso muy complejo.

“En la eventualidad de que las tarifas fueran modificadas, llevaría un proceso muy largo porque es una concesión que involucra a varias instituciones públicas y hay un marco jurídico que las defiende”, señaló Goeritz.

Sin embargo, José Manuel Sáenz, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), afirmó que han entablado un diálogo con la firma holandesa para allanar el camino rumbo a esa negociación.

“Mire, este es un proceso tan complejo como lo quiera hacer uno. Si uno se sienta y logra llegar a un acuerdo, se establecen relativamente fácil las posibilidades de negociación; no obstante, sí va a tomar un tiempo, porque es lógico (…), es un poquito de estira y encoge, pero es posible”, señaló Sáenz.