El cuaderno en el que un operador del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) escribió la noche del pasado 22 de enero, que había un “olor a diésel en el ambiente” en la planta potabilizadora de agua en Guadalupe, Goicoechea, es el mejor ejemplo del rezago tecnológico que vive la entidad.
En los sistemas de distribución de agua modernos hay equipos de telemetría que miden los niveles de agua, las fugas y, en especial, la contaminación. Esas herramientas producen, de manera remota y en tiempo real, alertas para prevenir emergencias como la que enfrentan 107.000 personas de Goicoechea, Tibás y Moravia por polución del líquido vital con hidrocarburos.
Tomás Martínez, presidente ejecutivo del AyA entre enero de 2021 y mayo de 2022, manifestó que esos atrasos responden a la imposibilidad de actualizar las tarifas en los últimos seis años y se convierten en uno de los factores que explica la crisis que enfrenta la entidad.
Para Martínez, arquitecto y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) la respuesta de las autoridades actuales ha sido lenta y reactiva. Por ejemplo, afirma que los racionamientos en los cantones de Desamparados, La Unión, Curridabat, San José y Vázquez de Coronado para llevar agua a Goicoechea, Tibás y Moravia es “desvestir a un santo para vestir a otro”.
En esos ocho cantones habitan, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, más de un millón de personas.
Las quejas de la población por ese plan no se hicieron esperar en las redes sociales del AyA por el irrespeto a los horarios de racionamiento y las interrupciones del servicio sin previo aviso. El martes, decenas de vecinos de Guadalupe salieron a las calles a protestar por la falta de agua potable.
En una entrevista con La Nación, Martínez analizó la emergencia y las acciones tomadas por los entes encargados. El exjerarca
- ¿Cómo evalúa la medida de racionamientos propuesta por el AyA?
- Yo lo veo como una medida reactiva para solucionar un problema grande, pero existe un problema de fondo porque las vulnerabilidades del sistema de acueductos no son nuevas, desde el 2002 ya se hablaba de episodios de contaminación, en el 2019 esto pasó en Siquirres, Limón: 7.000 personas sin agua por contaminación con hidrocarburos y ahora pasa acá (área metropolitana).
“Hay un atraso de los sistemas del AyA para hacer lo que hacen los sistemas actuales y modernos en el mundo, tener aparatos de telemetría que permiten medir presiones, fugas, niveles del agua y hasta contaminación. Si se tienen esas herramientas se puede monitorear en tiempo real y se pueden detectar hidrocarburos o variaciones químicas en el agua y tomar acciones inmediatas. En este caso, pasaron cinco, seis o siete días para poder decir que había una contaminación por hidrocarburos (...). Diría que es desvestir a un santo para vestir a otro.
“Hay que decir que hacer ese ajuste de llevar agua de unos cantones hacia otros no se puede hacer de inmediato, eso requiere hacer ajustes técnicos y cuando se aplique estará el pico más alto de la temporada seca. Va a existir un desabastecimiento repartido en mayor número de cantones y mayor área”.
- En este caso, en algún momento se minimizó y hasta se negó la contaminación...
- Sí, AyA debería tener una unidad de atención de riesgos, porque como lo he dicho no es la primera vez que pasa algo así.
- Usted estuvo al frente de la entidad por poco más de un año ¿Por qué no se cuenta con sistemas de telemetría?
- Lamentablemente se han detenido inversiones muy importantes y porque el AyA lleva seis años sin actualización de tarifas. Además, el año pasado se rebajó cerca del 8% por problemas de fugas y gestión de proyectos. Eso convierte al AyA en un círculo vicioso del que va a ser muy difícil salir.
- ¿Cómo funciona en la práctica el traslado de agua a través del sistema de tuberías de Desamparados, Vázquez de Coronado, Curridabat, La Unión y San José hacia los otros tres cantones?
- Recordemos que el AyA fue creado en 1961, le cedieron diferentes acueductos municipales del área metropolitana, todos muy distintos y fragmentados en Tibás, Montes de Oca, Desamparados, Escazú, Alajuelita y otros y se los pasaron al AyA. Eso quiere decir que son sistemas de muchos años que funcionaban de forma independiente, nunca fueron un solo sistema y a través de los años se han tenido que ir integrando y conectando.
“En la actualidad, el AyA tiene 32 sistemas funcionando en toda el área metropolitana y la mayoría no están interconectados, eso quiere decir que aunque tenga superávit de agua en el sector oeste como La Valencia, Brasil de Santa Ana, Ciudad Colón o El Coyol no puedo trasladarla al sector este como Moravia, Goicoechea o Montes de Oca, porque no hay sistemas de trasvase.
“Es probable que lo que se vaya a hacer aquí es cerrar los sistemas más vulnerables que están captando el agua contaminada e interconectar el agua que viene de fuentes seguras”.
- Existe un proyecto llamado Orosi II, que pretende levantar infraestructura por $400 millones para inyectar hasta 2.500 litros por segundo al sistema de acueductos ¿En qué estado quedó esa obra cuando dejó la entidad?
- El proyecto quedó financiado y con diseños, había que hacer una gestión con el Ministerio de Planificación para poder formalizar el crédito, era la última etapa, pero con el cambio de Gobierno pasaron varios meses y se dejó vencer el crédito. Esa inversión es clave.
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