Escuchar
El proyecto de cámaras en carretera que implementó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encuentra enterrado, de momento, por falta de dinero e inseguridad jurídica.
El MOPT paralizó el sistema en noviembre del 2011, luego de que la Sala Constitucional suspendiera el cobro de las multas de tránsito aplicadas con cámaras por exceso de volocidad, aunque únicamente en el caso de aquellas personas que apelaran su sanción. En ese entonces, la multa de ¢468.000 fue considerada desproporcionada.
Rodrigo Rivera, viceministro de Transportes, explicó que revivir el plan está supeditado a una buena propuesta financiera de Radiográfica Costarricense (Racsa).
Rivera explicó que “la rebaja en el monto de las multas y los costos de notificación ha variado la ecuación financiera de Racsa.
”En un inicio, se empezó a utilizar las publicaciones en la prensa escrita y en la La Gaceta , eso cuesta mucho dinero. Este gasto lo asumió Racsa y la empresa que esta contrató . Y las multas ahora se reducen de una manera muy importante, de manera que el cálculo económico que había hecho Racsa en su momento ahora le resultó, digamos, alterado”, dijo Rivera.
Además, el viceministro explicó que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) ha recibido un impacto negativo en sus finanzas de ¢25.000 millones por una política presupuestaria y la reducción en los montos de las multas.
Silvia Bolaños, directora del Cosevi, enfatizó que “no se arriesgaría a recomendar a la Junta Directiva realizar el proyecto institucionalmente.
”Desde el punto de vista de factibilidad como un proyecto institucional es prácticamente nulo en este momento, salvo que el panorama cambie para el próximo año”.
Bolaños señaló que el tema de la reforma a ley de tránsito también llama a la prudencia.
“Estamos a las puertas de una reforma a ley de tránsito y no sabemos cuál va a ser el comportamiento del costarricense, si va a pasar lo mismo y se va a generar una ola de impugnaciones y va a pasar lo mismo; yo no me arriesgaría”, recalcó Bolaños.
Alto costo. Los programas con vigilancia electrónica son dos: uno en puntos de alta accidentabilidad, y el otro en cinco escuelas con altos índices de accidentes.
Este último tenía un costo de ¢400 millones, monto que, según Rivera, ya no existe.
“Este monto ya se perdió, ya no está. Fue utilizado en emergencias viales y entonces ya no lo tenemos”, añadió Rivera.
De porcentajes a monto fijo. Racsa trabaja en una nueva propuesta en que las ganancias que recibe pasarían de un porcentaje a un monto fijo.
Mario Zaragoza, vocero de Racsa, dijo que en el contrato actual se recibía un 25% de la multa, y de eso el 75% era para la empresa Servicios de Gestión en Soluciones para la Vida. Ahora se dejan los porcentajes y se va por montos fijos.
“Ahora ya no va a depender de cuántas multas se hagan; el Cosevi nos dará un monto fijo y nosotros (Racsa) le vamos a pagar un monto fijo a la empresa asociada”, explicó Mario Zaragoza.
