Las organizaciones criminales ya no solo están detrás del narcotráfico o de la trata de personas, ahora también son responsables del saqueo de la vida silvestre de Costa Rica, denunció la fiscala general, Emilia Navas.

Se trata de estructuras dirigidas desde dentro o fuera del país que descubrieron el valor económico de la flora y fauna nacional para traficarla a Europa, Asia y Norteamérica.

La gravedad de la situación escaló a tal punto que obligó al Ministerio Público a reforzar el número de fiscales dedicados a las investigaciones de estos casos. De uno, se pasó a cuatro funcionarios dedicados al tema.

"Son estructuras con tareas distribuidas cometiendo delito ambiental, robándose nuestra fauna, principalmente. Lo que ganan estas organizaciones con este trasiego son montos que incluso superan ganancias por tráfico de drogas y personas; es impresionante”, reveló Navas a La Nación.

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Otro de los agravantes de estos hallazgos, según la fiscala, es que entre los miembros de estas redes criminales puede haber empleados de instituciones estatales.

“No hay crimen organizado sin funcionario público involucrado”, aseveró.

Por esta razón, las investigaciones dejaron de tratarse como hechos aislados y ahora las faltas contra la naturaleza se consideran como un delito grupal donde la variable corrupción cobra relevancia.

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Para Navas, este abordaje permitiría cortar el problema de raíz, pues ahora tienen claro que siempre “se inicia con un trabajador público como facilitador”.

Mario Coto, director técnico de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) declinó referirse a la denuncia de Navas.

“No sabría realmente cuál es la información de doña Emilia para hacer esa afirmación, pero, lo que puedo decir, es que estamos haciendo esfuerzos institucionales para bajar el delito ambiental”, expresó.

Sí admitió una mayor complejidad de estos hechos, al punto de que en el 2016 se creó la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, en convenio con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

“Allí se ven situaciones del mismo tipo que doña Emilia comenta. Hemos hallado tala ilegal, trasiego de vida silvestre y hay un nivel organizacional más complejo”, afirmó.

Hormigas, alacranes, mariposas

Mario Coto aseguró que el principal problema visto el año pasado es la tala ilegal, como ha sido la tónica en los últimos años, pero ahora el fenómeno es un trasiego ilegal más pequeño y de maderas finas vendidas en el exterior.

Por ejemplo, hay grupos que extraen árboles de cocobolo (Dalbergia retusa) en Guanacaste y almendro (Dipteryx panamensis) en la zona norte.

En vida silvestre, el problema mayor ha sido el robo de insectos que, al ser tan pequeños, salen ocultos en las valijas de las personas.

¿Qué saquean? Principalmente, escarabajos, alacranes, arañas y mariposas.

Hace un año, en febrero de 2019, se detuvo en el aeropuerto Juan Santamaría a dos ciudadanos alemanes con más de 1.000 hormigas en 181 frascos, 12 arañas y un alacrán.

Los extranjeros fueron sentenciados a ocho meses de prisión por infracción a la Ley de Vida Silvestre, pero se les otorgó la ejecución condicional de la pena. A los dos se les permitió salir del país, pero con una alerta de la Policía Internacional (Interpol) para que se conozcan los antecedentes de estos hombres en cada nación a la que quieran ingresar.

También, en noviembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro integrantes de una familia como sospechosos de tráfico internacional de especies. Según las investigaciones, el grupo exportaba mariposas, arañas, escarabajos y avispas a Holanda, Francia y Alemania.

Solo por una mariposa podían obtener hasta 1.000 euros.

De hecho, en el último informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), denominado Reporte de Situación de Costa Rica, que data del 2018, advierten de que el tráfico de animales exóticos y en peligro de extinción deja a nivel mundial unos $7.000 millones.

Dentro de las especies más apetecidas para exportaciones están, precisamente, las hormigas, los escarabajos, las arañas y las mariposas.

Según el OIJ, estos insectos viajan muertos y son tratados con productos como el cloroformo para poder preservarlos.

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Delitos forestales

Con el reforzamiento que hizo la Fiscalía del número de fiscales, no solo se intenta enfrentar el hecho de que hay organizaciones criminales detrás del saqueo de especies, sino también el aumento de denuncias por todo tipo de delito ambiental, principalmente del más común: la tala.

Jose Pablo González, fiscal ambiental del Ministerio Público, confirmó que atienden en promedio de 1.700 a 2.000 denuncias ambientales por año, con énfasis en delitos forestales “al ser un tema muy visible”.

Los cantones con más denuncias son Pococí, en Limón, y San Carlos, en Alajuela. Por esa razón, uno de los cuatro fiscales para temas ambientales fue trasladado a Pococí.

“Veo que el discurso de cuidar el ambiente no va de la mano con dotar a instituciones a cargo del ambiente con recursos y presupuesto. Para nosotros, la tala ilegal es prioridad pero nos faltan funcionarios para reaccionar como es debido o le faltan al Minae y otras entidades, sea para detener a alguien, conseguir evidencia o hacer una investigación”, lamentó Navas.

Indignación ciudadana

Durante el 2019, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) recibió 5.234 denuncias de daños al ambiente con lo cual casi se ha quintuplicado el registro respecto al año 2013 cuando fueron solo 913 reportes.

Este registro se actualiza en el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada) del Minae el cual atiende y da seguimiento a estas denuncias.

De las denuncias del año pasado, 46% se relacionan con temas forestales (principalmente tala ilegal), 24% con biodiversidad (animales silvestres en cautiverio o extraídos de su hábitat) y 13% con afectaciones de algún tipo a cuerpos de agua.

Del mismo modo, la cifra de resoluciones del Minae enviadas al Ministerio Público para investigación se disparó. En el 2013 el Minae remitió 43 denuncias y en el 2019, 568 (aumentó 12 veces respecto al 2013).

“En los últimos años el costarricense denuncia más. Al poner esta plataforma a disposición de las personas, hay más interés en reportar temas diversos, desde problemas con residuos, maltrato animal, cacería y otras infracciones”, explicó Wálter Zavala, contralor ambiental del Minae.

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Esto obligó al Minae a tratar de atender los casos con más celeridad.

“El ministro Carlos Manuel Rodríguez ha sido enfático en que las denuncias se atiendan con urgencia. Antes, cuando iniciamos el Sitada, una denuncia podía consumir de nueve a quince meses. Ahora, en cambio, el ministro emitió una directriz por la cual toda denuncia debe atenderse y gestionarse en menos de seis meses”, agregó Zavala.

Las denuncias llegan a la línea telefónica gratuita 1192 pero, principalmente, al sitio en línea de Sitada (http://www.sitada.go.cr/denunciaspublico/ingreso_denuncias.aspx)

Más que presión, Navas siente que este clamor ciudadano contribuye porque recordó que los ciudadanos son los que primero se dan cuenta de la comisión de un delito, razón por la cual “son indispensables”.

“Hay que ser sensibles, pero también ser responsable en comunicar una falta. Por ello insistimos a la población que cuide, pero que también denuncie ante las autoridades”, recalcó.