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Tres vehículos fueron necesarios para trasladar los cientos de documentos que permanecían guardados en armarios del Tribunal Eclesiástico en denuncias contra curas por supuestos abusos sexuales.
Toda esa información, junto con otra maleta de papeles sacada de la curia metropolitana, será revisada dentro de las causas que se le sigue al exsacerdote Mauricio Víquez Lizando, y al cura separado Manuel Antonio Guevara.
No se descarta, sin embargo, que los documentos que se van a analizar den origen a nuevas causas judiciales, pues el Tribunal Eclesiástico es el órgano de la Iglesia que recibe las denuncias, realiza las primeras investigaciones y determina si deben o no llegar al Vaticano para que determine eventuales sanciones.
Es decir, allí se guardan las informaciones de supuestas víctimas y posibles agresores.
El 28 de febrero, el arzobispo de San José, declaró en un comunicado que en cinco años de gestión, había tramitado 17 denuncias contra sacerdotes de la arquidiócesis, por abusos. No detallé contra quiénes ni los resultados.
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Supuestamente, este jueves, se ubicaron al menos 20 denuncias contra otros sacerdotes, sin que tampoco se conozca detalles.
Las acciones judiciales fueron dirigidas por la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José y la Adjunta de Género, en los expedientes 18-000854-994-PE, en el que se investiga a Víquez por violación y otros, y en el 19-000569-0175-PE, en el que Guevara figura como sospechoso de un abuso sexual en contra de persona menor de edad.
“En las acciones operativas participan tres fiscales y se tiene como objetivo recabar prueba documental relevante para ser aportada a las causas, las cuales se encuentran en la fase preparatoria de la investigación”, informó el Ministerio Público en un comunicado.
Las diligencias comenzaron a las 8 a. m. tanto en la curia, que se ubica detrás de la catedral metropolitana, donde a esa misma hora comenzaba la misa. En el Tribunal Eclesiástico que funciona en la sede de la Conferencia Episcopal, en San José., entretanto hubo rezos de los funcionarios.
Los agentes salieron del primer sitio a eso del mediodía, mientras que en el segundo permanecieron dos horas y media más.
“Estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades, por eso les damos lo que ellos requieran", manifestó Jeison Granados, vocero de la curia, quien aseguró a los medios de comunicación que la Iglesia está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades.
Según dijo, en el Tribunal están las denuncias planteadas por las supuestas víctimas y "el objetivo de la Iglesia es que se esclarezca la situación”.
Avanzada la tarde, sin embargo, el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, Mauricio Granados Chacón, se quejó de uso “excesivo de la fuerza” por parte de los funcionarios judiciales, así como irrespeto y mal trato.
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Granados, sin atender preguntas, también aprovechó para hacer algunas aclaraciones.
“Ni la Conferencia Episcopal, ni la curia metropolitana, han pagado por el silencio de los denunciantes en ninguno de los casos investigados, cuyos expedientes han sido secuestrados”, añadió.
Expulsado
Los hechos atribuidos a Mauricio Víquez Lizano, de 54 años, datan de cuando ejercía el sacerdocio en la iglesia de Patarrá de Desamparados, en 2003, cuando habría violado a un niño de 11 años. La víctima de apellido Alvarado ahora tiene 27, es decir, está a un año de prescriba la causa.
Según el Código Procesal Penasl, las agresiones sexuales en perjuicio de menores prescriben pasados 10 años desde la mayoría de edad del afectado.
El 25 de febrero, el Vaticano avaló la expulsión de Mauricio Víquez del estado clerical. Así lo recomendó la Congregación para la Doctrina de la Fe, que instruyó a las autoridades eclesiásticas costarricenses para que se adoptara la medida. Víquez tendría la posibilidad de impugnar la decisión.
Según un comunicado de la arquidiócesis de San José, emitido ese día, el origen de este caso deriva de las denuncias de dos víctimas, que señalaron a Víquez por abusos sexuales cometidos cuando eran menores de edad.
Aunque sus casos ya prescribieron en la vía penal, el expediente se tramitó bajo el derecho canónico, y por eso la situación del sacerdote se analizó en el Vaticano.
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Contra además, fue girada el 19 de febrero una orden de captura internacional, pues el ahora exsacerdote salió del país desde el 7 de enero y a la fecha se desconoce su paradero.
Suspendido
Al sacerdote Manuel Guevara Fonseca se le abrió una causa penal, después de que un joven denunciara que el cura abusó de él cuando era menor de edad.
Por esa razón, el 27 de febrero, la arquidiócesis de San José reveló la separación del oficio parroquial del cura de 52 años, mientras se realizaba la investigación por una denuncia canónica presentada por el mismo joven.
Contra él también se dictó una medida cautelar de presentarse a firmar una vez al mes al Juzgado del Segundo Circuito Judicial de San José.
Además, se le prohibió agredir, amenazar, perturbar o contactar al ofendido y no acercarse a una distancia de menos de 500 metros de la víctima.
