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La crisis de liquidez que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se originó por un “maquillaje” de datos sobre salarios institucionales, según una denuncia planteada por el economista y funcionario de la entidad Daniel Muñoz Corea.
El caso ingresó al Ministerio Público el 24 de mayo, pero fue hasta la semana pasada que pasó a manos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, según confirmó la oficina de prensa de esa dependencia.
De acuerdo con Muñoz, la crisis financiera de la Caja data del 2008, cuando la Junta Directiva aprobó un proyecto de política salarial que, según él, se basó en información “falseada” , lo que atribuye a altos funcionarios.
Dicha política incluyó beneficios como el rompimiento del tope de la cesantía de 12 a 20 años.
Muñoz hizo pública la denuncia mediante un video q ue subió al sitio web YouTube.com en julio.
“(La política) se hizo al margen de la valoración anual del Actuarial del Seguro de Salud, que es el documento oficial, y maquillando proyecciones financieras de ese seguro al 2025”, alegó .
”Al falsearse los resultados verdaderos que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios”, dijo.
La oficina de prensa de la CCSS informó de que ningún representante institucional ha sido notificado de esta denuncia.
“Se han rendido todas y cada una de las explicaciones ante las autoridades que así lo hubiesen requerido, en cuenta ante la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa”, añadió la Caja.
En mayo, la Junta Directiva de la CCSS propuso a los empleados bajar nuevamente el tope del cálculo de cesantía a partir del 2015. Esta medida atendió recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Comisión de Notables que analizó la crisis de la entidad.
Esto, explicó, ocurrió mediante la compra de títulos valores al Régimen de Salud, Enfermedad y Maternidad (SEM), sin contar con un estudio técnico que respaldara esa adquisición.
El funcionario dijo que el Comité de Inversiones del IVM obligó la compra de los títulos para solventar el problema de liquidez del Régimen de Salud, aunque eso implicara “una enorme pérdida potencial en el rendimiento de los fondos IVM”.
La denuncia de Muñoz señala como supuesto responsable a su exjefe, el director actuarial de la Caja, Guillermo López y a otros diez funcionarios. Entre esos, Muñoz menciona a la exgerente de Pensiones y actual gerente de Logística, Dinorah Garro.
Guillermo López aseguró que los alegatos de Muñoz no están acreditados e insistió en que las proyecciones y estimaciones financieras de su departamento fueron “totalmente objetivas”.
Por su parte, Dinorah Garro expresó que todas las inversiones del IVM “son respaldadas con los estudios técnicos correspondientes”.
Muñoz laboró como jefe del área de Investigación Económica, de la Dirección Actuarial, desde el 2007 hasta mayo.
Días antes de que presentara la denuncia, se venció su nombramiento, el cual no se renovó. Por esta razón, Muñoz regresó al puesto de Jefe Subárea Sede de la Gerencia Financiera.
