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La Fundación Conservatorio Castella exige una indemnización de $3 millones (¢1.518 millones) al Estado por quitarle el control del Colegio Castella a partir del 2001.
Para ello, esa organización demandó al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la junta administrativa de esa entidad y a la Municipalidad de Heredia ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El expediente es el número 10-004198-1027 CA. Ese centro educativo está en una propiedad en Ulloa de Heredia, inscrita a nombre de la Fundación.
El problema surgió en el 2001 cuando el Gobierno emitió un decreto que declaró esa institución como un colegio público; por ello, la Fundación quedó fuera y la dirección la asumió la junta, nombrada por la Municipalidad de Heredia.
Los $3 millones fue el monto estimado por la Fundación por concepto de daños y perjuicios.
Gustavo Rojas, asesor legal de la Fundación e hijo del presidente que la dirige, Édgar Rojas, aseguró que desde el 2001 han buscado al ministro de Educación de turno en procura de llegar a un acuerdo.
“La Fundación está obligada por ley a defender sus bienes frente a quien sea. La pretensión fundamental es que se reivindique a la Fundación en posesión de sus bienes, por lo tanto en su administración”, afirmó Rojas.
La decisión de ese organismo fue criticada por Rónald Campos, presidente de la junta administrativa del centro educativo.
“La Fundación está equivocada al demandarnos porque ellos deben velar por la institución y lo que quieren es privatizar el Conservatorio”, enfatizó Campos.
No obstante, Rojas defendió la acción presentada e insistió en que no buscan afectar a los alumnos.
“Los bienes no son públicos, la Fundación ha sido dueña de esa institución por muchos años.
“Desde el momento en que el Estado decidió quitar la posesión a la Fundación, se inició un vía crucis judicial porque la Fundación pretende que se le restituya en la administración de sus bienes”, manifestó Rojas.
Leonardo Garnier, ministro de Educación, dijo estar enterado de la acción judicial. Pero se abstuvo de referirse al alegar que desconocía si el MEP fue notificado.
Se intentó conocer la versión del director del colegio, Wálter Borbón, pero no respondió al mensaje dejado con su asistente.
Cada uno debe pagar ¢55.000 mensuales que se destinan a cubrirles el transporte, la alimentación, arreglo de aulas, compra de material didáctico e instrumentos, entre otros. Si un hermano estudia paga ¢48.000, y si hay otro más, la cuota es de ¢40.000.
Campos indicó que 300 estudiantes pobres tienen una beca que cubre desde el 10% hasta el 100% de la cuota. El MEP paga el salario de profesores, director y algunos guardas, mientras la junta cubre el sueldo de personal administrativo, otros guardas y cocineras.
