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La Aresep reducirá gastos en el margen de operación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) mediante una rebaja de entre ¢10 y ¢13 por litro, resultado de la eliminación de una serie de privilegios declarados inconstitucionales y que fueron cobrados por la empresa de 2019 a la fecha.
La decisión permite dar transparencia a los gastos operativos de Recope, que están sin actualizar desde hace casi cuatro años, pues se eliminan costos de la convención colectiva que resoluciones de la Sala Constitucional dejaron sin efecto entre el 2019 y el 2022.
Esos costos que se rebajan ascienden a ¢2.984 millones que deben retribuirse a los usuarios desde las tarifas, explicó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en un comunicado.
Este ajuste tarifario propuesto deberá ser actualizado con información real al momento de la audiencia pública, que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2023.
El estudio
El estudio de la Aresep aplica sentencias de la Sala Constitucional relacionadas con una devolución a favor del usuario estimada en ¢5.908 millones, por partidas que fueron recaudadas por Recope, a pesar de que los gastos habían sido declarados inconstitucionales.
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En este análisis se cumplen las disposiciones emitidas en fallos del 2016, 2017, 2019, 2021 y 2022, en torno a la convención colectiva de Recope, de ahí que se produzca una disminución tarifaria en beneficio de los consumidores.
No obstante, a esa cifra se le reduce el monto que le van a devolver al Fondo de Ahorro de los Trabajadores de Recope, por una única vez, debido a la exclusión que se hizo mediante la resolución RIE-091-2015, estimada en ¢2.924 millones.
Esa gestión resulta de una sentencia judicial que revirtió una decisión tomada por el actual jerarca de Recope, Juan Manuel Quesada, cuando era Intendente de Energía de la Aresep, en el 2015.
Durante el segundo semestre de aquel año, Quesada excluyó de las tarifas de combustibles rubros de la convención colectiva de Recope, por considerar que las tarifas solo incluyen costos asociados a la prestación del servicio.
Trabajadores de la Refinadora interpusieron luego un recurso de amparo que lo declaró parcialmente con lugar mediante el voto 2019-009926, del 22 de mayo de 2019. Esa decisión explica los ¢2.924 millones que se van a reconocer.
