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La Cámara de Empresarios del Combustible acusó este lunes al Gobierno de confiscar sus ingresos, fomentar cierres de estaciones de servicio y dejar sin trabajo al personal con su plan de ley para reducir, temporalmente, un 25% del margen de ingreso de gasolineras y transportistas de hidrocarburos. Para el sector, la iniciativa enviada el viernes al Congreso es una sanción.
José Miguel Masís, director ejecutivo de la organización, afirmó este lunes que la propuesta equivale a quitarles dos veces el monto promedio correspondiente al capital de trabajo de una estación de servicio. Según él, es como devolver al 2011 el margen de ingreso por ventas, pero con una estructura de operación del año 2022.
“Tendremos cierre de estaciones y desempleo y es inaceptable que a un trabajador o empresario se le tomen los recursos. Es un acto de inconstitucionalidad que será denunciado en las instancias correspondientes si se aprueba. Esto pasa por la ausencia de propuestas reales como congelar la recaudación del impuesto único a los combustibles y falta de liderazgo para consultar a los sectores involucrados”, se quejó el vocero en conferencia de prensa.
Según Masís, conoce de sectores que verían paralizadas sus actividades, pues el plan representa un impacto mayor a lo experimentado en plena pandemia en el 2020, sin embargo, no precisó cuáles.
En su criterio, el plan “le mete la mano en el bolsillo al empresario” sin un análisis a nivel técnico o legal y sin reparar en las consecuencias de incautar recursos similares al pago mensual de los salarios operativos o al pago total de servicios y mantenimiento de sistemas, planta y equipo.
La Cámara agrupa a 234 estaciones de las 400 que hay en el país.
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El proyecto que rechazan los gasolineros fue remitido, el viernes, por el Gobierno a la Asamblea Legislativa con la intención de anular una solicitud de alza de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y que, en su lugar, proponga otra más moderada. La solicitud original era ¢87 más al litro de la gasolina súper, ¢85 para el precio de la regular y ¢121 en el diésel. Ese pedido del 11 de marzo está en trámite en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El plan también persigue otorgar un crédito fiscal por tres meses a sectores productivos, de transporte público y de carga. La medida consistiría en un descuento en el impuesto de renta, por cada litro de combustible consumido, para actividades en esos sectores. El pago del tributo bajaría ¢78,15 por cada litro de gasolina regular, ¢78,15 en la súper y ¢92,40 en diésel. Esto no aplicaría para dueños de vehículos particulares.
Además, plantea recortar 25% en el margen de ingreso de los gasolineros, lo que para Masís resulta inconstitucional por obviar la metodología de fijación tarifaria a cargo de la Aresep, la cual provee análisis técnico para un servicio al costo donde hay equilibrio financiero para todos los participantes (distribuidores y consumidores).
A la Sala IV
El empresario dijo que el texto evidencia una “miopía respecto a la operación del sector, puesto que supone que todas las estaciones de servicio se comportan igual en sus estructuras de costos e ingresos; y por supuesto no considera ni por asomo, que la medida afectará a las más vulnerables”, afirmó.
De ser aprobado, adelantó, la Cámara acudiría a la Sala Constitucional.
Como ejemplo del presunto desconocimiento del Ejecutivo, Masís dijo que el texto hace referencia a la subida de precios de las últimas semanas del petróleo Brent; un tipo de petróleo extraído del mar del Norte (entre las costas de Noruega y Dinamarca) y cuyo precio sirve de referencia en las bolsas de valores europeas.
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Citarlo, dijo Masís, es erróneo pues en Costa Rica el índice de referencia es el West Texas Intermediate (WTI): otro tipo de crudo producido en Texas y el sur de Oklahoma (Estados Unidos) también de uso en mercados bursátiles para fijar el costo del petróleo extraído en el Golfo de México y de donde provienen la mayoría de hidrocarburos importados de Costa Rica.
Versión de autoridades
Elian Villegas, ministro de Hacienda, indicó el viernes a La Nación que para el caso de propietarios de vehículos particulares, la iniciativa busca eliminar la solicitud de incremento presentada por Recope el 11 de marzo y forzar a la Refinadora a hacer una nueva propuesta.
Dijo que lo anterior se lograría con una modificación al sistema de cálculo de los ajustes extraordinarios de tarifas para que, en adelante, se utilice como referencia el precio efectivamente pagado por Recope cuando compra combustibles en el exterior.
Hoy, según la metodología de cálculo vigente, la empresa estatal utiliza precios de referencia para formular su solicitud cada segundo viernes de mes. Solo en caso de que estos precios pagados por Recope no estén disponibles al formular la solicitud de ajustes, se usarían los precios de referencia u otras fuentes confiables. No precisó cuáles.
“El mercado internacional de precios es muy volátil. En las últimas semanas Hacienda revisó que, entre enero y febrero, el precio del petróleo osciló entre los $90 y $130. Entonces acá buscaríamos aprovechar la experiencia de Recope al adquirir los combustibles en los momentos adecuados y el hecho de que somos un país que consume poco. Por eso, es mejor hacerlo contra precios pagados por Recope”, explicó Villegas la semana pasada.
El jerarca no detalló cuáles serían los eventuales nuevos precios para los consumidores al justificar que los diputados primero habrían de aprobar el plan y, a los cinco días, Recope habría de presentar otra solicitud de ajuste a la Aresep menos elevada que la primera.
