En sus intentos por evitar el cierre de plantas, la Asociación de Productores de Energía (Acope) remitió este martes una carta al presidente Carlos Alvarado para solicitar su intervención.

Horas más tarde, el Gobierno respondió con una promesa pública de impulsar un cambio de ley que les abriría la posibilidad de vender su energía en el mercado centroamericano, ante la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de no comprarles más.

Agustín Castro, ministro de Información, indicó que el presidente recibió la carta de Acope y confirmó que ya se trabaja en un proyecto de ley el cual allanaría el camino a la exportación de energía por parte de privados.

“Se viene ese proceso desde el año pasado junto con los generadores privados para analizar las opciones que los habiliten a colocar su energía en el Mercado Eléctrico Regional y esperamos que el plan de ley esté listo en próximas semanas”, indicó Castro.

La decisión del ICE de no renovar contratos derivó en el cierre de cuatro plantas en 2020, dos más se sumarían este año y otra más en el 2022. Las siete plantas están valoradas en unos $47 millones.

Acope asegura que llevan tiempo en busca de alternativas para colocar la energía que generan, pero se han topado con “obstáculos importantes”, al ser el Instituto el único agente autorizado para vender energía fuera del país.

“Es ante esta coyuntura, y después de haber explorado opciones que brinda el marco legal actual, y de discutir esta temática en una multiplicidad de foros desde hace ya más de un año; que apelamos a su autoridad y sentido global de bienestar, para que las empresas privadas formales, que generamos energía renovable y que contribuimos con impuestos a la hacienda pública, con cargas sociales, desarrollo local, y además contribuimos a disminuir la huella de carbono desde hace 30 años, aportando un valor reputacional invaluable para este país, podamos seguir vendiendo energía, dentro o fuera de Costa Rica a través del ICE y sus empresas, o de forma directa”, solicitaron en la carta.

Recordaron, además, el compromiso de este gobierno en desarrollo sostenible y descarbonización.

“Consideramos que detener la producción de energía limpia, barata y renovable, que lleva años contribuyendo con la descarbonización de la economía, para ser sustituida por generación térmica importada, o producida localmente, es un contrasentido, señor presidente”, añadió la misiva.

Único comprador

La ley que autoriza a privados producir energía es restrictiva al determinar que el ICE es el único comprador. Sin embargo, en este momento, el Instituto consideró que no será necesaria por la baja en la demanda desde antes de la pandemia y la reducción afrontada en 2020 –estimada en -3,6%– y que tendrá impacto en próximos años.

“Los contratos de compra de energía a generadores privados se firmaron en el marco de una ley específica y por un tiempo determinado. El ICE ha sido respetuoso de ese marco y respalda los plazos de vencimiento de los contratos según las necesidades energéticas del país”, explicó la entidad a este diario, días atrás.

De esta forma, el Instituto deja a los privados sin opción de venderle a un tercero dentro o fuera del país.

Entretanto,, autoridades del sector como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el propio ICE se trasladan la responsabilidad de hallar una salida, al argumentar falta de competencia.

Los empresarios han insistido en que hay una vía legal para comercializar su energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER), lo cual les permitiría preservar empleos, encadenamientos productivos y pago de impuestos en suelo tico.

Incluso plantean que de permitirse esta exportación será con la intermediación del ICE lo cual implica el pago por ese servicio lo cual le generaría ingresos adicionales.

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En su carta al presidente, la Asociación también propuso que las otras distribuidoras eléctricas puedan comprar la energía a los privados o que se habilite la opción de que las plantas puedan hacer autoconsumo de su energía en sitios distintos al de generación mediante el respectivo pago de peajes.

También sugirieron que se habilite el autoconsumo de la energía de esas plantas para cualquier mecanismo de recarga de vehículos eléctricos y/o producción de hidrógeno y/o actividad electrointensiva.

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