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El presidente Rodrigo Chaves Robles reconoció públicamente el manejo deficiente de la crisis por el agua contaminada con hidrocarburo en tres cantones de San José, registrada desde el pasado 22 de enero.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este 31 de enero, el mandatario expresó su insatisfacción por la falta de una respuesta rápida y efectiva ante la emergencia. Asimismo, señaló la necesidad de que alguien asumiera la responsabilidad política por estos errores.
Chaves Robles se refirió así al pedido de renuncia que le hizo un día antes a Alejandro Guillén Guardia del cargo de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Para el mandatario, Guillén estaba haciendo un trabajo concienzudo y ordenado pero, aclaró, las consecuencias políticas de la crisis del agua contaminada recaían en él. “No resolvimos el problema de largo plazo a una velocidad suficiente”, añadió el mandatario.
De acuerdo con Chaves, ahora un comité de alto nivel acompañará a Juan Manuel Quesada Espinoza, nuevo jerarca del AyA, para tratar de enderezar su rumbo.
Durante la misma conferencia de prensa, el propio Quesada Espinoza expresó que toda la emergencia había sido “muy mal manejada” a nivel de la comunicación pública.
Esa declaración parecía hacer eco del reproche que lanzó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) días atrás, al calificar de “esquiva” y tardía la reacción del Instituto frente a la crisis.
Eric Bogantes Cabezas, regulador general de los servicios públicos, afirmó el 28 de enero que generaba preocupación y molestia la tardanza del AyA en asumir la responsabilidad.
“Los primeros dos días de esta situación, prácticamente negaron la contaminación aun y cuando sus propios clientes insistían en que no era posible ingerir el agua”, declaró Bogantes.
Este 31 de enero, Quesada Espinoza dijo comprometerse a tratar “con total transparencia y de forma oportuna” la emergencia aún activa.
Destrabar el AyA
El comité para intervenir el AyA estará integrado por Mary Munive Angermuller, ministra de Salud y segunda vicepresidenta de la República; Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes; Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía y Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
Con ellos también trabajarán Ángela Mata Montero, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos; Rándall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción y Guillemo Carazo Ramírez, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
El mandatario señaló que la idea de este grupo es destrabar procesos y situaciones legales en el AyA que, según él, han impedido trasladar unos $1.500 millones en financiamientos externos a inversiones en infraestructura para suministro de agua.
