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El Gobierno confirmó este martes su interés en recibir inversiones de empresas chinas excepto en telecomunicaciones para brindar 5G en el país, según las manifestaciones de Paula Bogantes Zamora, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“Tenemos pendiente una conversación con el embajador de China y, de nuevo, esto no es un tema de que le estemos cerrando la puerta a China”, declaró la jerarca en conferencia de prensa en la que se refirió a la exclusión de empresas de ese país asiático para brindar servicios en 5G en Costa Rica con base en el decreto Nº 44196-MSP-MICITT, publicado el 31 de agosto en el diario oficial La Gaceta.
La normativa establece que solo se podrán adquirir equipos o programas para servicios de 5G de empresas que provengan de naciones que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest (Hungría), el 23 de noviembre de 2001.
China no es firmante por lo que la empresa Huawei quedaría fuera de ese mercado, pese a ser uno de los proveedores más importantes de telecomunicaciones para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La jerarca dejó claro que compañías de ese país (o de otras naciones no adheridas al Convenio) no podrán invertir en 5G en Costa Rica. Sin embargo, insistió en que tienen las puertas abiertas en otros sectores.
“Nosotros invitamos a empresas de origen chino que deseen invertir de forma directa en el país en múltiples industrias. Yo quisiera contar aquí con empresas como Alibaba y otro montón (de compañías) chinas de reconocida importancia mundial”, expresó.
‘Por seguridad’
Bogantes fue enfática en que en el caso de telecomunicaciones, las empresas deberán cerciorarse de que su país es firmante del Convenio de Budapest para participar.
Una y otra vez advirtió que el “Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores” excluye a proveedores de países no firmantes.
Según dijo, el reglamento atiende un tema de seguridad nacional y protección de los ciudadanos a raíz de los ataques informáticos sufridos en el 2022.
El objetivo, insistió, es proteger la privacidad de las personas, sus datos y hasta a sus ahorros y familias, pero también a las empresas, instituciones públicas y el comercio que lleguen a utilizar la tecnología de quinta generación móvil (5G).
Aseveró que el Micitt tiene confirmado que grupos de ciberdelincuentes vinculados a ataques informáticos contra Costa Rica se ubican en países no firmantes del Convenio de Budapest.
La intención del Gobierno, añadió, “no es dejar a ningún competidor por fuera”. En su criterio, la decisión no interfiere con los lazos comerciales o relaciones exteriores con otras naciones.
