Mediante una auditoría forense, el Gobierno pretende conocer con exactitud la gravedad de la crisis financiera de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Aunque dicha dependencia del Consejo Nacional de Producción (CNP) arrastra multimillonarias pérdidas en los últimos años, en este momento se desconoce su magnitud real.

Por ello, el Poder Ejecutivo espera que la auditoría forense permita precisar las obligaciones de Fanal y conocer las causas que la pusieron en números rojos.

Así lo reveló a La Nación el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, quien también es rector del área en la que se desempeña el CNP.

Deloitte, una de las principales firmas de auditoría del mundo, señala en su sitio web que un estudio de este tipo también tiene el objetivo de “obtener evidencia de la ocurrencia de un potencial fraude o errores que conlleve un impacto económico para la organización”.

Además, en esos estudios se puede determinar la posible comisión de un acto de corrupción o alguna ilegalidad como ocultar gastos y pasivos ante la Administración Pública, proveedores fantasmas o sobrecostos en la ejecución de proyectos, entre otros.

Sin embargo, de acuerdo con Alvarado, el objetivo fundamental de esa contratación es esclarecer las cuentas pendientes de ese negocio, el cual comercializa guaro bajo la marca Cacique.

“En realidad, lo que queremos es dilucidar cuáles son las condiciones reales de la Fanal, porque hemos encontrado demasiado desorden.

”Esto hay que ponerlo en regla y hay que hacerlo mediante una auditoría forense para conocer qué es lo que está pasando en la Fanal... hay cosas que no cierran”, señaló el ministro.

El presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, coincidió con el jerarca de Agricultura y Ganadería. De hecho, fue él quien denunció el desorden en que encontró esa unidad de negocio.

Bermúdez aseveró que si la auditoria encuentra que se cometieron irregularidades en anteriors administraciones, se dennciará a los responsables en instancias legales.

“Si sale algo se va a atender. Aclaro, si fuera el caso que se da alguna anomalía y hay necesidad de presentar una denuncia, pues entonces hay que hacerlo, no lo vamos a esconder, a quien sea”, sentenció.

Alvarado y Bermúdez conforman una mesa interinstitucional que instauró el Gobierno, junto con el Ministerio de Hacienda y otras entidades, con el fin de aclarar la situación de la Fábrica.

De acuerdo con los números que se han barajado en ese foro, las deudas de la Fábrica rondarían los ¢67.000 millones, pero ese monto todavía no está confirmado.

Ese negocio genera ventas anuales por alrededor de ¢25.000 millones.

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Impuestos y obligaciones

Fanal cayó en incertidumbre financiera a partir de 2004, cuando se dejaron de pagar impuestos ante el Ministerio de Hacienda, así como obligaciones de ley con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Aunque el negocio cerró con pérdidas por ¢3.998 millones en 2018 y ¢3.170 millones en 2017, esos resultados podrían ser más graves, tomando en cuenta que hay deudas no registradas en la contabilidad.

El negocio también tiene obligaciones recientes con algunos proveedores, aunque son de menor grado.

Dicha situación provoca que los ingresos de la Fábrica por la venta de guaro Cacique y otras bebidas alcohólicas, sean insuficientes para pagar todas las cuentas, entre ellas salarios, deudas, materia prima, y otros gastos de funcionamiento.

Aunque ese negocio está obligado a traspasarle anualmente unos ¢3.500 millones al CNP para sus programas de abastecimiento y apoyo al agroproductor, la realidad es que es más bien el Consejo que termina inyectándole recursos a Fanal.

El problema que detectó el Gobierno es que, si uno de los acreedores de Fanal inicia un proceso de cobro judicial, podrían congelar las cuentas del CNP.

Lo anterior dejaría sin pago a miles de agricultores que forman parte del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), mediante en el cual se abastecen de productos a escuelas, colegios, Cen-Cináis y delegaciones policiales, entre otros.

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¿Venta o concesión?

El Gobierno planteó la concesión o inclusive la venta de la Fábrica Nacional de Licores como parte de una serie de medidas para reducir el asfixiante déficit fiscal.

La propuesta fue planteada, el pasado 10 de febrero, por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante una interpelación a la que fue llamado al Congreso.

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Sin embargo, según el ministro de Agricultura y Ganadería el proyecto de ley para concretar esa idea no se podrá presentar hasta que se esclarezca el estado financiero de Fanal.

Dicho proceso también permitirá definir si la mejor opción es la venta o una concesión de la fábrica mediante la realización de un concurso internacional.

“Si bien se ha dicho que se puede concesionar o vender, hay que tener mucha más claridad sobre todos los procesos de la Fanal”, afirmó el ministro Renato Alvarado.

Contrario a la línea de Gobierno, el jerarca del CNP, Rogis Bermúdez, afirma que defenderá su posición de no vender la Fábrica.

“Hay que buscar alternativas antes de llegar a ese escenario. En este momento no hay ni siquiera una concesión planteada.

"Lo que estamos pidiendo es que se hagan los estudios para conocer los escenarios previos a todo eso, pero no podemos tomar decisiones sin tener números y sin tener datos”, insistió Bermúdez.

Según Hacienda, la venta o concesión de la Fábrica tendría un impacto equivalente al 0,03% del producto interno bruto (PIB) y, además, permitirá fortalecer al CNP.

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