EscucharLas políticas ambientales clave de Costa Rica, que habían fortalecido la sostenibilidad del país y consolidado su imagen internacional como una nación ecológica y responsable se han debilitado en este gobierno, confirmó el Informe del Estado de la Nación 2024, divulgado este 14 de noviembre.
Rebasar los aforos permitidos en parques nacionales, desatender órdenes para el resguardo de áreas protegidas, promocionar la explotación de especies marinas sin criterios técnicos y científicos, y en algunos casos reducir o retirar metas ambientales asumidas en compromisos internacionales, son algunas de las acciones que lo evidencian, según el análisis.
Con la llegada de la nueva administración, en mayo de 2022, las posiciones contrarias a la sostenibilidad ambiental han sido más explícitas, señala el informe, lo que refleja un cambio en la narrativa de Costa Rica, que hasta entonces era un referente internacional en temas de conservación.
El estudio realizado por los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN), recordó que muchas de las políticas que construyeron la imagen verde, lograron captar recursos de cooperación internacional y premios, posicionando a Costa Rica como un líder global en temas ambientales.
A pesar de estos logros, el gobierno ha promovido políticas regresivas en el uso de los recursos naturales, como la exploración de combustibles fósiles y la autorización de la minería a cielo abierto.
Para el Estado de la Nación existe una tendencia a priorizar criterios políticos sobre los técnicos. Citó, por ejemplo, la decisión del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de aumentar a 2.500 la cantidad de visitas diarias al Parque Nacional Manuel Antonio (Quepos, Puntarenas) desde mayo, sin contar con un estudio técnico que respalde el cambio.
Esto ocurrió incluso después de una sentencia de la Sala Constitucional de mayo de 2023, que ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) reducir el ingreso de visitantes de 3.000 a 1.120 por jornada, conforme a la capacidad de carga calculada en diciembre de 2022.
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Situaciones similares se presentan en otros sitios protegidos, como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en el Caribe Sur (Talamanca, Limón).
El informe cita la modificación de los límites del Refugio en contraposición con la legislación nacional, pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y una sentencia de la Sala Constitucional (n.° 2019-12745 del 10 de julio de 2019).
Mediante la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.° 9223), impulsada en 2014 por el entonces diputado Wálter Céspedes, actual alcalde de Matina, la Asamblea Legislativa desafectó 188 hectáreas de bosque del Refugio, cambiando su condición de bien de dominio público.
Sin embargo, el 10 de julio de 2019, la Sala IV declaró inconstitucional dicha ley y ordenó al Sinac delimitar el área y, junto con la Procuraduría General, ejercer acciones legales para defender el patrimonio público.
“A la fecha de cierre del informe, el Minae y el Sinac se han resistido a cumplir la orden de la Sala Constitucional”, indica el PEN.
El análisis sugiere que estas acciones generan una incongruencia entre la posición oficial y las políticas ambientales que deberían impulsarse, favoreciendo prácticas productivas que, según advierte, podrían llevar al país a un retroceso en su histórica labor de conservación y uso sostenible de los recursos.
Desvinculación entre gobierno y sociedad civil en materia ambiental
Mauricio Álvarez Mora, miembro del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien ha trabajado en procesos de organización e incidencia ambiental con comunidades y grupos ambientalistas del Caribe Sur, concluye que los retrocesos son claros.
El más evidente, dijo, es la creciente brecha entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Álvarez explicó que los logros históricos en materia ambiental fueron fruto del trabajo de miles de personas y de una articulación institucional sólida.
Sin embargo, afirmó que este gobierno ha roto el tejido social que impulsaba el liderazgo ambiental del país, limitando la participación del amplio y diverso sector ambientalista y de la sociedad organizada, lo que ha generado mayor conflictividad y malestar.
Para él, esta postura oficial también ha llevado a una creciente judicialización de los temas ambientales, ya que las diferencias deben resolverse en los tribunales ante la falta de acuerdos sociales.
“Antes, el Minae premiaba e incentivaba la organización social. Hoy parece más preocupado por recibir premios y realizar viajes. Urge recuperar un liderazgo comprometido con la justicia ambiental, el bienestar de todos los ciudadanos y el papel esperanzador que tuvo nuestro país en el planeta”, concluyó.
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El informe también advierte que “son constantes y cada vez más claras las amenazas a la conservación de la biodiversidad debido a presiones para modificar el uso y la delimitación de las áreas silvestres protegidas”, en particular, por el debilitamiento financiero y técnico de las instituciones públicas encargadas de velar por su resguardo.
El presupuesto del Sinac, dependencia del Minae encargada de administrar las áreas protegidas, se redujo en un 37% en cinco años, pasando de ¢44.000 millones en 2020 a ¢28.000 millones en 2025, según el Informe Anual de Estadísticas SEMEC, elaborado por el Sinac en 2023.
El exministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta (2014-2018), coincidió con las advertencias del informe, al recordar cómo, durante los últimos 16 años, todas las administraciones -excepto la actual- mantuvieron un rumbo similar en temas ambientales, sin importar el partido en el poder.
Según Gutiérrez, esta característica destacó a Costa Rica en el ámbito internacional, pese a diferencias en énfasis o intereses de cada ministro, quienes, sin excepción, respetaban la normativa ambiental casi como una política de Estado.
“Lamentablemente”, afirmó el exministro, “la actual administración cambió de manera radical tanto el contenido de la gestión como la forma de ejecutarla”. Gutiérrez recordó que en administraciones anteriores era común incluir la participación ciudadana en asuntos ambientales; en esta administración, no.
“Esta administración, en cambio, ha procurado concentrar toda decisión sectorial en el ministro, quien sigue al pie de la letra las órdenes del presidente. Es un cambio sustantivo”, declaró.
