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El Gobierno envió este viernes a la Asamble Legislativa un proyecto de ley para frenar el fuerte aumento en los precios de los combustibles solicitado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debido a la escalada de precios internacionales ocasionda por el conflicto armado en Ucrania.
El viernes pasado 11 de marzo, la Refinadora propuso un aumento de ¢87 en el precio del litro de la gasolina súper, de ¢85 para el de gasolina regular y de ¢121 en el de diésel. Dicho pedido se encuentra en trámite en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La iniciativa del Gobierno persigue anular la solicitud de Recope y que, en su lugar, que esa empresa proponga un alza más moderada en los hidrocarburos.
El plan, además, plantea otorgar un crédito fiscal por tres meses a los sectores productivos, de transporte público y de carga. La primera medida consiste en un descuento en el impuesto de renta, por cada litro de combustible consumido, para los operadores de dichas actividades
Dicho crédito fiscal consistiría en deducir del pago del tributo ¢78,15 por cada litro de gasolina regular comprado, ¢78,15 por litro de gasolina súper y ¢92,40 por litro de diésel. Esto no aplicaría para propietarios de vehículos particulares.
Eso sí, advirtió el Gobierno, los contribuyentes en estos sectores sí deberán llevar un registro de compras y contar con el respaldo respectivo en factura electrónica.
“Si se genera un saldo a favor de la persona contribuyente, dicho saldo no podrá ser objeto de compensación ni dará derecho a devolución alguna y será de uso personal e intransferible, solamente podrá ser utilizado por la persona física o jurídica a nombre de quien se emita la respectiva factura electrónica”, aclaró el Gobierno.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, indicó a La Nación que para el caso de propietarios de vehículos particulares la iniciativa busca eliminar la última solicitud de incremento presentada por Recope y hacer que la Refinadora proponga otra.
Detalló que lo anterior se lograrían mediante una modificación al sistema de cálculo de los ajustes extraordinarios de tarifas para que, en adelante, se utilice como referencia el precio efectivamente pagado por Recope cuando compra combustibles en el exterior.
Hoy, según la metodología de cálculo vigente, la empresa estatal utiliza precios de referencia para formular su solicitud cada segundo viernes de mes. Solo en caso de que estos precios pagados por Recope no estén disponibles al formular la solicitud de ajustes, se usarían los precios de referencia u otras fuentes confiables.
“El mercado internacional de precios es muy volátil. En últimas semanas Hacienda revisó que, entre enero y febrero, el precio del petróleo osciló entre los $90 y $130. Entonces acá buscaríamos aprovechar la experiencia de Recope al adquirir los combustibles en los momentos adecuados y porque somos un país que consume poco. Por eso, es mejor hacerlo contra precios pagados por Recope”, explicó Villegas.
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El jerarca no detalló cuáles serían los nuevos precios propuestos porque, según alegó, primero tendría que aprobarse este plan de ley y, a los cinco días de ellos, Recope habría de presentar una nueva solicitud de ajuste a la Aresep que sería menos elevada a la que planteó la semana anterior.
Eso sí, solicitó a los congresistas apurar la aprobación del plan porque la Aresep ya tramita, como es su competencia y deber, el pedido planteado por Recope. La Autoridad tiene hasta el viernes de la próxima semana para resolver la solicitud original.
Si la Aresep aprueba el pedido de la semana pasada, el precio por litro de súper pasará de ¢822 a ¢909; el de gasolina regular, de ¢804 a ¢889; y el de diésel; de ¢724 a ¢845. Lo anterior significaría un aumento del 19% en el caso de las gasolinas y de un 26% en el caso del diésel.
Con respecto al proyecto enviado por el gobierno, Eduardo Cruickshank, jefe de bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), indicó que su agrupación la analizará el próximo lunes para definir una posición.
Entre tanto, Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se manifestó en contra de la propuesta sobre créditos fiscales y que se propongan rebajas en márgenes de transportistas y expendedores como si fueran del sector público.
“Así no se beneficia al consumidor de una forma directa y, por el contrario, se favorece solo a algunos y se afecta a otros”, declaró Abarca quien calificó el plan como la “ocurrencia de un gobierno que nunca ha entendido cómo funciona el sector productivo y que solo piensa en cómo mantener y aumentar la recaudación para seguir gastando”.
María José Corrales, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, dijo que las medidas divulgadas este día por el Gobierno se han limitado a su anuncios por lo cual esa bancada legislativa primero revisará el proyecto de ley y luego determinará con claridad si los objetivos incluidos en el texto corresponden con los que el Ministro de Hacienda ha afirmado ante los medios de comunicación.
“Debemos actuar con celeridad en este tema y somos conscientes de ello, pero a la vez, le pedimos al Gobierno que realice un esfuerzo extraordinario y considere medidas de verdadero impacto sobre el precio final y no se quede con propuestas que si acaso reducen en ¢15 el costo por litro de los combustibles para los usuarios”, señaló.
