EscucharEl Gobierno firmó este lunes un contrato de préstamo por $425 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el que buscan dejar encaminado el proyecto para llevar agua a a 500.000 pobladores de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, así como atender 18.800 hectáreas para riego en la provincia de Guanacaste.
La iniciativa tiene tres décadas en agenda sin que finalmente se concrete, pues ha tenido que pasar en alguna de sus fases por la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional.
Ahora, el contrato para el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), deberá ser validado por el Congreso, sin embargo, el presidente Carlos Alvarado aseguró que espera que quede aprobado antes de concluir esta administración.
En total, Paacume requiere de una inversión de $457,7 millones, de los cuales $425 millones provendrán del crédito y el restante será aportado por el Estado.
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Consumo y riego
El proyecto pertenece al Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (PIAAG), que fue creado por decreto desde noviembre del 2014 y aunque el préstamo con el BCIE se aprobó en julio de 2018 debió superar consultas de inconstitucionalidad y requirió un largo trámite de aprobación de viabilidad ambiental.
Los cantones que se verán más beneficiados con Paacume son Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. La obra inyectaría 20.000 litros por segundo, en agua superficial, para distintos usos y aun en periodo de sequía, unas 18.639 hectáreas estarán habilitadas con riego para agricultura. También recibirán riego unas 1.213 hectáreas para proyectos turísticos.
Además del agua para el consumo de unos 500.000 habitantes, que quedará asegurada por un período de 50 años, la iniciativa incluye la sustitución de usos de agua subterránea por agua superficial, lo cual permitiría a los acuíferos costeros descansar y recuperarse.
El presidente Carlos Alvarado reconoció que el proyecto ha enfrentado un camino complicado, y debió sortear al menos tres acciones de inconstitucionalidad.
“Dimos una lucha al punto que nos apersonamos a la Sala Constitucional a pedir agua para Guanacaste (...) Este no es un proyecto sencillo, es un proyecto altamente complejo, hablamos de trasegar aguas que vienen desde el embalse Arenal, pasar por Bagaces, hacer infraestructura y llevar infraestructura de riego. Tomará tiempo pero ya vamos encausados”, sostuvo el mandatario.
Una de las acciones fue presentada por el exdiputado Otto Guevara en representación de dos finqueros, por reclamos relacionados con el principio de seguridad jurídica y con una indemnización por el impacto del proyecto en las propiedades.
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En julio del 2020, los magistrados constitucionales declararon sin lugar esa acción. Sin embargo, uno de los propietarios planteó una nueva gestión que tampoco prosperó.
Cuatro meses más tarde, en noviembre de 2020, el tribunal constitucional rechazó otra gestión contra el proyecto. Esta fue planteada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).
La primera dama, Claudia Dobles, quien está a cargo de la provincia de Guanacaste afirmó que se trata de un proyecto pionero, pues toma en cuenta el cambio climático.
“El día de hoy culminamos un proceso que inició en julio del 2018 y que no queríamos atrasar más, porque sabemos que lo importante es que el proyecto avance, entonces queríamos hacer lo más rápido posible y en efecto pasarle la estafeta a la Asamblea Legislativa con el empuje de la Comisión de Guanacaste para que nos ayude para que este proyecto salga lo antes posible”, declaró.
Tanto el diputado guanacasteco Luis Antonio Aiza como el alcalde de Cañas, Luis Fernando Mendoza, destacaron que el proyecto será clave para reactivar la economía en esa provincia.
