Gobierno impulsa ley mordaza a radio y TV

En solo tres de sus artículos , el plan establece 27 conductas sancionables, tres de ellas clasificadas como “leves”, 16 “graves” y ocho “muy graves”.

Es difícil escapar de cometer alguna, en especial cuando se observa, entre las faltas graves, el uso de lenguaje “vulgar”, “contrario a las buenas costumbres”, “injurioso que perjudique el honor o integridad personales” y “la transmisión o circulación de noticias falsas, seriales ( sic ) o llamadas de alarma sin fundamento”, todo a juicio de personal administrativo.

Las multas por incurrir en esas conductas van de 10 a 100 salarios mínimos (de ¢4.034.000 a ¢40.340.000) y, en caso de reincidencia, la multa máxima podrá triplicarse hasta 300 salarios mínimos (¢121.020.000).

Si la radio o TV se atrasa en el pago, sus transmisiones podrán ser suspendidas hasta por 20 días, a razón de un día de suspensión por cada 20 de multa.

El Gobierno quedará, entonces, facultado para sacar a una emisora del aire, pero las multas astronómicas y la posibilidad de cierre temporal no son las más drásticas entre las consecuencias fijadas en la ley.

Dos faltas leves, cometidas en el lapso de un año, hacen una falta grave y dos graves en un año constituyen una falta muy grave, “en cuyo caso procederá la revocación de la concesión o permiso”.

Es decir, la muerte del medio de comunicación podría ser decretada administrativamente, quizá por un chiste fuera de tono, contado en un programa de variedades y considerado contrario a las buenas costumbres por los gobernantes, más una noticia, difundida meses después, que a juicio del Gobierno sea falsa, injuriosa o indebidamente alarmante.

Palabras medidas. Con tan drásticas consecuencias, los medios electrónicos deberán cuidar cuánto dicen, cómo lo dicen y a quién podrían molestar.

No hay margen de error y si incurrieran en una falta de las descritas, sabrían que su existencia depende, a partir de ese momento, de no cometer otra en el lapso de un año.

La ley no afecta a los medios impresos, porque no dependen del espectro radioeléctrico para su difusión. Como el Estado administra el espectro, debe cumplir tareas de ordenamiento y regulación técnica de ese bien, pero la ley salta de ahí a la regulación de contenidos, lo cual el ordenamiento jurídico no autoriza siquiera a los tribunales.

Los jueces pueden, luego de hecha una publicación, juzgar a instancia del afectado si se trata de una falta contra el honor, si es “vulgar”, contraria a las “buenas costumbres” o simplemente “falsa”. El proyecto de ley de la actual administración facultaría a simples funcionarios administrativos y de nombramiento político para hacer esos juicios.

Frecuencias ‘a dedo’. Pero al tiempo que amordaza a la prensa independiente, el plan también establece la posibilidad de hacer concesiones de radiodifusión y televisión “a dedo”, sin mayores requisitos y con la sola condición de que se trate de estaciones comunitarias, culturales, educativas, de experimentación u oficiales.

Previa recomendación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el cumplimiento de los requisitos que el Micitt establecerá en el reglamento de la ley, el Poder Ejecutivo entregará las concesiones, en estos casos llamadas “permisos”, sin concursos ni otros trámites.

El mecanismo es una vía para la creación de un coro de emisoras oficialistas, si algún Gobierno tiene la iniciativa para fundarlo. Si en el coro surge una voz discordante, ahí están las sanciones cuyos montos son inalcanzables para una radio comunal.

A estos efectos, la ley reserva el 30% de las concesiones asignables para la radiodifusión digital a emisoras regionales y comunitarias “o para aquellas de carácter nacional o regional que el Poder Ejecutivo, por resolución debidamente fundada, califique como culturales o educativas”.

Confiscación. El artículo 63 de la ley da al Poder Ejecutivo, en la figura del Micitt, la potestad de sancionar las infracciones y le concede cuatro años para determinar la existencia de la falta.

El plazo es suficientemente amplio para mantener una espada de Damocles sobre el medio de comunicación sometido al proceso, pero “antes o durante el procedimiento administrativo sancionador”, dice el artículo 75, el Micitt podrá “adoptar medidas cautelares”, entre ellas la “incautación de los equipos, la clausura de la estación radiodifusora o la suspensión de la autorización”.

Sin perjuicio de esas medidas cautelares, el personal del Micitt “podrá adoptar y ejecutar medidas correctivas inmediatas destinadas a prevenir, impedir o cesar la comisión del hecho infractor”.

Según el artículo 77, los funcionarios del Micitt podrán disponer y ejecutar la incautación de equipos o la clausura provisional de la estación radiodifusora, con apoyo de la Fuerza Pública.

En ese artículo consta una de las escasas y confusas referencias de la ley a la autoridad judicial: “De ser necesario el cierre de la estación de radiodifusión, el órgano encargado de dictar la medida cautelar podrá solicitar al juez especializado en lo penal la autorización judicial correspondiente, la que se resuelve en el término de 24 horas y sin correr traslado al presunto infractor”; es decir, sin derecho a defensa.

Los bienes y equipos incautados se depositan en el Micitt mientras concluye el procedimiento. El destino definitivo de esos bienes se indicará en la resolución final del caso.

Pero el Gobierno no necesita tanto papeleo para tomar control de las emisoras. Si el Ejecutivo declara una emergencia, “podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre”.

Además, con “carácter excepcional y transitorio” podrá asumir la prestación directa de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre “cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia”.

Todo en discusión. Aunque el Micitt hizo circular el plan entre los diputados, todavía no lo presenta oficialmente. El texto lleva en grandes letras la leyenda “Documento base de discusión”.

Allan Ruiz, viceministro del Micitt, reconoce la autoría del proyecto junto con sus asesores.

La ministra Gisela Kopper ha evitado dar declaraciones, aunque periodistas de Telenoticias lograron localizarla ayer. Ella incurrió en contradicciones, no menos curiosas que las de su segundo al mando.

Según Kopper, “no somos nosotros los que definimos qué es una mentira. Tiene que haber una denuncia, una demanda anterior, alguien tiene que denunciar que hay una noticia falsa o una mentira. Nosotros tenemos que ratificar eso. Entonces no es ninguna ley mordaza, es más bien un asunto de ética, de asegurar la ética en toda la función pública y en la transmisión de cualquier noticia”.

‘No tengo ningún interés’. El presidente Luis Guillermo Solís se ha referido al proyecto, tomando distancia de la discusión.

En una entrevista con la periodista Vilma Ibarra, el 17 de marzo, en radio Columbia, dijo que sus críticas de aquellos días a la prensa estaban siendo atribuidas a una intención de introducir la nueva ley de radio y televisión.

“Esa es una tarea de la Asamblea Legislativa. Yo no tengo ningún interés en meterme en esa ley para propiciar indebidamente un debate que concluya en cualquiera que sean los diferentes escenarios en que pueda concluir esa ley”, declaró Solís.

A contrapelo del texto del plan de ley, el mandatario añadió: “Prefiero pagar el exceso de un medio de comunicación que dice una mentira que tener que pagar el precio de meterle mano a ese medio desde el Poder Ejecutivo mandando policías a cerrarlo”.

El distanciamiento entre la propuesta del Gobierno y las declaraciones del presidente no es tan sorprendente como las afirmaciones del viceministro Ruiz, autor y promotor del proyecto.

Confrontado con las violaciones a las libertades de expresión y de prensa contenidas en el documento, resulta que él tampoco está de acuerdo y fueron incluidas “para que los sectores nos digan ‘saquémoslo’”.