Con acciones tomadas la noche del domingo y planes de contingencia, el Gobierno y sus instituciones lograron neutralizar, en buena medida, el impacto de la huelga convocada por los sindicatos para este lunes 10 de setiembre.

Los organizadores amenazaron con paralizar los servicios públicos. Sin embargo, no hubo paralización.

Hace dos semanas el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), Patria Justa y las centrales sindicales, anunciaron la huelga indefinida en oposición al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en el Congreso.

Desde la semana pasada, el presidente de la República, Carlos Alvarado, los llamó a dialogar, sin embargo no hubo respuesta positiva. Por esa razón, el domingo por la noche el mandatario aseguró en cadena nacional, que la huelga era improcedente y que pedirían la declaratoria de ilegalidad. Este lunes, 24 entidades habían planteado la solicitud ante los juzgados de trabajo

El Gobierno informó de que 25 instituciones habían reportado cero funcionarios en huelga; y el resto, escasa participación, por debajo del 6% del personal, excepto en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Hasta las 7 p. m. de este lunes, el MEP registraba a 7.847 educadores ausentes sin ninguna justificación en una muestra de 856 escuelas y colegios de los 4.800 centros que hay en todo el país.

Esa cifra representa el 36,7% de los 21.335 funcionarios que laboran en estos 856 centros. El 63% (13.508) sí estaba laborando.

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Como medida de contingencia, el Ministerio se preparó con una app que registró en tiempo real las ausencias injustificadas de los funcionarios.

Además, partir de este martes, a las 6 a. m., se habilitará la línea 1311 para que los padres de familia denuncien si el director no abre el centro educativo.

Entre tanto, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, detalló que para enfrentar el inminente paro de labores, declararon “emergencia institucional”. Esa medida, les da acceso a un fondo de ¢30.000 millones que les permitiría realizar contrataciones como, por ejemplo, comprar comida para los pacientes de ser necesario si los servicios de nutrición se paralizan.

El Hospital San Juan de Dios (HSJD), fue el que tuvo mayor afectación. Ahí suspendieron todas las 60 cirugías que tenían programadas, según la directora, Ileana Balmaceda.

Douglas Montero, director del Hospital México, detalló que el 40% del personal se ausentó. En ese centro médico se brindaron todos los servicios pero a un ritmo más lento. Eso sí, se suspendieron 17 de 27 cirugías programadas.

En el caso del Calderón Guardia, Taciano Lemos, director, aseguró que la afectación fue mínima y tenían habilitados siete de 26 quirófanos. Servicios de medicina y Consulta Externa funcionaron a pesar de la huelga.

En el Max Peralta, en Cartago, se estimó en 26% la afectación por el paro de labores.

Macaya aseguró que a nivel institucional las cirugías fueron de las más perjudicadas, aunque hasta la tarde del lunes no se contaba aún con un reporte general.

“Queremos agradecer al personal que se ha mantenido trabajando atendiendo a los costarricenses en sus momentos de quebrantos de salud. Desafortunadamente no todos los colegas tienen la misma actitud y eso ha causado la afectación de los servicios. (...) Esperamos que el resto del personal recapacite las posturas que ha tomado y tomen consciencia especialmente los profesionales médicos que hicieron un juramento hipocrático. Esperamos que prevalezcan mentes frías y que lleguemos a la cordura y solución pacifica", señaló.

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Puertos y aeropuertos funcionaron

Por otra parte, no se reportó afectación en puertos, aeropuertos ni en el transporte público, según Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Solamente la ruta 1 en el sector de Barranca se mantuvo bloqueada por horas.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), mantuvo las operaciones; solamente se reportó un incidente al costado sur del Mercado del Mayoreo, en San José, específicamente en el plantel municipal.

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Ahí, manifestantes impidieron el paso a un tren que circulaba entre barrio Cuba y hacia el sector de Sabana. Con piedras y tucos cerraron la vía férrea. Por esta acción ,el Incofer interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Poder Ejecutivo giró una directriz para aumentar la frecuencia de los servicios durante el periodo de huelga.

Solo el 20% de las municipalidades del país se sumaron al paro de labores, de acuerdo con la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), informó que tuvo total control sobre todos los planteles y brindó servicio completo de combustibles y asfaltos en todo el país con la ampliación del servicio del fin de semana. Este lunes, la operación se concentró en el plantel del Alto de Ochomogo, de donde salieron 54 cisternas cargados.

Y es que entre las medidas de contingencia del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), estuvo la toma de control de Recope y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), desde el domingo por la noche.

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Esto se hizo “con el fin de asegurar el abastecimiento de combustibles a toda la población y que las exportaciones e importaciones no sufran ningún inconveniente”, explicó el presidente Alvarado.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), coincidió con el Gobierno en que el impacto de las manifestaciones fueron leves, al menos en este primer día.

En conferencia de prensa advirtieron sobre las pérdidas que implicarían el cierre del paso a puertos. Según ellos serían entre $15.000 y $50.000 por día solo por la paralización de carga y descarga. Igualmente, para el sector agropecuario sería unos $50 millones semanales por el producto fresco que no pueda ser exportado.

“La huelga trata de intimidar al Gobierno, a los diputados y a la población para evitar la impostergable reorganización del Estado y del empleo público”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep.

El presidente Alvarado advirtió que no conversarán con los manifestantes en tanto tengan afectación en los servicios públicos.

“No entraremos a dialogar mientras haya movimientos que lo único que hagan es afectar a los y las costarricenses. El diálogo siempre ha estado abierto y es improcedente afectar a personas que van a trabajar o que van a clases”, declaró.

Huelga ilegal

Entre las instituciones que ya hicieron solicitud para que se declare ilegal la huelga están los ministerios de Justicia, Vivienda y Obras Públicas, así como entidades autónomas tales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la CCSS, Recope, Japdeva, Correos de Costa Rica, el Sistema Nacional de Radios y Televisión (Sinart), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Radiográfica Costarricense (Racsa), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

También procedieron la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Salud, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Casa Presidencial informó que 25 entidades no tuvieron inconvenientes para atender a los ciudadanos o continuar con el ejercicio ordinario de sus funciones.

Entre ellas, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), los ministerios de Trabajo, Agricultura, Cultura, Ciencia y Tecnología, Obras Públicas y Transportes, Planificación, Economía, Justicia, Ambiente y Relaciones Exteriores.

También operaron con normalidad el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) , el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Inder, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Correos de Costa Rica, la Dirección General de Migración y la Junta de Protección Social (JPS).

La huelga es indefinida, sostuvieron los sindicatos el lunes. Esta no es la primera que realizan en contra del proyecto fiscal. El 25 de junio realizaron una en San José.

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Precisamente el Juzgado de Trabajo declaró ilegal el movimiento que se realizó en Japdeva en esa fecha. Por el momento la resolución no está en firme, sino en un proceso de apelación.

Para este martes continúa el paro de labores de los funcionarios. Los organizadores tienen programados movimientos regionales y para el miércoles anunciaron una marcha nacional que saldrá de la estatua de León Cortés, en Sabana este.