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La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó este martes, en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley para reestructurar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Con el plan se intenta responder a la crisis financiera que enfrenta la entidad, que se quedó sin fondos para pagar esta quincena a 1.186 trabajadores.
La principal medida implica prescindir de hasta el 80% de la planilla, eso representa 950 empleados.
No obstante, la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, aseguró que serían 800 empleados, que corresponde el 67%.
Este proyecto incluye el acuerdo establecido el viernes anterior, que ofrece a los trabajadores portuarios pensiones anticipadas y bonos de hasta ocho salarios, a quienes sean despedidos.
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Paralelamente, el Ejecutivo prepara un presupuesto extraordinario de alrededor de ¢30.000 millones, para mantener la operación de la institución, confirmó Centeno.
“Es una situación crítica, se está buscando la quincena que viene. La urgencia también inyecta fondos para el funcionamiento de la entidad, para poder salir con las obligaciones”, reconoció.
Ingresos no cubren
Para Rocío Aguilar, la situación actual de la entidad “materializa los riesgos que se preveían durante muchos años".
Con la idea de enfrentarla, recalcó el acuerdo alcanzado entre los representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y el Ejecutivo.
“Para que el Gobierno le pueda inyectar tres meses de operación mientras, en ese plazo, aprobada la ley, logre liquidar más o menos el 75% u 80% del personal, que es necesario hacerlo, porque hoy los ingresos no es que no cubren, prácticamente no cubren nada de la operación”, afirmó Aguilar.
El acuerdo ofrece a más de 200 trabajadores mayores de 55 años, con 25 de cotizar, la posibilidad de adelantar su jubilación.
Mientras, los restantes que sean cesados, recibirían además del monto correspondiente a sus prestaciones, un bono de ocho salarios los que ganan menos de ¢1 millón, y cuatro salarios los que ganan más de ese monto.
Los funcionarios también se pueden acoger a traslados horizontales a otras instituciones públicas, con el fin de no perder su plaza en el Estado.
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Sin embargo, este mismo martes, la base sindical rechazó los términos del acuerdo bilateral.
Ante la negativa, Centeno llamó a los trabajadores portuarios a “revisar, preguntar y hacer un análisis” sobre las opciones que tienen.
“Fueron horas de diálogo y de discusión, estas tres opciones y el presupuesto fue un esfuerzo del Estado para que la gente salga protegida salga de la mejor manera”, dijo.
La jerarca advierte a los diputados que ambas iniciativas –reestructuración y presupuesto extraordinario– deben aprobarse a la mayor brevedad posible.
“En este momento seguimos a flote, pero estamos críticos. No tenemos más allá si no llegamos a este presupuesto que estamos solicitando”, aseveró.
Según Centeno, ya pagó las remuneraciones del presente mes, y está “recogiendo” dinero para el siguiente desembolso.
La presidenta ejecutiva reconoció que una falla eléctrica que suspendió temporalmente la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), dio un respiro al muelle estatal, debido a que los buques fueron trasladados a Japdeva.
Hasta finales de mes, la entidad portuaria atenderá a 19 buques, lo que les ha permitido algunos ingresos.
Finanzas en crisis
Japdeva acumula cuatro años consecutivos de pérdidas financieras. El año pasado la entidad portuaria cerró con un déficit de ¢3.416 millones.
Para entonces la institución contaba con reservas por ¢5.923 millones, presupuesto que le permitió a la entidad cumplir con sus obligaciones hasta entonces.
La crisis de Japdeva surge ante la entrada de operaciones de la TCM en febrero anterior, cuando el megapuerto asumió la atención de los buques portacontenedores que llegan a Moín.
Eso significó la pérdida del 80% de los clientes e ingresos que tenía Japdeva.
El Gobierno deberá inyectar ¢2.500 millones mensuales para pagar la planilla y las obligaciones de la entidad portuaria, mientras una comisión técnica ejecuta la reestructuración en los dos meses siguientes a la aprobación del presupuesto extraordinario.
Para este año, la empresa estatal presupuestó ¢41.650 millones para salarios. De este monto, la mitad corresponde a pluses salariales.
