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El Ministerio de Seguridad Pública y el presidente Rodrigo Chaves anunciaron, el miércoles, cambios en las jornadas de los policías con el propósito de aumentar su presencia en las calles ante la ola de criminalidad y homicidios. La decisión procede legalmente siempre y cuando esté debidamente justificada; un aspecto que por ahora no está claro.
Paola Gutiérrez Mora, abogada laboralista, aclaró que el Reglamento de Servicio de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública dicta que los agentes deben recibir pausas mínimas de 36 horas entre jornadas, incluidas aquellas con periodos más extendidos (hasta por 12 días).
El ajuste introducido el miércoles fue variar los roles de trabajo actuales de 6x6, seis días laborados con jornadas de 12 horas y seis días libres, por roles de 6x4, seis laborados con jornadas de 12 horas y cuatro días libres.
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“Lo que el Gobierno está haciendo entra dentro de lo legalmente permitido según el Reglamento, porque cuatro días seguidos de pausa cumplen holgadamente ese mínimo de 36 horas estipulado en la norma”, explicó.
Gutiérrez Mora recordó que el artículo 102 bis del mismo reglamento permite a los directores de cada cuerpo policial crear nuevos roles de trabajo cuando surjan necesidades de servicio no previstas.
Ese articulado dice textualmente que “ante una situación de emergencia o de necesidad debidamente justificada”, los superiores de los policías pueden implementar de forma temporal otros roles. La abogada destacó que ni siquiera se requiere una declaratoria de emergencia nacional.
Es en este punto, dijo, donde el Poder Ejecutivo permanece en deuda desde el punto de vista de derechos laborales.
“No me parece tan atropellado el accionar del Gobierno pero hay algo que confunde. Hace días, el presidente atribuyó la situación de emergencia por inseguridad a que la prensa divulga noticias del tema. Sin embargo, luego cambió las jornadas a los oficiales”, comentó.
Para la abogada, las autoridades deberían, “como mínimo”, emitir entonces una justificación clara del cambio de jornadas y su conexión con el estado de la inseguridad actual.
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“Si el Gobierno no aclara bien eso, si no lo justifica como es debido, ahí sí podría exponerse a una ola de demandas laborales”, advirtió.
El 12 de abril anterior, en conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves acusó a medios de prensa de presentar como una crisis la ola de homicidios e inseguridad que hace meses golpea a Costa Rica.
“La situación de los homicidios en Costa Rica no es una situación nueva, como han querido hacer ver alguien o algunos que ustedes conocen, incluyendo medios de comunicación específicos, que lo quieren hacer ver como una crisis”, manifestó el mandatario.
Seis días después de esa declaración, el propio Chaves encabezó un acto oficial en la plaza de la Democracia, en San José, para presentar su plan para afrontar la ola de inseguridad, incluidas modificaciones en el horario de los policías, reformas legales y solicitudes de presupuesto para contratar más personal.
Hasta este 21 de abril, el país suma 263 homicidios, la mayoría en San José con 70 crímenes, seguido de Limón, con 66; Puntarenas, 40 y Alajuela, 29.
